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Encierro de tres semanas en un colegio para exigir un aula para sus hijos
Hasta 19 niños se quedan sin escolarizar en su centro de primera opción ante la negativa de la Comunidad de Madrid de reabrir un aula
MADRID // El colegio público Arcipestre de Hita, en Fuenlabrada (Madrid), ha cumplido su tercera semana de encierro con padres, madres, niños y vecinos que se han solidarizado con la lucha de estas familias. Denuncian que la Comunidad de Madrid se niega a abrir un grupo de infantil más (el centro sólo cuenta con uno) pese a que la demanda de matriculación permitiría hacerlo.
Además, desde el encierro denuncian que se trata de una estrategia para llevar a los niños a centros concertados de la zona. El centro escolar se encuentra situado a escasa distancia de cuatro colegios concertados. “Este grupo existía aquí hace apenas un año, y no lo quieren reabrir con el objetivo de acabar con este colegio público”, denuncia Víctor, uno de los padres que forman parte del encierro. El cierre del colegio es un temor compartido por los afectados; creen que éste puede ser el inicio de un cierre paulatino de aulas por el descenso de alumnos desde los cursos más bajos hasta cerrar el colegio por completo.
El pasado viernes, el grupo decidió en asamblea continuar el encierro hasta tener una solución que tarda en llegar. Asimismo, se acordó solicitar los permisos para realizar una concentración frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El acto está previsto para el 24 de julio. Según fuentes del encierro, el ayuntamiento de Fuenlabrada se ha prestado a fletar autobuses para trasladar la protesta a Madrid.
El colegio contaba con dos grupos de infantil hasta hace dos años, momento en el cual la demanda de matriculación descendió. Esta caída en las inscripciones fue el argumento alegado por la Consejería de Educación para cerrar uno de los grupos de tres años del centro. Este curso, sin embargo, la demanda ha subido, y 44 niños han solicitado la matrícula en el Arcipreste de Hita como primera opción. El gobierno autonómico se ha negado a reabrir el grupo cerrado un año atrás, y ha ofrecido a los padres y madres plazas en colegios públicos de diferentes zonas del municipio madrileño.
De los 19 niños no admitidos en el Arcipreste, 13 de ellos tienen plaza en otros centros públicos del municipio, mientras que los otros 6 se quedan sin opciones, ya que su matrícula tenía como única opción el CEIP Arcipreste de Hita.
La Consejería de Educación, al ser consultada por La Marea, afirma que “la oferta se ha mantenido respecto al curso anterior” y que no se ha producido ningún cierre. “A los 6 alumnos que a día de hoy siguen sin plaza se les ha ofrecido una en los Colegios Pablo Neruda y el Rayuela, ambos a menos de un kilómetro del Arcipreste de Hita”.
Los responsables de la protesta han abierto una recogida de firmas en Internet para pedir a Lucía Figar, consejera de educación en la Comunidad de Madrid, que reabra el aula que solicitan en el CEIP Arcipreste de Hita.
El PP de Fuenlabrada, acusado de ignorarles
Otra de las denuncias del colectivo es la actitud que ha tenido el Partido Popular de Fuenlabrada con esta situación. Muestran su indignación porque, según relatan, los populares no quisieron ver a las familias afectadas, visitando el centro durante el encierro únicamente para hablar con el director.
Sergio López, portavoz del grupo municipal del PP dice entender la reivindicación pero no puede compartirla tras “conocer los datos reales”. “La Comunidad de Madrid ha dado cumplimiento a la normativa, y ha aplicado una política de optimización de recursos educativos”, afirma. Expone que “no se puede hablar de familias perjudicadas” ya que 13 de esos niños habían marcado otro centro como segunda opción.
Al ser preguntado por la desatención de las familias encerradas, López contesta: “Lo primero que hicimos al llegar al centro y hablar con el director fue preguntar por las familias. Si no las vimos fue por recomendación expresa del director”. Por último, el portavoz conecta el apoyo del ayuntamiento de Fuenlabrada a las familias a una “utilización política de niños y familias”