Escrache a la presidenta de la SAREB, entidad que suma 50.000 millones de euros en activos

MADRID // Decenas de afectados y activistas de la Asamblea de Vivienda de Madrid han hecho este viernes el primer escrache a Belén Romana, presidenta de la SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o banco malo. En el portal de su domicilio, los manifestantes (Obra Social Madrid y grupos de vivienda de barrios y pueblos) han reivindicado que la SAREB facilite el acceso de las personas afectadas a las miles de casas vacías que gestiona la entidad y que está avalada con fondos públicos.

En torno a las 19.15, una veintena de manifestantes se ha concentrado frente a la casa de Romana, en el selecto barrio de Mirasierra. Han coreado consignas como «qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa», «Belén Romana, baja y da la cara» y «no consentimos ni un desahucio más», y han empapelado el muro del inmueble con pegatinas rojas y verdes. Efectivos de la Policía Nacional ha expulsado al grupo de la zona en un primer momento, pero cuando este abandonaba el lugar ha llegado un centenar de manifestantes que ha mantenido la protesta, con una pancarta en la que se podía leer «Si la SAREB es nuestra, sus casas también».

Los participantes en el escrache han denunciado los «supersalarios» que cobra la cúpula de la sociedad bancaria, a pesar de que cerró 2013 con unas pérdidas de 261 millones de euros. Como principal cabeza visible, critican que Romana hubiese cobrado el año pasado 295.000 euros.

Los colectivos de defensa de los afectados por las hipotecas sientan sus reivindicaciones en tres puntos: exigen la paralización de los procesos legales contra los «edificios recuperados» de la SAREB, la negociación de una solución habitacional a través de alquiler social y la elaboración de un plan de emergencia habitacional que «libere casas vacías de la SAREB en régimen de alquiler social» para las personas que no pueden acceder a una vivienda.

50.000 millones de euros en activos

La SAREB es una entidad público-privada, fruto de las «exigencias del rescate de la Troika y la UE», que se ha convertido en la mayor inmobiliaria europea «con más de 50.000 millones de euros en activos», han recordado en su comunicado. Los fondos provienen de los bancos españoles nacionalizados o que no fueron capaces de hacer frente a los requerimientos de solvencia sin recibir ayuda estatal. Entre otros, forman parte de este grupo Catalunya Caixa, NCG, Banco Gallego, Banco Valencia, Mare Nostrum, Caja 3, Liberbank y la joya de la corona, Bankia.

El accionariado de la SAREB está formado por organismos gubernamentales o inversores institucionales: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la gran mayoría de bancos sanos españoles (salvo el BBVA), algunas aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente…) y dos inversores extranjeros de largo arraigo en España (Deutsche Bank y Barclays). La razón de dar entrada a capital privado en la SAREB «no ha sido otra que la de evitar que la garantía del Estado que avala su deuda no compute como déficit público», denuncian los manifestantes. La gestión directa y del día a día de la mayor parte de los activos transmitidos a la SAREB se ha dejado en manos de los propios bancos inversores.

Pase lo que pase, las entidades privadas «se han quitado de encima activos tóxicos que lastraban sus contabilidades», reclaman. En caso de fracaso, serán los ciudadanos los que carguen con esos activos; en caso de éxito, miles de inversores habrán comprado a bajo precio lotes de viviendas y suelo (opción no disponible para ciudadanos de a pie) y volverán a ponerlos en circulación obteniendo plusvalías.

En este contexto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y muchos más grupos de defensa de la vivienda como derecho de la ciudadanía (asambleas del 15M, oficina de vivienda, asociaciones de vecinos, etc.), lanzaron la campaña de Obra Social con el objetivo de recuperar edificios vacíos de bancos rescatados y de la Sareb, para alojar a las personas que no pudiesen acceder de otra forma a una vivienda.

Desde que nació la campaña, hace poco más de dos años, La PAH ha realojado a más de 1.200 personas en una treintena de edificios repartidos por todo el Estado español.

La Obra Social Madrid y la Obra Social de La PAH exigen que las viviendas vacías propiedad de la SAREB y de los bancos recuperados con fondos públicos tengan un uso social: «Que sean alquiladas a precio justo, un porcentaje sobre los ingresos de las familias, a aquellas personas en situación de emergencia habitacional». «Es inadmisible que miles y miles de casas estén vacías, porque los bancos e inversores esperan una subida (los propietarios) o una bajada (los inversores) de los precios», mientras miles y miles de ciudadanos no tienen un techo en el que cobijarse, reclaman.

FOTOS: Paloma Sainz:

La Marea está editada por una cooperativa de periodistas y lectores
Suscríbete aquí para ayudarnos a hacer sostenible este proyecto