Militares críticos se plantan ante los abusos en el Ejército

Reportaje publicado en el número de junio de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

Es el segundo domingo de mayo y el sol descarga toda su artillería sobre el centro de Madrid. En el establecimiento de una conocida cadena editorial, el teniente Luis Gonzalo Segura presenta un libro en el que denuncia muchas de las irregularidades y abusos que ha presenciado en el seno del Ejército español durante sus 12 años de servicio. La sala está abarrotada de militares, muchos de ellos acompañados por sus familias, que escuchan atentos entre gestos de asentimiento. Cuando termina su exposición, Segura da paso al turno de preguntas, pero el público se queda unos segundos en silencio. Entonces, un hombre mayor situado al fondo, vestido con traje gris, avanza unos pasos y saca una gran harmónica con la que comienza a entonar un toque de corneta. Los asistentes se miran y sonríen, nerviosos, sin saber cómo reaccionar, cuando la canción se convierte de repente en el himno de España y, pronto, da paso a las notas del de la II República. Cuando el músico acaba su interpretación y, ante la atenta mirada de decenas de soldados, recuerda los efímeros intentos modernizadores del Ejército por parte del régimen republicano. La sala aplaude.

Es una estampa poco común en un ejército de acusada tradición reaccionaria, el síntoma de que algo empieza a cambiar. Poco a poco, cada vez más militares alzan su voz pese al duro sistema represivo que impera en la institución, para señalar la absoluta falta de democracia interna y de derechos. Algo que no sale gratis: los líderes de las asociaciones militares más progresistas han sido arrestados en varias ocasiones durante los últimos dos años, como le sucedió al cabo Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM), o al brigada Jorge Bravo. Ambos suman varios meses de internamiento en una cárcel militar por denunciar recortes esenciales, gastos superfluos, o por simples reclamaciones laborales. Estas severas represalias contrastan con las sufridas, por ejemplo, por el teniente general José Mena, quien insinuó, durante su discurso en la Pascua Militar en 2006, que el Ejército podría verse obligado a intervenir en Cataluña para proteger la Constitución. Las declaraciones le valieron el paso a la reserva —conservando su sueldo de alto mando— y tan solo ocho días de arresto domiciliario. Inexistentes han sido las consecuencias para el juez castrense Miguel Ayuso, quien afirmó, entre otras cosas, que la Guerra Civil fue una “verdadera cruzada” y la Constitución actual tiene un “origen bastardo y espúreo”. El Ministerio de Defensa exculpó al también teniente coronel a principios de este año y su expediente quedó limpio.

Uno de los principales problemas que resaltan los militares críticos es la ignorancia de la sociedad respecto a lo que ocurre dentro de los cuarteles, una opacidad a la que contribuye el propio departamento de Defensa, que se ha negado, tras dos semanas de contactos, a contestar una sola de las preguntas formuladas por La Marea. Por eso, en su libro Un paso al frente, el teniente Segura ha querido explicar detalles de los malos tratos que sufre la tropa, de la baja calidad de la comida que sirven o de los privilegios de los altos mandos, a los que llama, directamente “casta”. La novela va por la tercera edición a las pocas semanas de llegar a las librerías y está sirviendo de catalizador del descontento. “Las presentaciones están siendo auténticas sesiones de grupo en las que todos hacemos terapia, porque lo estamos pasando muy mal”, cuenta el oficial. “Mucha gente tiene miedo y no viene, por eso firmo muchos libros a padres y madres de militares”, agrega. Sentarse en la mesa junto a Segura durante uno de estos actos, asegura, puede acarrear graves consecuencias por lo que, normalmente, los que le flanquean son miembros civiles de las asociaciones castrenses.

Tanto el oficial como las organizaciones militares denuncian que todos estos abusos son posibles gracias a un sistema de poder y de justicia obsoleto enquistado en las Fuerzas Armadas (FAS). El primero de los elementos que entra en juego es un concepto de la disciplina llevado al extremo, que se conserva por “tradición”. “La normativa deja en manos del mando la aplicación del régimen disciplinario, desde el primer cabo hasta el general”, explican miembros de AUME, que prefieren permanecer en el anonimato para no sufrir represalias. El problema es que el concepto de disciplina, explican, “no está definido” y se aplica de forma arbitraria. “Cualquiera puede decir que algo va en contra de la misma y sancionar a un soldado sin que haya necesidad de dar justificación jurídica”. De este modo, el mando se erige en autoridad absoluta y de su decisión depende incluso la reclusión, en un centro disciplinario —en un régimen muy parecido al de una cárcel—, de su inferior durante uno o dos meses, sin pasar por un juez. De la propia AUME, el año pasado, fueron internados en centros disciplinarios varios dirigentes. Algunos de ellos, como los delegados de Murcia o Cádiz, han estado entre rejas simplemente por apoyar ante los medios de comunicación a la secretaria de la Mujer de la asociación, Teresa Franco, quien había denunciado previamente acoso y estaba sufriendo la aplicación de faltas leves continuas por parte de sus mandos, incluidos cinco arrestos desde marzo de 2012.

