Acampadas en la calle presionan para lograr daciones en pago

“En tu puerta me quedaré hasta que la dación me des”. Tras más de 40 días y varios chubascos, ha quedado diluida la tinta roja sobre la banda de plástico que da la bienvenida a los clientes de Bankia. Desde el día en el que un interlocutor del banco dijo a Mireia que la entidad no le concedería la dación en pago, la joven -que actualmente hace malabares entre los trabajos de activista y madre- tuvo claro que de la entrada del banco en la rambla de Vilanova i la Geltrú no se movería hasta conseguir su derecho a vivir libre de una deuda que no puede pagar.

Con 19 años, una vida entera para disfrutar de su hogar y la idea que comprar un piso era “echar el dinero en una hucha”, Mireia se hipotecó en 2007. “Los dos teníamos trabajo fijo y cobrábamos, dentro de todo, bien. Fue quedarme embarazada y me echaron de Mercadona. Manuel trabajaba en la construcción, y su trabajo también se fue a pique. Y hace ya dos años que no podemos pagar la hipoteca”. El mismo tiempo que tiene Eneko, quien ya ha ido mamando la convicción del ‘sí, se puede’, explica orgullosa.

Hoy, una preocupación principal de Mireia es evitar que el banco embargue el 30% de las dos pensiones contributivas que suman entre los cuatro avalistas que Bankia exigió para concederle el préstamo. Como en la mayoría de casos, fueron los padres de la pareja, sobre quienes hay el riesgo que recaiga la deuda que sigue a la pérdida del piso. “Bankia me ofreció la dación en pago cuando vio que no podría pagar la hipoteca. Me dijeron que todo estaba solucionado y me engañaron. Me ocultaron que, si quería firmar el acuerdo, tenía que ser con una deuda de 60.000 euros”. Ofreciendo el parking y el trastero, quedó en la mitad, aunque el problema no disminuyó proporcionalmente: “Tampoco puedo pagar 30.000. Lo que quieren estos avariciosos es conseguir el dinero de los avalistas”, asegura Mireia.

En agosto, Manuel, que por ahora “va haciendo algún remiendo que le va saliendo”, empezará a cobrar la ayuda de 426 euros y será su única fuente de ingresos. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otras organizaciones de la comarca dan cuerpo al campamento que reclama junto a la pareja, desde el seis de junio, una solución para esta familia del pueblo costero de Sant Pere de Ribes (al lado de Vilanova). El apoyo de vecinos y comercios contribuye a que el desgaste de la protesta sea menor. “Si necesitamos una ducha, cargar los teléfonos, ir al lavabo, cualquier cosa, la gente nos ayuda. Incluso nos traen comida de los bares”, comenta una activista. “¡Y una cosa importante!”, añade, irónico, otro miembro de la PAH: “¡Hemos generado puestos de trabajo con la acampada!”. Se refiere al refuerzo de seguridad y de limpieza del banco.

Las semanas de presión han resultado en una rebaja de la deuda, actualmente fijada por Bankia en 16.000 euros. Pero el objetivo de la acampada, irrenunciable, permanece pendiente. Para conseguirlo, cada día procuran trasladar al interior de la oficina bancaria la reivindicación. “Me ven con el megáfono y ya cierran”, bromea Mireia, y no duda de que la estrategia dará sus frutos: “40, 50, 100 días. Me da igual. Acabaran bajando a 0. No les quedará otra. Les va a salir más caro tenerme aquí todos los días que quitarme la deuda, porque casi cada día han tenido que cerrar unas horas. Y días enteros también lo hemos conseguido”.

Mientras que los portavoces de la PAH Garraf aseguran que Bankia mantiene enrocado el caso y remarca que es una postura habitual en las peticiones de dación en pago y quita de deuda, la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà, reconoce a la entidad bancaria una amplia voluntad de negociación, actitud que opone a la de la PAH en el territorio: “Bankia ha presentado diversas propuestas, ha tenido mucho interés en llegar a un acuerdo. Nosotros las hemos conocido todas y hemos mediado. Pero los usuarios solo aceptan la dación en pago y, por lo tanto, no hay negociación posible”.

