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El Gobierno pedirá un dictamen del Consejo de Estado sobre la ley del aborto

Diferentes plataformas por el derecho de la mujer a decidir confían en que se retrase el proceso y no llegue a aprobarse en esta legislatura

MADRID // El gobierno ha admitido en una respuesta por escrito al diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares que, “el anteproyecto [de reforma de la ley del aborto] se encuentra en fase de informes y dictámenes” y reconoce que una vez evaluados estos informes “este Anteproyecto de Ley Orgánica se someterá al dictamen del Consejo de Estado”.

Este reconocimiento es muy importante, ya que el dictamen del Consejo de Estado podría dilatar el proceso durante meses. Este organismo esta compuesto por una treintena de personas. El presidente es el exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaria y, entre sus consejeros, están el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o la exministra Isabel Tocino. El resto son antiguos altos cargos o presidentes de academias, juristas, magistrados, historiadores, filósofos…

El dictamen sobre el aborto lo prepararía uno de los letrados y el texto se debatiría en una de las secciones del Consejo de Estado. Una vez aprobado, se remitiría al presidente, que tendría el mandato de convocar a la Comisión Permanente y posteriormente el Pleno para dar el visto bueno.

Desde colectivos de mujeres como la Asamblea Feminista, Justa Montero confía en que “si no entra antes de finalizar ya no podrá aprobarse por cuestiones de plazo electoral”. “Si en seis meses no lo presentan, ya no pueden, ya tendría que pasar a otra legislatura y allí… ya veremos”, sentencia.

Montero recuerda que “en 2009 el Consejo de Estado aprobó por unanimidad el informe que avalaba la constitucionalidad de la reforma de 2010”. En esa ocasión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no consiguió llegar a un acuerdo para avalar por unanimidad el proyecto de Ley.

En cambio, en Justicia confían en que el trámite político se acelere y se pueda evitar el trámite del Consejo de Estado. “El CGPJ ya se ha pronunciado al respecto, algo que no se hizo con la reforma del año 2010, y podría ser suficiente”, confían desde la cartera que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

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