80.000 vidas

80.000 mujeres al año pierden la vida en el mundo, según cifras de la OMS, por someterse a abortos clandestinos. 80.000 mujeres que tenían un nombre y ocupaban un lugar en el mundo. 80.000 mujeres que tal vez tuvieran a alguien a quien amar o alguien que les amase, que tuvieron deseos, planes de futuro, días en los que reír y caminar por sus sueños y días en los que seguir en pie y concentrarse en sonreír pudo hacerse insoportablemente complicado. Algunas tal vez tendrían hijas o hijos, madres o hermanas a las que querer y cuidar. Algunas tendrían trabajo…otras no. Pero todas tenían algo en común: murieron en la invisibilidad de quien no tiene poder ni recursos para ni tan siquiera ser contada como víctima. Todas ellas perdieron sus vidas con la complicidad de los gobiernos que convierten el pecado en delito, dictando leyes que nos sitúan en un estado de constante inseguridad.

Durante más de un año, el Gobierno del Partido Popular amenaza con la aprobación de una de las leyes más restrictivas sobre interrupción del embarazo de la Unión Europea. Un texto que destila ideología machista, pues concede el derecho a la intervención médica en base a unos criterios – supuestos- que determinan quién es culpable de su situación, y por lo tanto su castigo será no tener derecho, y quién es inocente de su situación y podrá interrumpir su embarazo. Las leyes basadas en supuestos no tienen otra motivación que la de juzgar la vida de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Parten, por tanto, de la premisa de que las mujeres, de por sí, no somos capaces de tomar decisiones responsables sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Éste es el argumento que se encuentra detrás de la justificación de una ley de supuestos: la sociedad necesita que otros tomen la decisión sobre cuándo deben ser madres, dado que las mujeres no estamos capacitadas para hacerlo. El siguiente paso para que este argumento funcione es culpabilizar a las mujeres de su propia situación, no a una educación sexual inexistente, o a la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, o al terrible sistema patriarcal que hace que las mujeres no puedan tomar libremente decisiones sobre su sexualidad y su manera de vivirla… Las mujeres somos las únicas responsables, incluso si hemos sido víctimas de violación, en cuyo caso seguro que muchos se aventurarán a decir sin sonrojo alguno que “la culpa es de las madres, que las visten como putas”.

Pero además del nombre del proyecto de ley y de su concepción desde la idea del sojuzgamiento y control de nuestros cuerpos, la arquitectura del texto legal tiene un componente profundamente peligroso y que, sin duda, supone una de las mayores diferencias con el texto del 85 al que últimamente todos hacen referencia. Se trata del diseño de las medidas que garantizarán el cumplimiento de la ley, esto es, las medidas punitivas y de control. En la ley del 85 – frente a la cual el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad, pese a que su frágil memoria les lleve a recordarla como una ley de consenso- era la mujer la que se exponía, desde la idea de que ella era responsable de sus propios actos, a las medidas legales que se aplicaran caso de haber cometido ilegalidad. En el actual texto ya no serán las mujeres las que deberán asumir las consecuencias legales – una vez más la idea de que no tenemos capacidad para decidir sobre nuestras vidas – pero sí lo serán todo profesional sanitario que participe en la intervención, así como toda persona que incitase o consintiese dicha intervención. Esto es, si yo tuviera que enfrentarme a una interrupción de mi embarazo y formase parte de ese 92% de mujeres que hoy se enfrentan a esa situación en la absoluta normalidad legal, y que en caso de aprobarse el texto del PP pasarían a ser ilegales, si, como decía, tuviera que someterme a una IVE y mi pareja me acompañase a la clínica, él afrontaría las consecuencias derivadas de mi acción. Por lo que, en definitiva, la propuesta es: limitar absolutamente los supuestos, aumentar el control -pues también restringen la publicidad de las clínicas que practican estas intervenciones – , penalizar a los profesionales que realicen el IVE y perseguir a las personas del entorno que acompañan a la mujer. O mejor dicho, a la mujer irresponsable e incapaz de tomar buenas decisiones en su vida.

Y sin embargo, el Gobierno no contaba con la respuesta de unos movimientos feministas fortalecidos, unos movimientos feministas que llevan años ganando batallas: la batalla de la visibilidad, la del discurso, la del avance en la lucha LGTBI… Un trabajo silencioso, desde los rincones de los barrios en los que la gente se organiza para parar un desahucio o resolver colectivamente los problemas de alimentación de su comunidad, el trabajo de quien lleva años tejiendo solidaridades y conciencia de los bienes comunes, el grito de quienes no tienen más miedo porque lo que está por venir desde nosotras merece todas estas soledades compartidas. Porque en nuestros cuerpos está inscrita la idea de justicia social, la dignidad de las que se pelean los derechos palmo a palmo.

Debemos parar esta ley porque no existe sistema democrático que soporte discriminar a más del 50% de la población de esta manera. Debemos parar esta ley con la misma intensidad con la que debemos construir otro modelo de país, porque ambas cosas están relacionadas, y no habrá democracia mientras sigamos sosteniendo un sistema que no sólo cierra los ojos frente a esas más de 80.000 vidas, sino que es connivente con la clandestinidad de sus ausencias.

[Sara Porras (@sara_en_madrid) es coordinadora de Mujer de IUCM]