La ONU aprueba crear una ley que condene abusos de las multinacionales

MADRID // «El Consejo de Derechos Humanos (…) decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos». Con estas palabras aprobaba esta mañana la ONU la resolución propuesta en Ginebra por Ecuador y Sudáfrica para poder condenar penalmente a las corporaciones que no respeten los derechos de los países y los ciudadanos de aquellos lugares donde establezcan sus filiales.

Esta propuesta, apoyada por un total de 85 países (muchos de ellos sin representación actual en las Naciones Unidas) e inspirada en el trabajo que desde hace años vienen desarrollando más de 500 organizaciones sociales internacionales, implica que, a partir de la creación de este instrumento jurídicamente vinculante, las multinacionales tendrán que cumplir con una serie de obligaciones que, hasta este momento, solamente eran recomendaciones. El plan de trabajo al que ha dado luz verde  la ONU contempla que el grupo responsable de sacar adelante la nueva normativa celebre su primera sesión «durante cinco días laborables en el año 2015, antes del trigésimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos» (el que se está celebrando ahora es el 26º), cuando deberá presentar un informe con los avances obtenidos hasta esa fecha.

En oposición a la propuesta de Ecuador y Sudáfrica también se había presentado otro proyecto, elaborado por Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, y respaldado por todos los países de la Unión Europea presentes en el Consejo y Estados Unidos, donde se solicitaba la extensión del mandato del actual grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos durante otros tres años. Lo que todos estos países estaban pidiendo era que la ONU pudiera debatir sobre cuál debería ser el acceso a los recursos judiciales y no judiciales de las víctimas de la vulneración de derechos por parte de las multinacionales. Es decir, un diálogo sin implicaciones para las empresas responsables de las violaciones.

La UE y Estados Unidos votan en contra

Tanto los países de la Unión Europea como Estados Unidos han votado en contra de la propuesta. De hecho, durante estos días la UE ya había advertido de que, en caso de que se aprobara, se iba a negar incluso a analizarlo, por lo que no participará en el proceso de creación de este tratado. Esta postura coincide con lo declarado el pasado 24 de junio por el ministro de Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, durante la inauguración de la jornada El valor de las multinacionales extranjeras en España, organizada por la asociación Multinacionales por Marca España.

El enorme poder de las grandes corporaciones, que supera con mucho al de los países (de las 150 grandes economías mundiales, 87 son estas empresas y 63, Estados), según García-Margallo,  permite “a los grupos multinacionales imponer determinadas decisiones para instalarse” en determinados países. Durante su intervención en esta jornada inaugural, el ministro de Exteriores español quiso poner de relevancia la importancia de las transnacionales «para la economía española, por su contribución a la inversión productiva, al progreso tecnológico y, en definitiva, al crecimiento y empleo en nuestro país”. Margallo también dejó claro que el Gobierno de España, consciente de esta importancia, “ha tenido muy en cuenta las opiniones de estas empresas en el proceso de reformas, como se pone de manifiesto, entre otras, en la Ley de emprendedores, en el plan de pago a proveedores o la Ley de Unidad de Mercado”.

Según el portavoz del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Pedro Ramiro, la lógica que subyace de las declaraciones de Margallo no es nueva, sino que en España ya se ha podido experimentar en proyectos como Eurovegas. “Con todo el debate que se generó con esta empresa y todo lo que se hizo de modificar las leyes necesarias y hacer las reformas que hubiese que hacer, las explicaciones que dieron es que lo hicieron porque lo importante es que venga la inversión extranjera ya que es lo que va a generar riqueza, empleo y crecimiento, por lo que hay que darle todo lo que pida”, recuerda.

Sin embargo, “no sólo es mentira, ese modelo no genera ni riqueza, ni empleo, ni crecimiento, como ya sabemos, sino que lo importante, lo que hay que destacar, es que no se puede anteponer el derecho de las empresas al de las personas. Y si lo hacemos tenemos los derechos que hemos visto durante estos años en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y los que estamos viendo ahora en Ginebra con afectados de todo el mundo”. Se refiere a la audiencia especial del TPP que la Campaña Desmantelando el Poder Corporativo, entre otras movilizaciones que han estado llevando a cabo durante la semana, está presentando durante esta semana en la ciudad suiza.

