Privatizar la calle: barrios segregados para comerciantes ricos

Un hombre que pinta retratos en la Plaza Mayor es conminado a levantarse e irse de la plaza por la seguridad privada de los comercios porque los hosteleros han contratado a su propio dibujante de caricaturas. Mientras, en la Puerta del Sol, los afectados por las preferentes son expulsados por los guardias de seguridad del kilometro 0 porque el ruido de sus proclamas puede molestar a los clientes de las terrazas que ocupan el centro neurálgico de Madrid. Son situaciones ficticias que ya son realidad en barrios de EEUU y Londres y pueden darse en España si el gobierno impulsa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular de gestión de áreas comerciales urbanas.

La Comisión de Economía del Congreso con una propuesta del PP ha instado al gobierno a que instaure en España unos barrios comerciales de gestión público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de los Business Improvement Districts (BID), unos barrios para comerciantes con muchos recursos que pagan más impuestos a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad gestionados por los mismos comerciantes. Los BIDs son organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios. Los servicios premium son financiados por una contribución extra pagada por los dueños de las propiedades de los barrios o distritos. La cuota es acordada por la colectividad privada y recaudada por la ciudad que a su vez devuelve al BID en servicios locales de mayor calidad.

Los BIDs repercuten de manera muy positiva en el barrio que tiene tal consideración, pero a cambio precariza los barrios adyacentes. Los BID crean una ciudad dual con barrios de primera y segunda categoría, privatizan el espacio público e incluso son responsables de violación de derechos civiles, criminalización de actividades económicas perjudiciales para el comercio tradicional, persecución de la mendicidad, e incluso, limitación del activismo político por considerarse perjudicial para los intereses del comercio del BID.

Violación de derechos civiles, criminalización y limitación de activismo político.

Uno de los servicios principales de los BIDs es el de proporcionar seguridad en el espacio público del distrito. Servicios tales como contratación de seguridad privada e instalación de cámaras de vigilancia. Las patrullas de seguridad de los BIDs ya han causado multitud de casos de violación de derechos civiles en Nueva York, donde los BIDs tienen una mayor implantación. Es el caso del Grand Central Partnership que ya ha sufrido una condena por este tipo de violación de derechos fundamentales, según cuenta la doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, Helena Villarejo.

Otra de las controversias y problemática de la implantación de los BID se debe a la regulación de los espacios públicos, que también se encuentra entre las atribuciones de estos barrios premium. En EEUU se ha producido un fenómeno de criminalización de la venta ambulante y actividades de arte callejero por el énfasis que estas asociaciones comerciales ponen a la hora de limpiar y embellecer su territorio acorde a la imagen de marca que cada BID posee. Esto se ha producido según los estudios de la doctora Helena Villarejo en BIDs como el de Midtown Manhattan o el Financial District donde debido a la presión de estas asociaciones se han restringido estas actividades por considerar que no son deseadas. Algunos BID como el de Times Square han llegado a limitar el activismo político, protestas y manifestaciones al considerar estas actividades transgresoras y por lo tanto inconvenientes para el objetivo comercial del BID.

Ciudades duales.

Los BIDs no sólo son una privatización encubierta del espacio público, sino que además crean una ciudad de dos velocidades. Los barrios premium, debido a la mejor calidad de los servicios públicos, ven como las propiedades se revalorizan, lo que a su vez provoca una depauperación de las zonas adyacentes a estas áreas comerciales. Además, la seguridad privada del BID realiza una segregación por cuestión de clase, expulsa a los mendigos y la prostitución de su área a las zonas perimetrales, por lo que deprime otros barrios que sólo tienen la solución de crear su propio BID haciendo que este tipo de gestión privada de la ciudad en virtud del poder adquisitivo se extienda en poco tiempo. Esto acaba causando que las zonas no comerciales o con bajo poder adquisitivo vean como los servicios públicos van menguando al mismo ritmo que sube el nivel de los BID.

En este afán de los barrios premium por mantener su área vacía de mendicidad se llegan a crear programas de atención a los indigentes, actuando de facto como sustitutivo de los servicios sociales del ayuntamiento pero sin los controles propios de una administración pública. Lo único que se pretende con estos programas de atención a la indigencia es mantener limpios de mendigos las áreas comerciales de su jurisprudencia. El verdadero objetivo de estos programas es la dispersión de la mendicidad. En el BID de Los Ángeles, el Downtown LA, poseen una patrulla que entre otras atribuciones tiene la misión de limpiar la zona de mendigos. Se trata de la patrulla púrpura. La patrulla púrpura y el BID Downtown LA han sido denunciados por asociaciones en defensa de los derechos de los indigentes por considerar que este tipo de patrulla tiene una agenda anti-homeless.

La propuesta del Partido Popular en el Congreso sólo fue rechazada por el grupo de Izquierda Plural que en palabras de Alberto Garzón considera que este tipo de medidas establecen una discriminación territorial y distorsionan el estado del bienestar ya que los impuestos sirven para corregir las desigualdades y no para aumentarlas. El PSOE por su parte se abstuvo de la propuesta al no serle atendida una enmienda que consideraba necesario respetar las competencias de las CCAA. En su intervención, el diputado del PSOE Felix Lavilla, expresó que el grupo socialista estaba de acuerdo en la necesidad de ayudar al pequeño comercio frente a los grandes centros comerciales pero establece que el mantenimiento de los servicios públicos existentes son imprescindibles para empezar a hablar sobre la aprobación de esta legislación.