Santiago Vidal: “Proponemos que desaparezca la profesión de político”

BARCELONA // “La redacción de la Constitución catalana es legítima”. Así lo defendió a finales de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal. El CGPJ lo había llamado a filas por participar, junto a una decena de juristas, en la redacción del borrador de un texto constitucional catalán. Miembro de Jueces por la Democracia, Vidal ha participado en numerosos actos en defensa de la consulta de autodeterminación fijada para el próximo 9 de noviembre, y también en coloquios del Procés Constituent sobre cómo impulsar medidas alternativas a los dictados de la Troika. En septiembre de 2013, el CGPJ le impidió participar en la comisión de análisis de la xenofobia de SOS Racismo.

Persona comprometida con el progreso y el bienestar social, explica que están redactando una constitución corta, inspirada en los modelos nórdicos, y que incluye medidas como el referéndum revocatorio, la prohibición de la disciplina de voto en los partidos, o la apertura a la participación ciudadana en el propio proceso constituyente. El magistrado conversa con La Marea en la sala de vistas de la Sección 10ª Penal de la Audiencia, una estancia repleta de historias y donde en una hora debe tener lugar un juicio.

¿Por qué deciden redactar el borrador de una constitución catalana?
La idea nació a finales de diciembre de 2013, después de que el Parlament apoyase la doble pregunta de la consulta. Vimos que el proceso estaba cogiendo un cariz absolutamente irreversible. Un grupo de juristas pensamos que, si a finales de 2014 ya habrá una respuesta de la ciudadanía respecto a si Cataluña debe continuar teniendo un encaje dentro del Estado español, o debe ser un estado distinto, una de las cosas que con absoluta seguridad se necesitarán si se optase por esta segunda alternativa será un texto constitucional.

Y se ponen a ello.
Dijimos, ‘¿por qué no comenzamos a elaborar un material que en su día pueda servir como herramienta de trabajo para este parlamento constituyente? Seguro que el parlamento constituyente tendrá sobre la mesa tres o cuatro propuestas, la nuestra no será la única, evidentemente. Imagino que cada partido propondrá la suya, o la Asamblea Nacional Catalana también… Pero nos pareció que desde el ámbito jurídico, nada partidista ni político, era bueno elaborar un texto de tipo técnico, jurídico.

¿Por lo tanto es una iniciativa que no les encarga ningún partido?
No. Lo he matizado muchas veces, porque en la primera información que salió de este tema, en abril, que fue una filtración a El Mundo que no sabemos bien cómo se enteraron, se daba a entender como si fuéramos un equipo colateral. Y eso no es cierto. Obviamente que algunos diputados, algunos senadores y algunos altos cargos de la Generalitat estaban y están al corriente de nuestro trabajo, pero una cosa es que tú informes y la otra es que trabajes para ellos. Nosotros no trabajamos para nadie, mejor dicho, trabajamos para la sociedad.

¿Qué perfil tienen los miembros del grupo de trabajo?
Somos cuatro jueces y juezas, cuatro profesores de Derecho Constitucional de distintas universidades de Cataluña, y dos abogados especialistas en Derecho Internacional Público. Somos amigos, nos conocemos, y hemos trabajado juntos en muchas otras cosas.

¿Han recibido alguna propuesta para incluirla en el texto?
Docenas de propuestas. Por correo electrónico, por correo ordinario… De bastantes entidades, por ejemplo sugerencias sobre el tema de la lengua, si tenemos claro si debe ser sólo el catalán oficial o debe haber coficialidad; y de particulares, cosa que también me ha sorprendido agradablemente, porque demuestra que la gente quiere participar, es consciente de que este texto constitucional será la base del nuevo estado. Y no sólo de aquí de Cataluña.

¿También de fuera?
Por ejemplo desde Suiza. Recibimos un correo hace un par de semanas de un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zurich, enviándonos una serie de propuestas y la constitución suiza, en francés y en italiano, por si nos podía servir de modelo de alguna cosa. Es decir, que incluso a nivel internacional hay alguien que está interesado.