“Somos los únicos españoles que pueden perder la libertad por decisiones tomadas fuera de sede judicial, por orden de compañeros nuestros”, resume un miembro de la AMTM que también ha pedido que no se revele su identidad para evitar castigos. “Las garantías procesales que rigen el ejercicio de esas potestades son muy distintas a las que corresponden a cualquier ciudadano y, de hecho, en aras de este concepto de disciplina, se obliga de facto al militar a cumplir primero la sanción y luego, si quiere, recurrirla”, agrega. Este reglamento ha llevado a España, según explica Irene Lozano, portavoz de UPyD en la Comisión de Defensa del Congreso, a hacer una reserva a uno de los convenios europeos de Derechos Humanos. “Que alguien pueda ser privado de libertad por vía administrativa se considera una arbitrariedad, ya que tendría que intervenir un juez. Cuando un país tiene que hacer una reserva a un texto legal queda patente que éste no se ajusta a los estándares del Derecho Internacional”, sostiene Lozano.

Un trabajo precario

Al concepto arbitrario de disciplina que impera en el Ejército se le suman las condiciones laborales de la tropa. De un total de 120.000 militares, las escalas básicas están compuestas por unos 80.000, de los que 64.000 no son militares de carrera sino personal eventual y su sueldo se sitúa en torno a los 1.000 euros. Además, no se pagan las horas extras —no existe ese concepto— ni las guardias de 24 horas. Durante los primeros seis años, los soldados encadenan contratos de dos o tres años y, si superan satisfactoriamente ese periodo, el Ejército les puede hacer un contrato de larga duración hasta los 45 años. Para continuar en la tropa es crucial obtener un Informe Personal de Calificación (IPEC) positivo. El problema, sin embargo, es que estas evaluaciones corren a cargo de los superiores, sin que exista ninguna auditoría independiente, lo que da lugar a todo tipo de abusos.

Es el caso de Silvia Rodríguez, una soldado que comenzó a notar molestias físicas cuando entró a trabajar en la Guardia Real. Un día, en unas maniobras, notó que el brazo se le quedaba inmovilizado y así se lo comunicó a su capitán. Éste, sin embargo, le pidió que continuara. Por la noche, volvió a participar en una marcha hasta El Escorial y, a la vuelta, le comunicaron que quedaba arrestada en el cuartel durante 15 días por fingir una lesión.

Rodríguez, entonces, pidió permiso para ir al médico y, tras someterse a unas pruebas, le diagnosticaron un cáncer de mama. “A partir de aquel momento, el mando le dio la vuelta al arresto. Dijo que había abandonado el ejercicio de mala manera, que había tirado el arma”, explica. Ahora el castigo era por insubordinación. El teniente coronel, superior del capitán, cambió de dependencias a Rodríguez para mantener la situación bajo control, pero el primero mandó un informe negativo a la Junta de Evaluación. La soldado pasó de tener IPECS por encima del 9 en su anterior destino, Valencia, a un 4’8 en la Guardia Real.

Rodríguez enlazó la operación con la quimioterapia y se reincorporó lo antes posible a su puesto de trabajo, pese a las molestias del tratamiento, precisamente para no perderlo. Además, estaba presentando recursos para corregir la injusta situación en la que se había visto envuelta. “Tardaron menos de un mes en decirme que no me renovaban el contrato”, lamenta. La soldado se había pasado esos días tratando de no cruzarse con el capitán. “Estaba buscando cualquier excusa para arrestarme y yo tuve incluso que ir a un psicólogo militar porque no podía con la presión”, recuerda.

Dos legionarios durante en desfile del dia de la Hispanidad. FERNANDO SÁNCHEZ

Ella no ha sido la única que ha sufrido abusos por parte de este capitán. “Al llegar a la unidad, mis compañeros me avisaron de que este mando solía decir que no sabía qué cojones pintaban las mujeres en el Ejército”, explica. Rodríguez siempre había pensado que la mujer estaba bien adaptada en las FAS pero, tras su caso y el de otras compañeras, su percepción ha cambiado. “Sé de una chica a la que, por tener problemas en los ovarios, también la despidieron, y otra compañera de la Guardia Real se lesionó el tobillo y cayó en una depresión porque este capitán le hizo la vida imposible. Se dio la baja y no volvió a aparecer”, rememora esta militar. Precisamente por la arbitrariedad que permite la normativa, la ideología y los valores del mando marcan la diferencia.

