Irregularidades tras la fachada social de la Fundació Príncep de Girona

         Este artículo forma parte del dossier sobre Felipe VI publicado en el número de febrero de 2013 de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual

La Fundació Príncep de Girona (FPdGi), constituida en el verano del 2009, recibió un duro golpe cuando, en octubre de 2010, se reabrió una de las causas por las que estaba imputado su director, Arcadi Calzada, obligándolo a presentar la dimisión y a abandonar la primera línea de la fundación que en gran medida contribuyó a crear.

Una inspección de la Generalitat en Caixa Girona había detectado diversas irregularidades en la gestión de Calzada como presidente de la caja, entidad que abandonó al asumir la dirección de la fundación, como desfases presupuestarios entre los ingresos reales y los declarados de la Obra Social, facturas no justificadas y ventas de empresas de altos cargos a la caja.

Entre otras cosas, Calzada era sospechoso de haber vendido obras de arte de su propiedad a la caja u otorgar contratos por valor de 500.000 euros a la empresa de su hija, Noemí Calzada. Si el Palau de la Música fue el ‘cortijo’ de su presidente, Fèlix Millet, Caixa Girona se revelaba como el de Calzada. Al más puro estilo del ahora defenestrado ex presidente del Palau, Calzada había casado a su hija en los majestuosos jardines de Cap Roig, propiedad de la entidad. La reapertura de la causa contra el director de la FPdGi provocó que éste dimitiese de su cargo. Pero no abandonó la institución y, a día de hoy, sigue en el patronato a título personal.

Calzada, diputado por CiU en el Parlament durante los gobiernos de Pujol, vicepresidente del F.C. Barcelona, vicepresidente del Palau de la Música bajo el mandato de Millet y siempre presente en la élite política y económica del país, puso un especial empeño en la creación de la fundación cuando ya preparaba su salida de Caixa Girona que, al poco tiempo, sería absorbida por La Caixa por sus problemas contables.

La constitución de la FPdGi no se entiende sin el papel clave que jugó el entonces presidente de Caixa Girona. Calzada pactó con la Cámara de Comercio de Girona, La Fundación Gala-Salvador Dalí y La Caixa, y puso en marcha la fundación que él presidiría en un opaco proceso que fue dejando por el camino a todo aquel que se opuso. Los miembros de la junta de la Cámara de Comercio de Girona se encontraron la propuesta de adherirse a la FPdGi encima de la mesa sin disponer de más información que su obligación de votar a favor.

Lo explica el empresario de Cadaqués Rafael Martín: “La fundación se creó a escondidas. No se notificó ni se hizo saber nada a nadie. El presidente de la cámara no podía tomar esta decisión sin contar con el pleno. Nos manifestamos en contra, y a partir de aquí sucedieron muchas cosas”. Martín, entonces el mejor situado para presidir la comisión de control de Caixa Girona, fue vetado del cargo tras las negociaciones que su partido, Esquerra Republicana, mantuvo con el PSC y CiU. “Yo representaba un tanto por ciento importante del empresariado de Girona. Se me penalizó y se me apartó. No interesó que fuese crítico. Solo quieren gente que esté a su servicio. Y tienen mucho poder, por descontado”.

Las mayores empresas españolas acudieron a la llamada para integrar el patronato de la fundación, y se comprometieron a realizar una aportación anual cercana a los 2 millones de euros (entre 15.000 y 30.000 euros cada una) para las actividades de formación, premios para emprendedores y proyectos que realiza la FPdGi. Telefónica, Endesa, Danone, Repsol, Iberdrola, Planeta, Agbar, Abertis, y así hasta cerca de 60 empresas que integran el patronato.

“Somos una fundación joven, pero contamos con valiosas alianzas y una ambición honesta y transparente”, afirmaría un año después el príncipe Felipe de Borbón durante la presentación de la FPdGi en la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Varias de esas “valiosas alianzas” han sido salpicadas por presuntos casos de corrupción, cuando no los han protagonizado. Es el caso, por ejemplo, de Jordi Rubau, propietario de Construcciones Rubau. Su constructora está siendo investigada por formar parte de un ‘clan’ que pactaba precios y se repartía los contratos de obras públicas en Girona. O el abogado Gonzalo Rodés, administrador de Acacia ISP –una de las empresas que ha participado en la compra de Aigües Ter-Llobregat por parte de Acciona- junto a su hermano, Fernando Rodés, al que investiga la Fiscalía por el proceso de privatización del agua.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Palma Arena reveló que varias de las empresas que integran el patronato de la fundación hicieron importantes donaciones a la trama. Es el caso de Telefónica, que aportó 703.852 euros; el BBVA, 502.021; Repsol, 237.800; Abertis, 116.000; Gas Natural, 55.680; o las bodegas Miguel Torres, 41.760 euros, entre otras.

A día de hoy, todavía no se ha arrojado luz sobre esos vínculos. A preguntas de La Marea, la FPdGi se limita a señalar que “el listado de patronos de la fundación es público y todas son empresas privadas que han decidido participar en los proyectos de nuestra fundación”.