Hablan de una constitución corta.
Mucho. En la primera fase nos hemos dedicado al derecho comparado, y básicamente tenemos cuatro constituciones sobre la mesa: la de Islandia, la de Noruega, la de los Estados Unidos y la de Finlandia. Queremos hacer un borrador que tenga como máximo cien artículos. Es decir, prácticamente la mitad de los que tiene la Constitución Española. Y además, nuestra intención es que cada artículo tenga sólo un apartado.

¿Por qué motivo?
No caer en lo que creemos es un error jurídico grave de la Constitución del 78, incluir varios puntos en cada artículo. Lo puedo entender en el contexto de 1978, que se tenía que hacer todo de nuevo, pero las constituciones no son esto. Las leyes sí que deben tener muchos apartados porque deben prever muchas situaciones, las constituciones son declaraciones de principios en las que cada una de estas normas, que deben ser cortas, claras, comprensibles, se deben desarrollar en leyes.

¿Además de la extensión, qué principales diferencias presenta respecto a la Constitución Española vigente?
La verdad es que muchas, pero para sintetizarlo yo plantearía tres. La primera, será una constitución participativa, es decir, la intención es que una vez el equipo de expertos jurídicos haya redactado este borrador, proponemos al parlamento constituyente que, como hizo Islandia, abra un proceso no sólo de información a la ciudadanía, que esto siempre es bueno, sino de participación de la ciudadanía; un proceso de tres meses, por ejemplo, en el que cualquier ciudadano pueda leer el texto y aportar ideas. La constitución española de esto no tuvo absolutamente nada, fue una constitución de partidos, de despachos. Una segunda diferencia básica es que cambiará completamente el sistema de división de poderes…

¿Para que exista una división efectiva?
Por desgracia, en la situación española actual la división de poderes no existe. El poder legislativo, sobre todo si saca mayoría absoluta, escoge al poder ejecutivo –al Gobierno-, y estos dos, a su vez, escogen a la cúpula del poder judicial. Son todos los mismos, lo único que cambian son los nombres. Esto lo queremos cambiar radicalmente, a través del sistema de selección de la gente que va a cada poder.

Ilústreme.
Por ejemplo, la idea en el poder ejecutivo sería que fuera una república no presidencialista, que hubiera un presidente y un primer ministro; que los mandatos máximos fueran de dos legislaturas, por lo tanto, de alguna manera proponemos que desaparezca la profesión de político, que haya ciudadanos que tienen su profesión, médicos, arquitectos, abogadas… y que durante un tiempo máximo de ocho años quieren dedicarse al servicio de la política. Pero que tanto antes como después deben volver a su trabajo.

Es decir, limitación de mandato no sólo para los altos cargos sino también para diputados…
Para todos los cargos electos. Nos parece que ocho años es un periodo suficiente para hacer las cosas.

¿Y en cuanto al sistema judicial?
Básicamente es sobre lo que estamos trabajando los cuatro jueces, en que haya una justicia de proximidad. Es decir, en la línea radicalmente distinta de lo que está proponiendo el ministro Ruiz-Gallardón, que es concentrar todos los edificios judiciales y todos los jueces en las capitales de provincia. En cambio, nosotros decimos que es la justicia la que se debe acercar al ciudadano. Evidentemente esto iría acompañado –no estaría en la constitución pero ya lo indicaríamos- de una ley de plazos procesales, que establecería que, como regla general, que ningún pleito pueda durar más de un año.

Parece difícil si echamos un vistazo a cómo están los juzgados de colapsados últimamente…
Obviamente esto también lo estamos analizando. El presupuesto de Justicia, por ejemplo, debería aumentar. Es que estamos en el puesto 27 de los 28 estados de la Unión Europea en presupuesto destinado a justicia; tenemos sólo 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea son 14,5, y países como Noruega, Alemania e Inglaterra tienen 21-22… Pero más que invertir mucho más dinero, se deben optimizar los recursos que ya hay ahora. El problema de la lentitud de la Administración de Justicia no es por la falta de medios, es por descoordinación, desorganización, burocratización excesiva de la tramitación de los expedientes… Si tú vas a cualquiera de estos países nórdicos en los que nos estamos fijando, ves que todos los expedientes son de 20-30 folios, no tienen más, ¿dónde está todo? Digitalizado. Aquí no, aquí el ordenador lo utilizamos para escribir y poca cosa más. Por lo tanto los sumarios tienen cien, doscientos, mil folios. Esto hoy en día no tiene ningún sentido.