Mireia está convencida de que conseguir que la entidad bancaria le retire la deuda y no afecte a los ingresos de sus padres y suegros es un pulso, para el cual se siente con mucha fuerza a pesar de encontrarse en una posición similar a la de David contra Goliat. “Es la única manera de tener un futuro tranquilo y poder ofrecer a Eneko todo lo que necesite”. He aquí la fuente de energía inagotable que compensa el desgaste emocional.

A pesar de que las PAH han conseguido centenares de daciones en pago, Vanesa Valiño, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), apunta que no es suficiente y que debe tenerse en cuenta, además, que hay personas que no llegan a las plataformas. “Lo que tenemos que exigir es seguridad jurídica; que la dación en pago no dependa de estar vinculado a una plataforma, sino que, por ley, tengamos un mecanismo que nos permita deshacernos de una deuda que contrajimos en un momento en el que pensábamos que la podríamos afrontar”.

La presión a pie de calle es la única vía que ha permitido paliar el golpe maestro del negocio bancario entorno al derecho a la vivienda, bajo una descarada connivencia gubernamental. “Mucho defender a los no nacidos pero una vez la familia está formada, a la calle, que malviva, y que la criatura sea carne de cañón para mañana. Yo no quiero un país de asaltadores para mi nieto. Y por esto estoy aquí”, hace constar Ramón, portavoz de la PAH Garraf, que espera resolver el caso de Mireia y su familia en forma de nuevo pequeño gran logro del patrimonio inmaterial de las PAH.

Cinco años de solidaridades y acción directa han ejercido de oposición a una ley que no cuenta con mecanismos de segunda oportunidad paras las familias sobreendeudadas: “No hay país de Europa que no incluya medidas para limpiar la deuda contraída para acceder a la vivienda, porque al mismo sistema económico le interesa que la gente pueda dejar de ser usuaria de servicios sociales y vuelva a ser consumidora”, explica Valiño.

Los grupos de la PAH tienen claro que la presión contra todas las entidades bancarias socialmente irresponsables debe intensificarse. “Conseguirlo depende mucho de las personas afectadas, con casos estancados. Hay motivos para hacer acciones contundentes y falta que digan ‘sí, estamos dispuestas’”, reivindica Jordi, portavoz de la PAH Osona, una comarca del interior de Cataluña en la que hace un mes que una acampada presiona al BBVA para que dé respuesta a cinco familias en dificultades. Mireia comparte el diagnóstico y, concluye, con firmeza: “Hay gente a la que le da pena que estemos aquí acampados, cuando lo que debería darle pena son las personas que, en mi situación, se quedan en casa”.

De la acampada contra el BBVA a potenciar la alternativa bancaria

“El banco no ha movido ni un milímetro su posición, como estrategia de desgaste. Pero, al contrario de lo que buscan, nosotros vamos subiendo el nivel de la reivindicación”, asegura Jordi. La acampada de la plaza Fra Bernadí de Manlleu, iniciada más de treinta días atrás para reclamar diversas daciones en pago, cancelaciones de deuda y alquiler social (que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar) , ha sido la chispa para encender una campaña de boicot contra el BBVA.

La intención de la PAH Osona es trascender el apoyo a las cinco familias afectadas y potenciar la banca ética en Cataluña, de manera unitaria. Según explica el portavoz, la iniciativa cuenta con el apoyo explicitado de Procés Constituent, CUP, ICV y los sindicatos. “En la próxima reunión de PAH catalanas se pondrá la idea encima de la mesa, para que pase a ser una campaña en la que todo el mundo aparque las siglas para trasformar el modelo bancario, ya que el problema no son las hipotecas, sino el uso que hacen los bancos de nuestro dinero”, sintetiza Jordi.

En paralelo al inicio de la campaña, los activistas de la PAH prosiguen la acampada. “Nos han dejado claro que la deuda es calderilla para ellos -poco más de 50.000 euros entre los cinco casos-, cantidad que se acabaran gastando en el refuerzo de seguridad”, explica Jordi para concluir que, “si no aflojan y mantienen una deuda sí o sí, es para dejarnos claro que ellos marcan las reglas”.

