Las instituciones ignoran más de la mitad de las solicitudes de información

MADRID // Del “vuelva usted mañana” del funcionariado que describía Larra en el siglo XIX, al silencio administrativo en el siglo XXI. El 57% de las peticiones de información a las distintas administraciones públicas caen en el olvido, según denuncian las organizaciones Acces Info Europe y Civio en su informe anual.

Durante el año pasado estas entidades han realizado un total de 645 peticiones de información a diferentes administraciones estatales, autonómicas o locales. De ellas, 375 se quedaron sin respuesta. Los resultados de este trabajo no sólo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 43%) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente el 13% (84 solicitudes) recibió la información que se pedía. En el 11% de los casos las instituciones alegaron no poseer la información solicitada; un 7% de las respuestas fueron inadecuadas (casos en que lo contestado no tiene nada que ver con la pregunta); un 4% incompletas; un 4% remitió a formularios institucionales (una medida restrictiva respecto al correo electrónico) y el 2% de las solicitudes fueron rechazadas.

Las solicitudes se enviaron a través del portal derechoasaber, el mismo año en el que se ha aprobado la Ley de Transparencia que deberá entrar en vigor en menos de ocho meses.

Desde Civio destacan que el informe revela un «alarmante agravamiento de la opacidad» en las entidades locales. Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes de información, un 11% más que en 2012. Estas entidades cuentan con un año extra de plazo para atajar este problema y no estarán obligadas a aplicar la nueva  normativa de transparencia hasta diciembre de 2015.

Por comunidades autónomas

Por contra, las instituciones de alcance autonómico mejoran sus ratios de respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la callada por respuesta se redujo en las solicitudes a los gobiernos de las comunidades autónomas del 41% al 32%, estando varias de ellas inmersas actualmente en la tramitación de sus propias leyes de transparencia. Entre las comunidades autónomas, Cataluña es la que más solicitudes de información recibió en 2013. De 19 solicitudes de información, el 47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron dirigidas a un formulario interno, por lo que la respuesta, si la hay, queda fuera del conocimiento público.

«No siempre ha sido así. Hasta hace poco, la Generalitat admitía preguntas por correo electrónico, pero ha pasado recientemente a vetar esta vía de comunicación y se niega a facilitar una dirección de correo electrónico de contacto», explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio.

También destacan los casos de la Comunidad de Madrid, (de las 19 solicitudes recibidas, el 53% alegó no poseer la información), Galicia, (nueve solicitudes y silencio en el 44% de ellas), Castilla y León (15 preguntas, ocho de ellas satisfactorias) y País Vasco (17 solicitudes, ocho satisfactorias).

Los silencios de los ministerios

El silencio administrativo se redujo mínimamente de 2013 a 2012 en las entidades nacionales, principalmente ministerios: del 53% al 47%. De los más de 550 organismos listados en Tuderechoasaber.es, el que más preguntas de ciudadanos ha recibido durante 2013 fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque su porcentaje de silencio administrativo fue muy inferior a la media (17%), este ministerio aseguró no poseer la información reclamada en el 48% de las solicitudes de información.

El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las 19 solicitudes de información recibida ninguna fue respondida.

«A la espera de que la ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su cumplimiento», afirma Eva Belmonte. «¿Qué ocurre con las solicitudes vinculadas a información medioambiental, que sí cuentan con una ley en vigor desde julio
de 2006? De las 38 preguntas relacionadas con este ámbito, casi un 40%, fueron ignoradas. Por eso insistimos en que la transparencia se debe más a la voluntad de las instituciones que a las garantías de una nueva ley», explica.