Fondos de inversión y ONG se apuntan al negocio de la Sanidad madrileña

La acción judicial y la presión ciudadana lograron paralizar el pasado enero la privatización de seis hospitales madrileños. Toda una victoria para los defensores de la Sanidad pública que, sin embargo, no ha evitado que buena parte de la gestión sanitaria acabe en manos de grandes empresas e incluso fondos de inversión. En estos momentos, el servicio de Salud madrileño está viviendo una privatización subterránea que va más allá de la construcción y gestión de los hospitales.

La Consejería de Sanidad acuerda conciertos con unidades de cirugía, pruebas diagnósticas, rehabilitación, fisioterapia, oxigenoterapia, camas de pacientes crónicos, atención ambulatoria de salud mental, asesorías… Muchas de estas adjudicaciones no están auditadas y se trocean para evitar que salgan a concurso público. Según  cálculos de la oposición en la Asamblea de Madrid, dos tercios del presupuesto sanitario anual, unos 7.000 millones de euros, acaban en manos privadas.

Entre las empresas adjudicatarias, en los últimos años han empezado a aparecer asociaciones sin ánimo de lucro. Es el caso de Cruz Roja, que desde el 1 de marzo se encarga de las extracciones de sangre en los autobuses. Por cada bolsa cobra 67 euros.

Carmen Esbrí, de Attac Madrid y miembro de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP), es especialmente crítica con este tipo de acuerdos y con la actitud de Cruz Roja. «Se le ha dado entrada para que haga negocio con la sangre que donamos de una forma altruista. Además, hay algo muy peligroso, como el hecho de que las bases de datos de los donantes no están en manos públicas», denuncia. A su juicio, se trata de «un modelo perverso ya que se traslada la idea de que es beneficio porque favorecemos a unas entidades sin ánimo de lucro con un bien social. Pero no es así, ya que lo que hay es un negocio encubierto al que trasladamos dinero público».

Lavanderías, call centers y pruebas analíticas

Otro ejemplo es el de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A través de su Fundación, se ha convertido en la adjudicataria del servicio central de lavandería por 46 millones de euros. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Fundosa Lavanderías Industriales-Lavandería Industrial Laundry Center ganó el concurso en octubre de 2013, y en diciembre ya gestionaba el servicio en todos los hospitales públicos de la Comunidad. Entre sus primeras medidas, destaca la bajada del sueldo a los trabajadores, en algunos casos más de un 40%.

También obtiene beneficios de la privatización de la Sanidad madrileña la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Esta entidad se hace cargo de las mamografías en unidades móviles. Es un servicio que vienen desarrollando desde hace años pero, últimamente, se ha visto salpicado por la polémica tras conocerse que subcontrata el aparataje con la empresa IDC Salud (antigua Capio), una de las que más rentas obtiene de la privatización sanitaria.

Esta situación provocó que, a finales de 2012, varios miembros directivos de la AECC presentasen su dimisión. Desde la actual Junta Directiva ya han expresado que éste será el último convenio que se firme con la Comunidad de Madrid para gestionar el servicio de mamografías. “Creemos que debe ser responsabilidad de la Sanidad pública”, han expresado fuentes de la asociación.

En 2010, la Consejería de Sanidad sí sacó a concurso la gestión de un call center para centralizar las citas previas. La empresa adjudicataria fue Indra, que cuenta en su Consejo Asesor con Julián García Vargas, exministro de Sanidad  en uno de los gobiernos de Felipe González. La licencia finaliza  este año. Fuentes de la Consejería han confirmado a este diario que “se va a renovar el convenio con esta empresa”.

Otro de los servicios que aún sigue privatizado es el laboratorio central de referencia. Ribera Salud, empresa especializada en gestión sanitaria, controla el 45% de la UTE a la que se le adjudicó el servicio en 2008. Esta UTE realizará las pruebas analíticas a una población potencial de más de un millón de pacientes hasta 2016, con posibilidad de prórrogahasta 2018.

Para entender el proceso de la privatización de la Sanidad madrileña hay que remontarse a los gobiernos de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. La presidenta que ostentó este cargo entre 2003 y 2012 no tardó en anunciar la creación de 11 hospitales de gestión privada. Todos ellos con capital procedente de inmobiliarias y bancos. Ninguno con dinero público. Durante la inauguración del hospital de Torrejón, el 22 de septiembre de 2011, Aguirre alardeó de que esta situación “no tenía parangón” en la historia mundial, “ni siquiera en Alemania”.

