Indignación entre magistrados por la reforma de la Justicia Universal

La reforma impulsada por el Gobierno del Partido Popular que ha dado carpetazo a la Justicia Universal ha provocado el enfado de los jueces, que consideran muy grave que se impida juzgar a presuntos culpables de delitos de lesa humanidad. El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu calificó ayer la reforma de “chapucera” durante su intervención en un congreso sobre jurisdicción universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

El también juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz razonaba este martes en un auto en el que reivindicaba la investigación del genocidio de 200.000 personas en Guatemala, que la nueva norma “está viciada de inconstitucionalidad”. “De momento solo ha servido para liberar a 43 narcotraficantes y no se ha cerrado ninguna de las causas que se pretendía cerrar”, señaló Andreu en declaraciones recogidas por El País.

El mismo Andreu ha tenido que dejar en libertad a ocho narcos egipcios que habían sido detenidos en aguas internacionales cuando transportaban casi 10 toneladas de hachís. Con la nueva norma, los jueces españoles no pueden enjuiciar casos como este, pues limita la jurisdicción extraterritorial, en el caso del narcotráfico, a procesos dirigidos contra un ciudadano español o cuando el delito se cometa en territorio español.

El magistrado es también el instructor de los sumarios sobre los genocidios de Ruanda y el Congo de 1994 y el 2000. El juez recordó también una primera limitación de la Justicia Universal en 2009, con el PSOE en el Gobierno, y que le obligó a archivar una querella por un bombardeo israelí en el que murieron 14 civiles. “La ministra de Asuntos Exteriores de Israel pidió al entonces ministro español, Miguel Ángel Moratinos que se archivara y el Gobierno limitó la jurisdicción universal a los casos donde hubiera víctimas españolas”, señaló Andreu. La reforma de este año, indicó el juez, responde también a las presiones del Gobierno chino por la instrucción sobre el genocidio del Tibet.

Incumplimiento de tratados internacionales

Con la aplicación de la nueva jurisdicción universal, afirmó Pedraz en su auto, España se ve abocada a incumplir los compromisos adquiridos en tratados internacionales, lo que incluso vulneraría el artículo 10.2 de la Constitución, que fija que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades” se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales.

Pedraz apeló también al artículo 24, sobre el derecho a una tutela judicial efectiva, puesto que con la reforma se produce un “trato desigual a las víctimas” según el delito que se trate. “Produce una discriminación […] de víctimas españolas de genocidio, lesa humanidad, tortura o crímenes de guerra, en la que no basta ser nacional español [para que los tribunales actúen] sino que se requieren otras exigencias adicionales”, indicó el juez.

El exmagistrado Baltasar Garzón criticaba también el martes la reforma, al afirmar que el espíritu de la norma es “cerrar casos y no investigar”. Para Garzón, la reforma ha provocado una “grave inseguridad jurídica”, y “solo el empecinamiento del Gobierno está determinando que esto no se cambie”. Las sucesivas liberaciones de narcotraficantes al amparo de la nueva jurisdicción universal son para el exjuez inevitables, pero a su juicio las investigaciones “deberían mantenerse”, porque si no se quebrantarían los acuerdos internacionales.

La Marea está editada por una cooperativa de periodistas y lectores
Suscríbete aquí para ayudarnos a hacer sostenible este proyecto