La Corrala Utopía en los medios, okupas, radicalidad y Semana Santa

El realojo de los vecinos de la Corrala Utopía que el pasado 6 de abril fueron desalojados por el Ayuntamiento de Sevilla de las viviendas de Ibercaja, que ocupaban desde hace 18 meses, ha puesto en entredicho el trato que los medios de comunicación han dado al derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, subyugándolo a las disputas políticas que adquieren una dimensión importante ante la cita electoral del próximo 25 de mayo para las elecciones europeas.

Las palabras más usadas para definir la situación que se ha vivido estos días han sido las de “okupas” para las familias y la de “radicalidad” para las medidas de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Tras el desalojo de los vecinos ordenado por un juez a petición de Ibercaja, dueño del inmueble, las familias acamparon en la Plaza Nueva de Sevilla. Las primeras reacciones que esa decisión de los miembros de la Corrala Utopía provocó en algunos medios de comunicación se basó en el perjuicio que esa acampada causaría en los pasos de la Semana Santa. El diario ABC de Sevilla se mostraba preocupado porque la acampada de los vecinos que habían sido desalojados se fuese a instalar en un lugar donde enturbiarían el paso de varias cofradías. “Tras intentar irrumpir en la Catedral, los organizadores aseguran que no se moverán de la Plaza Nueva hasta que no les den un piso. Por donde están instalados pasan varias cofradías”. ABC se preocupaba de que la actitud de los desalojados, acampados en la plaza, supondría un grave agravio a la celebración cristiana. “Esta postura puede afectar claramente al desarrollo de la Semana Santa, ya que el próximo domingo tendrá que pasar justo por el lugar en el que se han instalado los okupas la hermandad de La Paz y detrás de ésta lo tendrán que hacer otras muchas”.

El desalojo no ocupó demasiado tiempo en la agenda pública, lo suficiente para que los partidos políticos hicieran sus exigencias al resto de formaciones. Tras el desalojo, el 7 de abril, Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla instaba al PP y al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a dar una solución inmediata a las familias desalojadas: «Hoy se ven las vergüenzas de Zoido porque, como la Corrala, hay 800 familias pidiendo vivienda social». El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento añadió: «Lo primero es pensar en las personas, que hoy están en la puerta del Ayuntamiento y no tienen donde ir esta noche, por lo que necesitan una respuesta».

El 9 de abril, El Mundo publicaba un teletipo de la agencia Efe: “La Junta realojará a las 22 familias desalojadas de la Corrala Utopía”. En la noticia se decía que la Junta de Andalucía asumiría el realojo de las 22 familias tras haberse negado el Ayuntamiento de Sevilla, previa petición de la Junta, a liberar 16 inmuebles de los 528 que posee desahabitados para realojar a los vecinos de la Corrala. La noticia continuaba diciendo que, con esta decisión, la Junta daba cumplimiento al auto del juzgado de instrucción número 3, a fecha 25 de febrero, que mandaba a las administraciones a «Proveer lo necesario» para atender «a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social».

Tras la decisión de la Junta de Andalucía, todavía no se hablaba de IU y PSOE, de realojar a esas familias, y la posterior decisión de Susana Díaz de despojar de sus competencias en vivienda a Elena Cortés, los medios comenzaron a tratar el asunto como una guerra entre partidos, y pasó a tener un posicionamiento ideológico.

El editorial de El País del 10 de abril, que se titulaba Un gesto de firmeza, decía: “Susana Díaz frena una entrega discrecional de viviendas a un colectivo de okupas”. Cabe resaltar que la condición elegida por El País en su editorial para definir la condición de los realojados fuese la de okupa y la de familias necesitadas, ciudadanos sin viviendas o personas en riesgo de exclusión social. La carga peyorativa que implica la palabra «okupa» sirve para esconder la situación de pobreza que vivían las personas que ocuparon el bloque de Ibercaja por no tener otro sitio donde vivir.

La aplaudida decisión de Susana Díaz de despojar a Elena Cortés de las competencias de viviendas estaba argumentada por El País de la siguiente manera: “Sin evaluar cuáles eran, [las necesidades de los vecinos] la consejería procedió a gestionarles viviendas públicas. Se da así la impresión de que merece la pena utilizar el método de la patada en la puerta, en vez de aguardar el turno de adjudicatarios de viviendas públicas».

El editorial de El Mundo iba en la misma línea que el de su competidor. Para el diario conservador, el choque entre PSOE e IU era cuestión de tiempo debido a que “Vista la radicalidad de los planteamientos de IU, era cuestión de tiempo que ambas formaciones chocaran: un día apoya la ocupación de fincas, al siguiente los escraches a políticos y acaba saltándose el turno de adjudicación de pisos destinados a personas desfavorecidas para beneficiar a un colectivo afín”. El rotativo continuaba ensalzando la labor de Susana Díaz al plantarse frente a IU y quitarle las competencias a la consejera de Vivienda, Elena Cortés, aún exigiendo la destitución de la consejera, ya que “alguien tiene que responsabilizarse de que se haya preferido realojar a unos okupas antes que atender las necesidades de personas con verdadero riesgo de exclusión social”.

El término radicalidad, de las medidas de IU, ha sido de uso generalizado en los medios de comunicación al tratar el tema que nos ocupa. Una noticia de ABC del 11 de abril hablaba de las medidas radicales que habían desgastado el pacto de gobierno en Andalucía. Entre ellas, pagar luz y agua a los más necesitados, la ley antidesahucios o el Plan Andaluz de la Bicicleta. La portada de La Razón también hacía énfasis en la radicalidad de IU como detonante de las tensiones entre socios de gobierno en Andalucía.

Una semana después del desalojo de los vecinos de la Corrala Utopía y tras las gravísimas acusaciones vertidas entre socios de gobierno, la crisis en Andalucía entre PSOE e IU se ha cerrado, pero el problema de los miles de ciudadanos sin vivienda continúa. Según un editorial de El País del año 2013, el Colegio de Registradores de la Propiedad publicó que más de 30.000 primeras viviendas quedaron en manos de la banca por el impago de créditos hipotecarios: más de 30.000 desahucios de primera vivienda. El SAREB, con una ingente cantidad de dinero público inyectada, vendió a precio de saldo más de 9.000 viviendas en 2013. A pesar de ello, el dramático problema de la vivienda en España ha quedado reducido a ser un buen exponente de la mayoría silenciosa. Apuntarte en una lista, saber esperar tu turno y no molestar demasiado.

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