Campesinos de Belo Monte denuncian sobornos por parte de Iberdrola

La construcción de la presa de Belo Monte continúa en Brasil, mientras campesinos afectados han informado de amenazas de muerte y sobornos a alcaldes y líderes de las aldeas cercanas a la obra. Luis Huarte, profesor de la Universidad de São Paulo Celio Bermann, asegura en el informe “Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples” que las empresas del consorcio Norte Energía han entregado “fondos de campaña para el Partido de los Trabajadores pero también para los otros partidos”, y añade: “Ahora esperan recibir los resultados de ese apoyo”.

El equipo de la policía local se incluye en el grupo de personas influenciadas por la compañía. Uharte, profesor-investigador de Antropología Social de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), declara que hace dos años el consorcio Norte Energía, en el que se encuentra Iberdrola, invirtió “un monto importante de dinero en renovar la flota de coches y equipo de los agentes”, y asegura que “la policía está actuando como una policía privada mostrando el logo”.

El informe realizado por Uharte recoge también otras prácticas de la compañía como la división de aldeas y compra de líderes mediante la provisión de víveres y gasolina para los barcos. La construcción de la presa supone un fuerte impacto en la zona ya que, afirma Uharte, implica la inundación de 40 kilómetros cuadrados de tierra, emisión de gases de efecto invernadero en una zona selvática, el desplazamiento de pescadores de la zona y alrededor de 40.000 personas expulsadas de sus casas.

El Estado de Brasil y la multinacional mantienen una relación anterior a la construcción de la presa. Las prácticas de la empresa con sede en el País Vasco se remontan al año 1992, época en la que las principales 500 multinacionales del mundo encuentran en latinoamérica un enorme potencial de negocio. A consecuencia de las prácticas de Iberdrola, Brasil se consolida en 2010 como el quinto país con la tarifa energética más cara del globo, superando en un 400% los precios anteriores a la privatización, por encima de países con rentas más altas como Estados Unidos. Unas tarifas que, según Uharte,  discriminan según el tipo de usuario para que la entidad se permita vender la energía más cara a los ciudadanos para cobrar menos a sus empresas. Y añade que la empresa ofrece al mismo precio la energía proveniente de la eólica y de la térmica.

Además de la subida de precios en el sector energético, las facilidades de contratación que otorga el Gobierno de Brasil a empresas privadas como Iberdrola favorecen la sustitución de la gestión pública por la privada y la influencia de estas últimas en el mercado nacional. Entre algunas de las ventajas, se encuentran contratos de monopolio de Iberdrola con el Estado de Brasil, en los que se otorga el derecho a explotación de entre 15 a 30 años con beneficios asegurados, según recoge el investigador.

Pese a la buena relación con el Gobierno, Iberdrola ha recibido multas por la “mala calidad del servicio” en el año 2011 y también fue sancionada 11 veces por infracciones en el proceso de etiquetado el año anterior.

Ejercicios como lobby

Los negocios de Iberdrola en Latinoamérica se extienden también a México, incluida su Constitución. El texto fue modificado de manera ilegal para cambiar la prestación de servicios públicos a favor de la privada debido a las presiones políticas que realizan las multinacionales en los Gobiernos latinoamericanos. Esto supone un empobrecimiento del Estado, según Uharte, al tener que mantener las plantas energéticas inactivas y comprar la energía a las empresas privadas.

La creación de una central eólica en el istmo de Oaxaca destaca como uno de los casos más denunciados en México. Los ejidatarios a los que la organización compró sus tierras declaran que Iberdrola les paga menos que otras empresas privadas de energía y denuncian la falta de información al ofrecerles el contrato, ya que muchos de ellos son indígenas y desconocen las condiciones de este tipo de negocio. Además, se ha denunciado una posible trama de corrupción que salpicaba a la empresa, al gobierno local y al comisariado ejidal, con un desvío de 12 millones de pesos, recoge el profesor, así como sobornos para participar en concursos destinados a trabajar como empresa de servicios para la compañía.

Participaciones en paraísos fiscales

La imagen de marca corresponde a uno de los estándares más importantes en un negocio de índole internacional como es Iberdrola. La sostenibilidad y transparencia sustentan el discurso de la mayoría de sus informes, llegando a declarar en el año 2011 “participaciones indirectas en sociedades radicadas en jurisdicciones que tienen la consideración de paraísos fiscales”. “Damhead Creek Finance Limited” en las Islas Caimán, “Scottishpower Insurance Ltd.” en la Isla de Man y “Rokas Aeoliki Vorios Cyprus Ltd.” en la República de Chipre son algunas de ellas.

Iberdrola matiza que las operaciones realizadas en dichas empresas “en ningún caso” se relacionan con actividades de “evasión fiscal, blanqueo de capitales ni financiación de actividades ilícitas”. Sin embargo, las actividades de la compañía denunciadas en países como Brasil y México ponen en duda la verosimilitud entre lo que comunica la entidad y la realidad.

Luis Uharte declara que Iberdrola es una empresa muy hábil a la hora de vender su imagen a través de la propaganda y el marketing pero, atendiendo a los datos, se advierte que “esa realidad está muy alejada de los productos propagandísticos”. Añade que la mayor parte de la energía que produce la empresa es sucia, es decir, por ciclo combinado de gas, y de alto riesgo, por lo que queda un tercio para las grandes hidroeléctricas y un 15% para la eólica. Un 15% de la publicidad de Iberdrola que coincide con la autopromoción de la empresa.

La respuesta al informe de Uharte fue una estrategia de silenciamiento por el cual ni la empresa ni los principales medios de comunicación se han hecho eco. Uharte informa, además, de la llamada de funcionarios del ayuntamiento de Bilbao, que  aconsejaron que no era “conveniente” que siguieran moviendo el informe a una de las ONG que impulsan la crítica en la plataforma “2015 y más” .