Son muchos los excompañeros que le muestran su apoyo, pero lo hacen en privado. Ahora, la soldado trata de hacer justicia por la vía civil, pero el proceso está siendo una auténtica lucha contra la opacidad de una institución centenaria. Era su sexto año en el Ejército y, aunque ya no tiene muchas esperanzas de volver a incorporarse, al menos quiere que se limpie su nombre.

Partes que se quedan en el cajón

La impunidad que impera en las FAS da lugar a situaciones extremas. En 2007, el capitán Juan Miguel Camarón fue condenado a 17 años, cuatro meses y un día por abusar sexualmente de 28 mujeres aspirantes a soldado, de las que era instructor. Sin embargo, gracias al Código Penal Militar, sólo cumplirá tres y, además, no será expulsado del Ejército. En estos casos, el miedo al castigo y a perder el puesto de trabajo forman un cóctel explosivo. “Cuando alguien se ve en una situación como ésta e intenta protestar, lo que recibe es: oye, mira, como tramites este parte te voy a machacar”, añade.

Un soldado puede remitir un parte denunciando lo que considere una irregularidad. Quien lo recibe es el inmediato superior del suyo, y entre ambos, normalmente, hay un alto grado de complicidad. Un botón mal abrochado, llegar un minuto tarde, una pequeña mancha en el uniforme, los zapatos sin cepillar…cualquier excusa puede suponer una sanción si el superior quiere. En ocasiones, los soldados llegan al límite. “Hay muchos casos de depresión, de divorcio e incluso de suicidios en las FAS, pero no hay datos por ningún lado. Tengo amigos que se han quitado la vida pero está todo silenciado”, sostiene Segura.

Cuando un militar entra en las FAS y comienza a sufrir abusos, en muchas ocasiones no los identifica como tal, sino como parte del trabajo. “Hay unos señores feudales a los que les parece muy bien la ley pero en su compañía se hace lo que ellos dicen y, si no te gusta, te vas a la calle”, lamenta el oficial. “Tienes que aguantar muchas amenazas hasta que consigues que el parte llegue arriba y muchas veces no se tramita, se guarda en un cajón o directamente no te dan la razón”. El siguiente paso sería acudir a la Justicia militar, una opción ante la que desiste la mayoría. “Supone muchos gastos extra y, además, si no ganas, tienes que pagar los costes. Y, claro, si ganas 1.000 euros prefieres desistir, por lo que al final siempre ganan ellos”, zanja. Desde la AMTM, uno de sus miembros experto en Derecho indica que, en el caso de que la sentencia fuera favorable al denunciante, sólo se le suele indemnizar con unos 50 o 60 euros por día de privación de libertad que haya cumplido injustamente. La asociación militar lo sabe bien: su presidente, el cabo Antonio Martínez, está cumpliendo su tercera falta grave en lo que va de año. “Generalmente, el recurrente gasta mucho más dinero en el recurso aunque lo gane, además de haber tenido que cumplir ya el castigo impuesto”, lamenta. Además, el sancionador “no incurre en ningún tipo de responsabilidad” si Defensa pierde el procedimiento y el sancionado es absuelto. De este modo, los oficiales se rodean de un aura de impunidad difícilmente franqueable.

La opacidad trae también duras consecuencias para la integridad física de la tropa. El caso más dramático fue el del Yak-42, cuando 62 militares españoles —tropa y oficiales— murieron en Turquía después de estrellarse el avión en el que viajaban, subcontratado sin garantías. Diez años después, los familiares de las víctimas no han tenido justicia por aquellas muertes. “Se desconocen por completo las malas condiciones en las que trabajan y sólo nos enteramos cuando ocurre algo grave”, denuncia Irene Lozano, portavoz de la Comisión de Defensa en el Congreso. En Afganistán, varios soldados perdieron la vida en antiguos vehículos blindados BMR. “No se garantizan unas mínimas condiciones de seguridad. Faltaban unos vehículos modernos que habrían evitado muertes de soldados”, agrega.

Desde la AUME defienden que las soluciones pasan por democratizar el Ejército. “Todo lo que sea acabar con el abuso de jerarquía se ve como algo negativo, y es que la democracia le quita potestad y privilegios a los mandos”, explican estos militares. “En las academias, de cara a la sociedad, te enseñan con absoluto celo a defender la democracia y la Constitución, pero ojo, que esos valores nunca se introduzcan en las Fuerzas Armadas, la preocupación es que todo quede de puertas para afuera”, lamentan. Tras casi una década de existencia, la AUME sigue dispuesta a luchar para normalizar el asociacionismo militar y reivindicar derechos laborales y fundamentales. Para que no vuelvan a encarcelar a sus líderes sin que medie un juez y que puedan sentirse ciudadanos tanto fuera como dentro del cuartel.