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El SOC reclama la recuperación de las expropiaciones agrarias de la República
El proyecto de ley se ampara en varios artículos de la Carta Magna, de la Ley estatal de patrimonio de las administraciones públicas y de la Ley de patrimonio andaluza.
Los sindicatos andaluces Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han elaborado un borrador de proyecto de ley que presentarán al Parlamento andaluz y que plantea la recuperación, por parte de la Junta de Andalucía, de los bienes agrarios que fueron expropiados «legalmente» por la II República española en territorio andaluz y que fueron devueltos a sus antiguos propietarios durante la dictadura franquista.
Según el borrador del proyecto de ley, al que ha tenido acceso La Marea, la Constitución española establece el principio de que la titularidad del Estado sobre los bienes públicos no caduca nunca, siempre que el Estado pueda considerarse democrático y legítimamente constituido, como fue la II República española.
El proyecto de ley se ampara en varios artículos de la Carta Magna, de la Ley estatal de patrimonio de las administraciones públicas y de la Ley de patrimonio andaluza. Según la exposición de motivos, los bienes expropiados tienen por ley la condición de tierra de dominio público afectados por el asentamiento de hecho de jornaleros en la fincas públicas.
El texto recuerda a las administraciones públicas su «deber» de proteger y defender su patrimonio y considera que la ley de patrimonio de la Junta de Andalucía otorga a la Administración autonómica la posibilidad de recuperar en cualquier momento los bienes que se hallen indebidamente en posesión de terceros.
El proyecto de ley insta a la Junta a investigar e inspeccionar la situación de los bienes que puedan formar parte de su patrimonio, con el fin de determinar la titularidad de los mismos.
Las expropiaciones de la II República se basan en la Ley de reforma agraria aprobada en 1932, que establecía la expropiación con indemnización de las tierras de los señoríos jurisdiccionales, tierras incultas o poco cultivadas, las arrendadas durante 12 años, o las situadas en las cercanías de las poblaciones siempre que su propietario tuviera un cierto nivel de rentas.
El Gobierno republicano de la CEDA reformó la ley de modo que consiguió prácticamente paralizar sus efectos expropiadores. Pero el Frente Popular consiguió derogar la nueva ley de la CEDA el 18 de junio de 1936, justo un mes antes del levantamiento militar franquista, estableciendo de nuevo la entrada en vigor del texto de 1932.
En Andalucía el 3,54% de las explotaciones concentra el 54,61% de la Superficie Agrícola Utilizada (censo agrario de 2009). A la vista de estas cifras, resulta evidente, en primer lugar, que la Reforma Agraria aprobada por el Parlamento autonómico andaluz en 1984 acabó en el más completo de los fracasos. No modificó en lo más mínimo la desequilibrada estructura de la propiedad de la tierra en la Comunidad. Por lo tanto, el histórico problema de la tierra subsiste en la España “modernizada”, al menos en las regiones del Sur, donde influye directamente en los elevados porcentajes de desempleo que se registran, que prácticamente duplican al de las regiones con menos paro de España (Euskadi y Nafarroa)
Pero aunque las cifras no lo reflejaran claramente, la subsistencia del problema nos la señalan cada cierto tiempo los propios jornaleros. Porque también subsisten en el sur de España los jornaleros. Serán pocos, pero siguen ahí. Y con la crisis su número ha aumentado puesto que muchos de los que habían abandonado la actividad agraria en los años del boom del
Ladrillo y el cemento están intentando volver a trabajar en el campo, a falta de otra oferta de trabajo en las áreas rurales. Aunque la mayoría de ellos no lo consiga, no dejan de ser jornaleros; en paro y sin subsidio, pero jornaleros. Los intelectuales que representan a las clases dominantes, incluso los de la propia Andalucía, niegan su existencia. Dicen que la aspiración al reparto ha perdido ya todo su sentido. No es nada nuevo; lo vienen diciendo desde finales de los años sesenta. Pero los jornaleros luchan; luego existen («Revolución burguesa, semifeudalidad y colonialismo. Raíces históricas del atraso y la crisis de España: rodriguezacevedo.wordpress.com)
Arto difícil será en esta legislatura expropiar nada A LOS CACÍQUES DE ESTE PAÍS , pero una vez visto las orejas al lobo, que aprovecha cualquier oportunidad ventajosa para privatizar empresas publicas de todo tipo para acomodar en la cúspide a familiares y amigotes , pero rápidamente reclama socializar las pérdidas cuando éstas no dan los frutos deseados… no queda más remedio que actuar y reclamar lo legítimamente expropiado en su tiempo a la duquesa de Alba & family y demás nobles señoritos/as, y sacarle provecho a unas tierras para quien las trabaja y que solo existen para recaudar subvenciones de la EU para mayor gloria de la clase dominante de este servil país….que espero algún día despierte y deje de perseguir la zanahoria y los cuentos de las mil y una noches de una democracia secuestrada.Viva la 3ª REPÚBLICA !! ABAJO AL BORBÓN Y SUS LAMECULOS !!
Sí, la reforma agraria tengo entendido que fué una de las causas del golpe de estado fascista.
La pìel de toro fue y sigue siendo profundamente caciquil. El lavado de cerebro que la dictadura impuso sigue atado y bien atado. Por si no hubiera bastante ahí llegó la dictadura capitalista para reforzarlo.
Andaluces, con vosotrxs: República, Tierra, Justicia y Libertad!.
¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA !!!
Una de las claves del golpe de estado fascista: la reforma agraria. Los terratenientes en los casinos, los militares en los cuarteles y los curas en las sacristías tuvieron todo el tiempo del mundo para diseñar un cuartelazo y asesinar una república moderna con muchos problemas para deshacerse del Antiguo Régimen.
Andaluces levantaos, coged tierra y libertad!!