Arranca el juicio contra el asesino de Guillem Agulló y otros 17 neonazis

La Audiencia de Valencia ha iniciado este lunes el juicio de la Operación Panzer, con 18 miembros del neonazi Frente Antisistema (FAS) acusados de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas y tenencia ilícita de armas de fuego.

El fiscal pide 42 años de prisión para los acusados, entre ellos el asesino confeso del joven independentista valenciano Guillem Agulló y un regidor de España 2000 en el municipio de Silla.

La acusación popular, integrada por el Movimiento contra la Intolerancia, así como por entidades y partidos de la izquierda y el nacionalismo en el País Valenciano, remarca que se trata del proceso «más importante en el Estado español contra neonazis» y confía que sirva para acabar con la impunidad del fascismo.

La vista ha comenzado pasadas las 10.30 horas con cuestiones previas y, momentos antes de comenzar, cuando los medios gráficos han entrado en la sala para grabar a los acusatos, estos se han dirigido a ellos y los han increpado con gritos de «hijos de perra».

En rueda de prensa, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha remarcado la importancia del juicio por la envergadura de la organización «y su capacidad, potencia estructural y doctrinal así como un armamento». Ibarra también ha pedido conocer por qué este juicio no ha sido juzgado en la Audiencia Nacional, pese a que los informes apuntan a que el grupo podría ser definido como un grupo terrorista.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia ha confiado en que el juicio aclare entre otras cosas la procedencia de las armas y la identidad de los proveedores; el mapa de distribución de las armas y la causa por la cual la Guardia Civil destruyó las armas confiscadas y en qué punto se rompió su custodia judicial.

Sobre este punto, el portavoz de la acusación popular, Toni Gisbert, ha dicho que pese a que muchas de las armas han sido destruidas, los informes y las fotografías sobre las mismas obran en poder de los juzgados y ha confiado que eso no sea un obstáculo para la acusación.

Gisbert ha alertado del aumento de los delitos de odio en el País Valencian, por delante de la media en el Estado español. El secretario general de Acció Cultural ha cifrado en 400 las agresiones de este tipo a lo largo de 2013. Ha que ha dejado claro que no hay cifras oficiales pero que se han producido un centenar de denuncias y que a eso hay que añadir la falta de denuncia en que quedan este tipo de agresiones.

Estos delitos se caracterizan por una menor presencia de casos de agresiones a bienes inmuebles -sedes de organizaciones- a favor de un mayor porcentaje de casos de agresiones verbales y físicas a personas.

Los delitos se producen a plena luz del día, con testigos y en espacios con cámaras de vídeo, llevando a darse incluso el caso de la grabación de la agresión por parte de los agresores y la distribución de las imágenes por las redes sociales.

«En este sentido, no sólo estamos hablando de un aumento cuantitativo de los casos, sino de un cambio del perfil de estos hacia una mayor violencia y una mayor impunidad», ha remarcado.

Girsbert ha apuntado: «La creciente alarma social que provoca que desde la transición, en el País Valenciano, la violencia fascista goce un clima de impunidad, la cual constatamos que es la causa primera de su aumento: la impunidad anima a los violentos».

El portavoz también ha dicho que los miembros de la acusación popular se niegan a aceptar que estos delitos sean considerados dentro de la normalidad. Gisbert ha denunciado la «pasividad» con que a menudo actúan las fuerzas de seguridad y la delegación del gobierno estatal. La plataforma ha pedido una reunión con el delegado del Gobierno para tratar este tema.

Operación Panzer

La Guardia Civil desarticuló en el año 2005 una organización denominada Frente Antisistema (FAS) con la detención de 22 personas y el registro de diversos locales en municipios del País Valenciano. En el marco de esta operación, se confiscaron numerosas armas de fuego y armas blancas, así como numerosa propaganda nacionalsocialista con contenidos xenófobos y violentos.

Según el informe de la Guardia Civil, el FAS se financiaba con la venta de efectos relacionados con la ideología nazi, con la venta de armas prohibidas y las cuotas de sus miembros.

El informe añade que el FAS tenía una estructura jerárquica y rígida disciplina. Entre sus principales actividades se encontraban las «cacerías» de jóvenes antifascistas o inmigrantes.

Por medio de la Operación Panzer en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en Valencia, y se detuvo a 22 personas. De ellas, 18 son los acusados que se sientan en el banquillo de los acusados para ser procesados por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentaria.

El fiscal pide un total de 42 años de prisión para los acusados, entre los que se encuentran dos militares, un regidor de Silla por España 2000 y el asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en abril de 1993.

La Acción Popular contra la Impunidad, personada en esta causa como acusación popular y formada por diferentes asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda del País Valenciano, ha destacado la «extraordinaria importancia» de este juicio y la «gravedad del caso» que se juzga, por el «importante arsenal de armas» que se intervinieron, por la «peligrosa ideología» del grupo desarticulado, así como la «alarma social creciente» que genera este asunto.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha subrayado lo «significativo» del juicio que «va más allá», ha confiado que sirva además para «aclarar detalles» sobre la fabricación y el negocio de armas.

[Artículo publicado en La Veu del País Valencià]