¿Qué mecanismos prevéis para luchar contra la corrupción?
Uno de los capítulos de la constitución que tendrá un desarrollo legislativo específico es potenciar lo que actualmente se conoce como la Oficina Antifraude. Hoy en día es un organismo de la Generalitat, y esto no puede ser. En los países nórdicos, los órganos de control de la corrupción financiera y política son totalmente independientes. Como mucho, en algún país dependen del parlamento, pero nunca del gobierno. En cambio aquí no, aquí ponemos al lobo a vigilar a las ovejas…

Somos bastante especialistas en esto…
Efectivamente, siempre lo hemos hecho. Entonces habrá un organismo, que será el equivalente a la actual Oficina Antifraude, con plenas competencias para investigar a todos los políticos, financieros, etcétera.

¿Y qué mecanismos se prevén de profundización democrática, además del propio proceso constituyente?
Una de las cosas que proponemos, y que somos conscientes de que será difícil de que se consiga, son los referéndums revocatorios. Por un lado, listas abiertas, que el ciudadano pueda votar al diputado número uno y al veinticuatro de una lista, o votar a diputados de listas distintas, y que se puedan presentar también personas independientes. Este sistema electoral hará que el poder legislativo sea mucho más plural, represente mucho más a la ciudadanía. Pero nos parece que tiene un efecto adicional muy positivo, que además los diputados representen a los ciudadanos de su territorio. Consecuencia derivada de esto: oficina abierta al público, como los ingleses, que los ciudadanos puedan irse a quejar a su diputado o su regidor: “Oye, que en tu programa electoral dijiste que harías esto y yo te he votado ¡y estás haciendo todo lo contrario!”; por lo tanto posibilidad de que los ciudadanos que se consideren engañados insten de los tribunales de justicia la convocatoria de un referéndum revocatorio. Esto lo hacen en Suiza, lo hacen algunos países democráticos. Pensamos que regenerará mucho el sistema democrático.

Entrando en política ficción… se celebra la consulta, sale un sí al estado catalán, y el proceso tira adelante, ¿cree que el equilibrio de fuerzas en el Parlament permitiría mantener el espíritu del texto que estáis preparando?
Yo confío en que sí. Y de hecho, el resultado de las últimas elecciones europeas demuestra que las cosas van por aquí. Es decir, que la ciudadanía ya no confía en los dos grandes partidos, en el bipartidismo clásico, y lo que quiere es que sus representantes sean mucho más abiertos, más transversales, es decir, que haya un pluripartidismo. En el momento en que tienes un parlamento, y un gobierno, que necesariamente debe pactar muchas cosas, eso obliga a una negociación democrática que creemos que es muy positiva. Confiamos que el nuevo Parlament del nuevo estado tenga estas características. A esto le añadimos a otra cosa, que también nos parece muy importante, que es prohibir, por norma constitucional, la disciplina de voto dentro de los partidos.

¿Cuándo tienen previsto hacer público el documento?
Nuestra idea es que sea a finales de diciembre de este año. Pero como es fácil imaginarse, dependerá de si el día 9 de noviembre hay consulta o no, y también del resultado de esta consulta.

¿Confía en que habrá consulta?
Estoy absolutamente convencido de que sí. El tema es sobre qué será la consulta, porque en estos momentos tenemos varias hipótesis abiertas. La primera, es que se celebre tal cual está planteada en estos momentos, con esta doble pregunta; la segunda, que haya algún tipo de negociación con el Gobierno central y el 9 de noviembre votemos una cosa distinta, una propuesta de financiación asimétrica, blindaje de competencias… Hoy por hoy parece difícil pero no se puede descartar, en política todo es posible.

