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Un juez de Barcelona ordena la primera devolución de vivienda a una desahuciada
La PAH señala que la sentencia abre la puerta a que miles de pisos sean devueltos a sus dueños si fueron desahuciados bajo cláusulas abusivas en sus hipotecas
BARCELONA // El juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha emitido una sentencia pionera que puede abrir la puerta a la devolución de centenares de viviendas a personas desahuciadas, según ha señalado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, ha ordenado a Bankia que devuelva la vivienda a M. A. G. C. por la existencia de cláusulas abusivas en su contrato hipotecario.
Es el mismo magistrado que elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que motivó que el Alto Tribunal declarase abusiva la ley hipotecaria española. En esa ocasión, el magistrado trasladó al tribunal europeo el caso de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Barcelona) que había sido desalojado de su casa. En marzo de 2013, el TJUE sentenció que la ley hipotecaria española no respeta los derechos de los consumidores fijados en la normativa comunitaria, por lo que el juez le dio la razón a Aziz, si bien no dictó que se le devolviera la vivienda.
Ahora, atendiendo a esta resolución, el magistrado ha declarado nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria y ha ordenado que le sea devuelta la vivienda a la demandante, según ha avanzado este lunes El País.
El juez se fundamenta en el hecho de que el magistrado que un primer momento tuvo que resolver sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria no pudo valorar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, debido a que la legislación española no lo prevé. Por ello declara nula la resolución del Jugado de Primera Instancia 1 de Gavà (Barcelona) que motivó el desahucio, así como el posterior desalojo.
Bankia ya ha presentado un recurso, por lo que la sentencia todavía no se ha ejecutado.
Tras conocer la sentencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha emitido un comunicado en el que señala que la Ley 1/2013 sobre protección de deudores hipotecarios que el Gobierno se vio obligado a aprobar tras el fallo europeo ha resultado «un absoluto fracaso» porque «no garantiza el derecho al debido proceso de los deudores hipotecarios, incumple las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos (prohibición de Desalojos Forzosos), y deja en desamparo centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria realizados bajo la legislación anterior«.
Asimismo, la PAH destaca que, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarios no sólo no han descendido, sino que han aumentado un 14% en el primer trimestre de 2014.
