Una comunidad de vecinos contra Goldman Sachs

[Artículo publicado en el número 18 de la revista La Marea ya a la venta aquí]

MADRID // Si no fuera por la ropa tendida en las ventanas y por los vecinos que, a pesar de todo, hacen su vida entre los portales y escaleras, cualquiera podría pensar que el bloque de antiguas viviendas de protección oficial situado al final del Ensanche de Vallecas, en Madrid, se encuentra en estado de abandono. Cerraduras y cámaras de seguridad arrancadas, paredes rayadas y pintadas, buzones rotos, un patio cubierto de maleza, goteras que inundan el garaje. El pasado 25 de octubre, el Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió el bloque a la empresa privada Encasa Cibeles, detrás de la cual se encuentra el estadounidense Goldman Sachs, el mayor banco de inversión de Wall Street. Ese mismo día, los inquilinos, que residían en estos pisos en régimen de alquiler, recibieron una escueta carta de la Administración en la que les comunicaba el cambio.

Casi 3.000 viviendas públicas corrieron la misma suerte en todo Madrid. Los vecinos recibieron la promesa del IVIMA de que todo iba a seguir igual. Desde entonces, el deterioro de la comunidad ha sido constante. La mitad del bloque está ahora habitado por ocupas y los vecinos aseguran que Encasa Cibeles se desentiende del mantenimiento. Los inquilinos, casi todos parados, inmigrantes, jubilados, viudos, y familias con pocos recursos, han tenido que hacer ellos mismos reparaciones para poder seguir utilizando normalmente algunas zonas e instalaciones comunes. Entre ellas, arreglar una de las tuberías de agua principal del edificio, que se encuentra sujeta con un madero después de que unos vecinos lo colocaran a modo de viga improvisada.

La Administración les ha dejado solos, pero estos inquilinos no están dispuestos a perder sus derechos sin presentar batalla. Con frecuencia se reúne un buen número de ellos, desde jubilados hasta familias de jóvenes inmigrantes, e improvisan asambleas. “La Constitución española deja claro que tenemos derecho a una vivienda”, dice indignada una mujer de mediana edad cubierta por un velo. A su lado, una señora mayor, viuda, mueve la cabeza. “Si esperas que se cumpla algo bueno de la Constitución…”, deja la frase en suspenso. Este grupo de vecinos del Ensanche de Vallecas es uno de los más activos en la denuncia de la venta de viviendas del IVIMA al banco de inversión norteamericano. Ahora, han comenzado a trabajar con el objetivo de que todas las promociones de viviendas que se encuentran en la misma situación se coordinen y unan sus reivindicaciones. Su primera asamblea a nivel madrileño se celebrará en julio.

En el bloque en el que viven, el deterioro no es lo peor. Una vez que el IVIMA se ha desentendido de sus inquilinos, los contratos de alquiler protegido previsiblemente no se renovarán, ya que la mayoría disfruta en estos momentos de una reducción del pago que Encasa Cibeles ya ha dejado claro que no va a asumir. “No somos una ONG”, espetó la empresa, según cuentan los afectados. Las viviendas no pasan de los 50 metros útiles y el alquiler sin reducción rondaría los 400 euros, por lo que muchos ya saben que no podrán seguir viviendo en lo que se les concedió como una casa para toda la vida.

“Éste es el futuro de vuestros hijos”, es la frase que, según asegura Abdelkader, le dijeron cuando le entregaron las llaves de la que aún es su casa, en 2008. Este inmigrante marroquí, padre de una familia numerosa, cobra una renta mínima de 530 euros. Hasta marzo, seguirá recibiendo la subvención para pagar el alquiler, pero después no sabe qué será de él y de su familia. “Es un callejón sin salida, porque si estuviera solo me buscaría la vida, viajaría y probaría suerte en París, pero teniendo a mis hijos no me lo puedo ni plantear”, lamenta. Cerca, un niño juega con un balón en uno de los soportales, entre vallas rotas de cristal. Ellos son las víctimas más vulnerables. “Están todo el día preocupados, preguntando asustados qué va a pasar con sus casas”, añade. En el Ensanche de Vallecas, donde se encuentran éste y otros bloques que pertenecían al IVIMA, el fondo de Goldman Sachs compró las viviendas por una media inferior a los 70.000 euros, pero ahora las ha puesto en el mercado por más de 140.000 euros. Un negocio redondo si logra venderlos.