¿O que prospere una reforma constitucional?
Una tercera hipótesis sería que efectivamente se abriese una tercera vía, de reforma constitucional, que es por dónde últimamente parece que está apostando de una forma mucho más concreta y no tan ambigua el PSOE; y una cuarta, nos podemos encontrar que el Gobierno español impugne el decreto de convocatoria y el Tribunal Constitucional la suspenda. Entonces habrá que ver qué hace el Parlament, desconvocar la consulta, o desobedecer al TC. Y como es un ejercicio democrático, habría un choque de legalidades y legitimidades y, en su día, el Tribunal Internacional de Justicia diría quién de los dos tiene razón, que para eso está.

¿Si hubiera una consulta y saliese un resultado contrario a la creación del nuevo estado?
Daríamos por acabado nuestro trabajo, respetando la decisión democrática mayoritaria de la ciudadanía. Habría sido un trabajo intelectual, de cariz jurídico, que a nosotros nos habría enriquecido mucho, pero que ya no tendría ningún sentido que viese la luz pública, porque sería inaplicable.

¿El expediente que le ha abierto el CGPJ cambia algo respecto a su participación en este grupo de trabajo?
De momento nada. Primero porque no está resuelto, y segundo porque confío que cuando lo resuelvan, espero que antes del verano, sea en el sentido que yo como jurista me imagino que debe ser, que es que lo archiven. Lo que estamos haciendo es absolutamente legal porque lo hacemos de manera gratuita, sin encargo de nadie, en nuestras horas libres, no afecta al rendimiento jurisdiccional… Ahora, si me encuentro con la sorpresa de que me ordenan que no continúe, evidentemente lo acataré, faltaría más, porque soy juez y debo cumplir las órdenes y las leyes, pero lo impugnaré ante el Tribunal Supremo y el Constitucional si hace falta.

Usted defendió ante el CGPJ que esta labor forma parte de su libertad de pensamiento y de expresión. ¿Comparte la opinión de algunos colegas suyos de que es justamente lo que trata de limitar ahora Gallardón con las reformas en la Justicia?
Sí, es así. En las últimas reformas en el ámbito del derecho a la libertad de reunión, de expresión, de concentración con el tema de los escraches, de opinión de los propios jueces, cada vez lo quieren restringir más. Debo decir que en este sentido es muy mayoritaria la opinión de toda la carrera judicial, tanto si del sector conservador -la Asociación Profesional de la Magistratura-, como el progresista -Jueces por la Democracia-, todos estamos muy en contra de estas reformas. Por lo tanto yo veo muy pocas posibilidades de que el ministro consiga aprobarlas. Han conseguido una cosa que era prácticamente imposible, poner a todo el sector jurídico de acuerdo, por una vez.

La abdicación del rey ha despertado peticiones de referéndum sobre modelo de estado. ¿Se abre un nuevo escenario? ¿Cómo puede afectar eso al proceso catalán?
Es una Caja de Pandora que no sabemos cómo puede salir. Quien se atreva a decir que la sucesión monárquica abrirá seguro un debate para ver si acabamos haciendo un referéndum sobre monarquía o república, pienso que estará especulando. Porque hoy por hoy es muy difícil saberlo, es demasiado reciente. Y decir si esto favorecerá o perjudicará al proceso de transición nacional de Cataluña pienso que también es muy complicado, porque dependerá mucho de la actitud que adopte el nuevo rey. Confío sinceramente que se implique en el tema, a diferencia de lo que ha hecho su padre.

Ha estado ausente del debate…
Lleva diez-quince años prácticamente desaparecido a este nivel, no hace su papel de árbitro constitucional y de árbitro entre territorios. Confío que su hijo sí que lo haga. El problema es que lo puede hacer en positivo o en negativo, y la verdad es que de momento es también una caja de sorpresas. El único discurso que ha hecho recientemente es muy ambivalente, porque dijo: “Defenderé la unidad de España dentro de la diversidad”; bueno, pues que explique qué entiende por diversidad, ¿entiende que la península ibérica es un conjunto de naciones y que estas naciones tienen derecho a una serie de especificidades? Esto es lo que nos tiene que explicar.