En este juicio se han abordado 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales, tales como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Cocacola en Colombia. Entre estas empresas, también está la española Hidralia Energía, cuyas inversiones han producido conflictos en la comunidad de Santa Cruz Barillas y están vinculadas al asesinato de un líder comunitario por parte de miembros de seguridad de la empresa y la detención arbitraria de 12 miembros de la comunidad. Además, “la multinacional se aprovecha de la declaración del estado de sitio por parte del presidente de Guatemala en el lugar de las inversiones”.

El capital por encima de las personas

Tal y como recuerda Ramiro, las declaraciones de García-Margallo responden a “la lógica que lleva aplicando este Gobierno desde que tomó posesión, al igual que hicieron los Gobiernos anteriores”. Una lógica que consiste en priorizar “los intereses del gran capital transnacional en el diseño de la economía, mas aún en un contexto de crisis, de falta de crecimiento económico y de inversión extranjera que, según el paradigma neoliberal, es la forma de salir de la crisis”.

Toda la lógica de la Marca España, según el portavoz de OMAL, “va un poco en esa dirección de apoyar al capital transnacional; primero, en su expansión por todo el planeta de las multinacionales españolas, y, segundo, en atraer a las extranjeras a España para que traigan sus inversiones”. La única diferencia que Ramiro encuentra entre este Gobierno y los anteriores es que ahora esta priorización se hace de forma más explícita, ya que es lo que hay que hacer para salir de la crisis; hacen falta “más Marca España, más crecimiento, más inversión extranjera y más multinacionales”, explica. “Es la lógica que propone el Gobierno”. La postura de organizaciones como OMAL, sin embargo, se sitúa en el extremo opuesto. “¿Por qué las corporaciones van a tener derecho a imponer sus condiciones y la ciudadanía no puede decir nada sobre la reforma laboral, la de las pensiones o todas las reformas económicas que estas empresas exigen para instalarse?”, plantea.

Esta pleitesía que el Gobierno español le rinde a las multinacionales ya se ha experimentado, sostiene, tanto en la mayoría de los países de América Latina como en España. “Hemos visto cómo, después de 30 años de reformas neoliberales, en Latinoamérica han crecido las desigualdades”, recalca Ramiro. “Seguramente, si nos fijamos en los datos del PIB per cápita, habrá subido, aunque tiene el truco de que los más pobres siguen igual y los más ricos han multiplicado sus ingresos, por lo que de media sube el PIB per cápita. Pero la desigualdad se ha disparado. América Latina es la región mas desigual del mundo, como ya sabemos”, recalca. Aunque, para el portavoz de OMAL, no hace falta irse tan lejos para observar cuáles son las consecuencias del imperio de las transnacionales. “Además de ser el pais con mayor desigualdad de Europa, en España se están disparando los índices de pobreza, hay una notable falta de acceso a servicios básicos como la energía por no tener dinero para pagarlos”, explica.

El motivo, que cada vez hay menos empleo y, el que hay, cada vez es más precario y con peores condiciones salariares. Es decir, para Ramiro, lo que se está experimentando en España es consecuencia de “aplicar la misma receta de la larga noche neoliberal que se ha vivido en América Latina después del Consenso de Washington”. Y pregunta: en un contexto de falta de mercados, de caída del consumo, de tasas de ganancia, ¿cómo es posible que las multinacionales estén incrementando sus beneficios? Porque lo repercuten sobre los salarios y los derechos de la gente”, se responde. “Esta rueda de crecimiento y de incremento de beneficios sólo es posible a partir de la devaluación salarial y de la perdida de derechos no ya laborales, sino en todos los ámbitos; no ya de los trabajadores, sino de toda la sociedad”. Es decir, que con intenciones (y normativas) como las que se desprenden de las declaraciones de García-Margallo, “se demuestra que, además de no salir de la crisis, van a crecer la pobreza y las desigualdades”, concluye.