Otro caso es el de Marcelino, que vive solo y cobra una pensión de 950 euros. “Yo estoy bien, no me puedo quejar en comparación con muchos de mis vecinos”,  dice para tratar de quitar hierro a su situación, pese a que su supuesta holgura no es del todo cierta: no tiene rebaja en el alquiler y paga unos 400 euros. Con el resto, tiene que ayudar a su hijo, en paro, por lo que hace malabarismos para que ambos puedan comer adecuadamente. A su lado, Achoucha, inmigrante y madre de dos, cuenta que cobra una renta mínima de 532 euros. De momento, con la reducción, el alquiler se le queda en unos 51 euros, pero el año que viene se le acaba la ayuda y no ve alternativa. Ni ella ni sus vecinos ven la lógica de lo que les ha ocurrido. “Nos dieron estas viviendas porque teníamos problemas económicos y ahora, en plena crisis, nos las quitan”, denuncia. “¿A dónde vamos, si no tenemos nada?”, pregunta. Su marido, de 58 años, no tiene perspectiva de encontrar un trabajo en estos momentos. Algunos tratan de ironizar con plantar una chabola. Pero, en realidad, no lo dicen de broma.

La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado y ha incidido en la situación de desamparo en que quedan los vecinos. “Ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones”, detalla en un texto firmado por Francisco Fernández, adjunto primero de la Defensora del Pueblo. Para los vecinos, esto son sólo palabras.

Por eso, en estos momentos el único camino que ven es juntarse y luchar. Y parece que lo están consiguiendo. Pese a que algunos no aguantan la presión y acaban yéndose de unas viviendas que, al dejar de estar protegidas, ya no compensan, muchos se han unido para constituir la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI). Cada socio pondrá de cuota 100 euros en dos años y, de este modo, se unirán a la querella criminal que ha abierto el PSOE contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP. Han calculado que los gastos del proceso llegarán a los 30.000 euros, por lo que necesitan tener 300 miembros. Sin embargo, los vecinos de este bloque vallecano no están solos: hasta 32 promociones de viviendas se encuentran en la misma situación. El reto es que se unan a su lucha. En julio comienzan las asambleas abiertas para tratar de aglutinar a los afectados de todo Madrid.

El presidente de la AVVI, también vecino, José Luis de Roa, explica que no son gente “acostumbrada a lidiar con este tipo de problemas”, pero tienen claro que sólo mediante la unión y tomando el asunto en sus propias manos podrán lograr alguna solución. No confían en que el PSM llegue hasta el final, razón por la que decidieron sumarse a la querella. De Roa explica que la empresa está recurriendo a diversas estrategias para presionar a los vecinos y que abandonen el inmueble: “Lo primero que han hecho ha sido adueñarse de la administración de la comunidad, y desde allí hacen derramas para subir el pago de los vecinos y que se acaben cansando, sin la posibilidad de cumplir con los gastos, y se vayan”, asegura. “Por eso les llaman fondos buitres, porque es lo que son, van a la carroña, a hacer acoso y derribo”, agrega, con rabia.

De Roa admite que no quería ser presidente de la AVVI, pero no le ha quedado más remedio después de que el anterior vecino renunciara. Se sienten como un microscópico David peleando contra un Goliat demasiado grande. “Veo auténticos dramas en mi comunidad de vecinos, sobre todo cuando hay niños de por medio, y a veces te dan ganas de cometer una locura contra los que nos han vendido de este modo”, se desahoga. Aun así, no pierden la esperanza. “Sería una gran victoria lograr coordinarnos con el resto de promociones”, afirma. El IVIMA, de momento, se desentiende de la situación. La Marea ha tratado de contar con su versión en este reportaje, pero la Adminitración se ha negado a dar declaraciones, sin explicar los motivos.