Aguirre abrió esos hospitales a base de hipotecar el futuro de su Consejería de Sanidad a los intereses de constructoras. Acciona, FCC, Sacyr o Dragados aprovecharon los años del boom inmobiliario para darle liquidez al gobierno conservador de la Comunidad de Madrid a cambio de asegurarse unos beneficios fijos y estables durante 30 años. Es el modelo privatizador madrileño, una versión 2.0 (o cañí, como la definen algunos) del modelo Alzira implantado años antes por el gobierno de Eduardo Zaplana en el País Valenciano.

Siete de esos 11 hospitales nacieron durante los años 2007 y 2008 bajo el impulso de grandes constructoras que, poco antes de que estallase la burbuja especulativa en su sector, ya se habían adentrado en el de la salud. El acuerdo consiste en que las empresas se hagan cargo de la construcción del hospital y de su gestión durante 30 años. A cambio de responsabilizarse de todos los servicios del centro hospitalario, excepto lo que se conoce como bata blanca –personal médico y de enfermería–, reciben una compensación económica millonaria.

A partir de 2011, se instaura el modelo de gestión privada integral. Nacen así los hospitales de Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba y Torrejón. Los tres primeros, bajo el control de Capio, y el último, en manos de Ribera Salud. En estos casos, la privatización es total, la empresa gestiona incluso al personal sanitario. Fuentes no oficiales de la Consejería de Sanidad denuncian que Esperanza Aguirre recibió a su llegada al poder un informe técnico donde se aseguraba que “debido al incremento de tarjetas sanitarias había que construir cuatro hospitales de tamaño medio”. Estos centros debían dar apoyo al Gregorio Marañón, al Clínico, al 12 de Octubre y a la Paz, todos en la capital.

Las mismas fuentes explican que “ese estudio se ninguneó por intereses económicos. Es entonces cuando empieza a plantearse el plan de infraestructuras, que sospechamos que se pactó con Seopan, la patronal de las constructoras”. Para la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) no hubo planificación. “Un buen ejemplo es el hospital de Majadahonda, el más grande y el que, según los estudios de frecuentación, se ha levantado donde menos falta hace”, añaden.

Entran en juego los fondos de inversión

Además de constructoras y ONG, en los últimos años los fondos de inversión también han entrado en el sector de la salud. De hecho, Sacyr anunció el 17 de marzo la venta de la mitad de su participación en los hospitales de Parla y Coslada por 90,2 millones de euros. El comprador es el fondo de inversión LBEIP, del Lloyds Bank, quien también negocia para adquirir el de Arganda.

Para Carmen Esbrí, de Attac, “esto significa perder el control de la Sanidad, ya que si se cede parte de la gestión a un fondo de inversión y no les va bien, se lo venderán a un tercero, y esta red puede no tener fin”. Desde la MEDSAP denuncian que “llegará el momento en el que ni siquiera sepamos de quién es el hospital”.

Por su parte, la Consejería de Sanidad defiende que “entre otras ventajas” la participación privada, a la que suelen denominar ‘externalización’, “permite poner en marcha un hospital en sólo 18 meses”. Asimismo, añaden que los construidos directamente por la Administración “tardaron cinco y seis años”.

Para José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, se trata de un “modelo que nace de una política irresponsable, en este caso de Aguirre, que cuenta con el apoyo de los indocumentados técnicamente insolventes que han gestionado la Sanidad estos años”.

El portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, señala que la gestión privatizada “es más ineficiente desde el punto de vista económico, más cara y por supuesto más opaca”. Además, denuncia que hay “más dificultades para controlar las transferencias de recursos a los grupos empresariales”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió el pasado 9 de enero la suspensión cautelar de la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud proyectados por Esperanza Aguirre. Tres semanas después, dimitió el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, y el propio presidente de la Comunidad, Ignacio González, anunció que renunciaba a la privatización.

Hoy, cuando se pregunta a los defensores de la Sanidad pública si se puede dar marcha atrás en la privatización, la respuesta es clara: sí. Para Juan Antonio Gómez, de CAS Madrid, el proceso “sería reversible, pero debe estar  relacionado con el nivel de movilización en la calle. Si hay fuerza, será más fácil”.

Para ello, Gómez asegura que “habrá que hacer estudios para ver qué hospitales eran necesarios y rescatarlos. Aun así, ahorraríamos dinero”. También habría que ver “si la empresa no ha cumplido el acuerdo y si se puede rescindir el contrato”. Mientras esta situación llega, la marea blanca denuncia la firma de los contratos menores. La privatización, aseguran, no cesa.

Artículo publicado en la edición especial de Heraldo de Madrid, en quioscos durante abril de 2014. Puedes conseguir un ejemplar suscribiéndote a La Marea durante el mes de mayo.