Esperad, ¡no me linchéis!

En pleno trayecto, he dejado libres mis divagaciones para que me acompañen en un tren del que ya ni conozco el destino. Son demasiados viajes, demasiadas noches sin dormir en carreteras, hostales o autobuses.

Recapacito, como si quisiera encarcelar todo aquello que hace poco era libre, y concluyo que las opiniones o críticas -esas que han salido de mi boca de forma casi vomitiva- nunca pueden afectar a la disciplina o el decoro -es de lo que me acusan- si son ciertas, ya que en ese caso lo que afectaría a la disciplina o el decoro es que lo que se narra en ellas fuera verídico.

Si mis críticas fuesen falsas, sería obvio que no sancionarlas afectaría a la disciplina militar y al decoro de la institución. De eso no cabe la menor duda. Pero el problema viene en el caso de resultar ciertas, ya que el castigo a quien ha realizado dichas declaraciones sería en sí mismo una falta de decoro, un atentado a la disciplina militar y un insulto al derecho a la información.

Por tanto, el punto fundamental sobre el que debería gravitar una posible sanción no puede ser nunca si las declaraciones se han producido o no -tal y como sucede en la actualidad-, sino más bien el hecho de si éstas son o no ciertas. Ningún jurídico militar –ninguno me ha preguntado por los hechos ni ha hecho indagación alguna hasta la fecha– parece hoy interesado en si lo que se ha denunciado está sucediendo o no, lo que no hace nada más que retratar de nuevo a la justicia militar y reincidir en el común pensamiento de muchos sobre su ausencia de independencia y su excesiva pleitesía a según qué rangos.

Como decía, tales comprobaciones no se han practicado -las de analizar la veracidad de lo denunciado o criticado-, y hasta que estas pruebas se practiquen no se debería impartir sanción alguna. Que tengan tranquilidad, que no me voy a fugar. Porque, en el caso de resultar ciertas y ser conocedoras de ellas, la mayoría de los militares -como así sucede: nos acercamos a los 20.000 ejemplares vendidos en dos meses- tendremos que dar por desestimado que dichas declaraciones afectan al decoro o la disciplina.

Pues bien, pensemos: si algo es cierto y es correcto ningún daño puede hacer a una institución. ¿Desde cuándo la verdad y la corrección dañan la institución o a persona alguna?

Por otro lado, si algo de lo narrado es cierto pero es incorrecto o indecoroso en su propia naturaleza, hacerlo público jamás puede ser sancionable. Porque, en esee caso, el verdadero infractor y causante del daño que se quiere reparar no sería en ningún caso aquel que da publicidad a los hechos, más bien aquel que los comete. Es más, abundando en este razonamiento, hacer público un comportamiento irregular, ilícito o inmoral debe ser considerado un gesto loable, máxime si antes se han agotado todas las vías de las que dispone el sistema -en este caso así ha sido: partes, solicitudes de audiencia al JEME, denuncias-. Por tanto, sancionar a quien descubre, muestra o enseña aquello que todos los demás consideran ilegal, irregular o inmoral, a lo único que conduce es a dar mayor verosimilitud a lo denunciado, lo que afecta por tanto, con gran gravedad a la institución.

¿Qué es lo que se espera pues de una institución honrada y honorable ante unas denuncias desairadas y públicas? Pues, lógicamente, el primer paso debe ser la investigación profunda de las mismas que conduzca a determinar con exactitud la verosimilitud o falsedad de todo lo denunciado o de las distintas partes de las que se componen las mencionadas denuncias. Al menos, intentar determinar el grado de realidad existente en las mismas. Debe ser ese grado de realidad el que marque la línea entre lo decoroso y lo indecoroso, porque trazar esa línea en la aceptación de la falsedad de lo denunciado sin que medie investigación alguna, no hace otra cosa que arrojar al denunciante a los pies de la arbitrariedad, el escarnio y el linchamiento, ya que la duda sobre la verosimilitud de lo denunciado viciaría por completo cualquier procedimiento contra dicho denunciante, ya que la sombra de la duda acompañaría por siempre a la sanción.

Porque, si no se realizasen dichas tareas (que no se están practicando), ¿dónde quedaría el decoro de la institución? ¿La duda no es en sí misma suficientemente indecorosa? ¿Dónde quedaría la disciplina militar si esta está basada en la equidad y la legalidad de las órdenes?

¿No serían la arbitrariedad y la injusticia -características íntimamente ligadas a la ausencia de una investigación en este caso y al sostenimiento de la duda sobre la verosimilitud de lo denunciado- en sí mismas un ataque al decoro militar y una merma a la necesaria disciplina?

¿Qué soldado o militar podría sentirse jurídicamente protegido y amparado si pensase que un compañero suyo ha sido sancionado, arrestado y expulsado por unas denuncias sin que se aclarase la verosimilitud de las mismas?

¿No podría llegar cualquier espectador de semejante orgía disciplinaria a pensar que se ha actuado con arbitrariedad y revancha si no es conocedor de la situación real?

¿No debería ser la primera preocupación del alto mando militar discernir qué hay de realidad, como se ha señalado antes, en las acusaciones y críticas vertidas para que la institución quede inmaculada y el castigo emane de esta condición con total naturalidad?

¿Es, tal vez, menos importante la verdad que el castigo inmediato?

Porque si lo que realmente importa es la verdad -así debería ser-, ¿por qué no se ha abierto una investigación para esclarecer los extremos denunciados en lugar de una investigación sancionadora contra quien los ha hecho públicos, que es lo que finalmente ha sucedido?

¿Cómo puede ser que haya varios jurídicos involucrados en buscar evidencias con las que sancionar a quien denuncia enormes abusos, corrupciones y privilegios pero no haya una seria y minuciosa investigación en curso para determinar la naturaleza de las mismas?

¿Cómo puede ser que se quiera expulsar a un militar por una novela de ficción responsabilizando al mismo de los comentarios de uno de sus personajes por mucho que estos sean compartidos o no?

¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Responsabilizar al autor de los crímenes o los pensamientos del resto de personajes?

¿Puede ser que si un militar incluye en una novela suya un personaje racista o sexista sea sancionado y perseguido por ello, por poner un ejemplo?

Finalmente, y no menos importante, ¿qué es lo que se puede deducir de aquellos ingentes esfuerzos realizados para boicotear, censurar e impedir la difusión del libro Un paso al frente y el conocimiento de los hechos denunciados en los medios de comunicación, en los que también se han censurado apariciones?

Después de mucho recapacitar, me resulta inquietante y alarmante la conclusión a la que llego y es que nadie se ha molestado en investigar la verosimilitud de lo denunciado porque todos somos exactamente conocedores de la misma: ¡es verdad!

Son demasiadas preguntas las que quedan sin respuesta ante el ciudadano y, por tanto, es necesaria una investigación profunda y una auditoría externa que determinen cómo se ha gastado el dinero de los ciudadanos y qué hay de cierto en lo denunciado. Tiempo habrá después de ajustar cuentas con el personaje que tuvo la osadía de denunciar -yo en este caso- y de hacerlo de forma legitimada sin que parezca un linchamiento apresurado para silenciar una verdad que, a estas alturas, ¡apesta!

Que nadie olvide que hay una pregunta que estremece a quien escribe y podría costarle muy cara al ciudadano, y a su bolsillo: ¿y si fuese verdad todo lo denunciado?

* Luis Gonzalo Segura es teniente de las Fuerzas Armadas y autor del libro Un paso al frente, en el que denuncia casos estructurales de corrupción en el Ejército. Por sus declaraciones será internado este viernes en un centro disciplinario durante dos meses.