Guillem, portavoz de la PAH Barcelona, coincide en que cada vez los bancos ceden menos a las peticiones de las plataformas. “Es un escándalo cómo la dejadez y parálisis del Govern de la Generalitat, como la del Gobierno estatal, nos deja solos batallando contra gigantes y se lavan las manos cuando hay población a la que se le vulneran los derechos a diario”, denuncia.

El derecho a la vivienda en Cataluña, vía ILP

Entre 2008 y 2013 se iniciaron 98.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en Cataluña. “Estamos batiendo récords”, exclama Valiño al respecto, y remarca: “En muchos casos, además de la pérdida del inmueble, implica que perdure una deuda impagable sobre las familias”. Un escenario al que debe añadirse la dificultad, mucho menos visible, de hacer frente al precio del alquiler.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, de los más de 16.000 desahucios que se consumaron el 2013 en Cataluña, el 67% fueron por incapacidad de pago del alquiler. La explicación la encontramos en el paupérrimo parque de alquiler social del país. Sólo representa un 1% del total, una cifra irrisoria en los países del entorno europeo, que rondan el 18%. En Francia, por debajo de un 20% se considera insuficiente y, en el caso holandés, la cifra se eleva hasta el 40% del parque de vivienda.

La tríada promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas Urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética (Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, Aliança contra la Pobresa Energètica y Observatori DESC) denuncian que en Cataluña hay 448.356 pisos vacios, que representan el 13% del parque total de vivienda. Muchos de ellos, en manos de entidades financieras rescatadas con dinero público.

Para corregir la situación, han llevado la ILP al Parlament de Catalunya, en un segundo intento de forzar, a través de esta vía de proposición legislativa, que la ley ampare, de manera efectiva, los derechos humanos ligados a la vivienda. Se espera la admisión a trámite de la Mesa en los próximos días, para empezar el proceso y conseguir, según el calendario previsto, 50.000 firmas en cuatro meses a partir de septiembre. Un objetivo que parece muy asumible recordando el precedente de ILP de medidas de mínimos ante la emergencia habitacional presentada, y desvirtuada, en el Congreso de los Diputados. 400.000 de las 1,4 millones de firmas se recogieron en Cataluña.

En esa ocasión, el Gobierno español menospreció la voluntad expresada y aprobó una Ley cosmética (Ley 1/2013 de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) que no ha enmendado los estragos de perder la vivienda y cargar con una deuda tras quedarse sin techo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año, se han iniciado más de 32.500 procesos de ejecución hipotecaria, un incremento del 19,5% respecto al mismo trimestre de 2013. Cataluña, junto a Andalucía y el País Valenciano, son los territorios con mayor número de casos.

“Cumplir con todos los requisitos, tanto sociales como económicos, que prevé la Ley del PP es muy difícil y, a la práctica, pocas personas pueden acogerse a ella”, explica Valiño, a la luz de las cifras. Para la directora del Observatorio DESC no hay duda de que ha sido un engaño: “La mejor prueba es que las entidades financieras aceptaron las medidas de buen grado. Si hubiera supuesto un perjuicio para sus cuentas, la ley hubiera generado rebotes en lugar de una bienvenida”.

Aprobar la ILP, a modo de segundo asalto, superaría la situación actual en la que cada dación en pago es una batalla que “sudan” las PAH catalanas. “Pedimos soluciones globales porqué los problemas no son puntuales, sino que existe una emergencia habitacional generalizada”, defiende Guillem, quien resume la esencia de la propuesta de ley presentada: “En realidad, pedimos una segunda oportunidad para las familias”.

Sin dejar las acciones cara a cara en las sedes bancarias, la ILP puede abrir un frente de presión sobre las instituciones, “las que tienen la obligación de proteger a las personas y garantizarnos los derechos”, recuerda el portavoz. Si así fuera, Mireia respiraría tranquila. “Lo que estoy deseando es que esto se acabe para pasarme el día echando currículos. Para lo que sea. No se me caen los anillos por hacer ningún trabajo. Y volver a empezar. Primero, en casa de mi madre y después, en un piso de alquiler”. La experiencia le ha roto los esquemas de partida: “No volvería a hipotecarme en la vida”.