Mil propiedades de la Iglesia burlan a Hacienda en Valencia

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Guillermo González y otros cuatro miembros de Europa Laica llevan un año fiscalizando más de 1.200 propiedades que tiene la Iglesia católica en la ciudad de Valencia, una de las pocas en las que se ha hecho público el listado completo de inmuebles del Arzobispado. A ello dedican fines de semana, vacaciones y días libres que piden en el trabajo para hacer consultas en la Administración. “Esto lo tendría que estar haciendo un inspector, pero la dejadez del Ayuntamiento es tremenda”, critica González.

Conocer el listado costó, explica, porque las concejalías de Hacienda de los municipios los guardan con recelo para evitar “sacarle los colores” a la Iglesia. El Ayuntamiento de Valencia tuvo que hacerlo público a finales de 2012, a regañadientes, tras una consulta del concejal Joan Ribó (Compromís). El consistorio entregó dos documentos con los nombres de 440 propiedades del Arzobispado y 1.040 de diversas fundaciones, respectivamente. El 80% de éstas últimas, al menos, está ligado a la Iglesia. Además del listado oficial, los activistas han encontrado otras 38 propiedades del Arzobispado.

Una por una, cruzando los datos con el registro del catastro, el grupo laicista ha elaborado un catálogo con todas las propiedades católicas que hay en la ciudad, en función de su uso: 512 viviendas, 171 aparcamientos, 112 locales comerciales… Sólo 232 están dedicadas a uso religioso, es decir, el 18%. Las cifras pueden bailar ligeramente, matizan, porque en algunos casos no está claro el uso que se le da a estos inmuebles.

En 1979, la Conferencia Episcopal logró –gracias a los acuerdos del Estado con la Santa Sede– que sus propiedades quedasen exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con la única condición de que se declare que en ellas “se realiza actividad pastoral”. Al pago del IBI está obligada la mayoría de organizaciones en España, excepto las vinculadas a cuatro confesiones religiosas (católica, musulmana, evangélica y judía) y las amparadas por la ley de mecenazgo, como son las fundaciones.

Este privilegio choca con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad y, según calcula el concejal Ribó, el Ayuntamiento de Valencia estaría dejando de ingresar cada año cerca de 2 millones de euros por este concepto. Las estimaciones de Europa Laica para todo el Estado son mucho más altas: los impuestos totales (IBI, sociedades, IRPF y obras) que las administraciones perdonan a la Iglesia cada año podrían alcanzar los 2.500 millones. Esta cantidad es imposible de conocer con exactitud debido a la opacidad de las cuentas de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Ni los gobiernos del PSOE (Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero) ni los del PP (José María Aznar y Mariano Rajoy) han cuestionado este privilegio durante sus respectivos mandatos. La CEE suele guardar silencio sobre la cuestión de los impuestos. En 2013, cuando el Ayuntamiento de Soria amenazó con cobrar el tributo por 18 inmuebles católicos, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, se enfrentó al consistorio alertando de las consecuencias que generaría el cobro del IBI a la Iglesia: “El efecto final sería dañino para los ciudadanos”, advirtió.

Europa Laica denuncia que, además, la Iglesia y el Ministerio de Hacienda hacen caso omiso a una de las cláusulas de los acuerdos de 1979, que impide que la institución católica se lucre gracias a la explotación de los inmuebles exentos de IBI. La mayor parte de las viviendas, aparcamientos y locales comerciales de la Iglesia en Valencia están en régimen de alquiler y le reportan cientos de miles de euros cada año.

Entre éstos, hay una tienda de ropa interior, un concesionario de coches, una clínica de estética, solares con huertos de patatas y hasta un dönner kebab. No son negocios de la Iglesia, pero el Arzobispado se lucra con ellos, ya que son locales que alquila a terceros. “Aunque no están destinados al culto, Hacienda les perdona el IBI. ¡Es un escándalo!”, critica Guillermo González, enfadado por la complicidad que encuentra la Conferencia Episcopal en el PP valenciano. Sin embargo, esta protección se da también en consistorios gobernados por otras fuerzas políticas.

En Valencia, el alquiler de locales es la tercera fuente de financiación del Arzobispado, tras la casilla de la declaración de la renta (70% del total) y el cepillo de limosnas (15%), según su memoria económica de 2012. Sólo en la capital ingresó más de 15 millones aquel año por este concepto. Todos ellos, libres de impuestos. En 2013, ayuntamientos como Donostia, Soria o Mieres (Asturias) impulsaron iniciativas para hacer pagar a la Iglesia el IBI por sus propiedades y solicitar al Parlamento español que derogase los privilegios recogidos en los acuerdos de 1979.

Antes que ellos, en enero del mismo año, un juzgado había condenado a la Diócesis ourensana, con una sentencia histórica, a pagar el impuesto por cuatro fincas urbanizables en Allariz (Ourense). Una tenía cerca de 2.000 metros cuadrados y, como las otras tres, no cumplía con el requisito de realizar “actividades pastorales” para estar exenta del IBI. En 2011, el Ayuntamiento de Allariz calculó que la Diócesis había dejado de pagarle en tres años 329 euros por las cuatro propiedades.

Sin embargo, la Iglesia reclamó y el caso llegó al Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre de 2013, sentenció a favor de la organización católica, amparándose en los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Desde entonces, la mayoría de ayuntamientos ha paralizado sus campañas. El concejal valenciano Joan Ribó reconoce que bajó los brazos tras la sentencia del TC porque no le quedaba margen de maniobra. Su única esperanza está en que “se deroguen los acuerdos de 1979”.

Otra de las iniciativas vecinales más destacadas de los últimos años contra los privilegios de las propiedades de la Iglesia fue la de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que trató de arrancarle el poder de registrar inmuebles como propios sin el conocimiento de la administración. Esta capacidad se la dio el gobierno de Aznar en 1998, que amplió la reforma de la Ley Hipotecaria franquista de 1946.

Así, desde hace 16 años, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inmatricular fincas, catedrales o cualquier propiedad no registrada. Ni la administración pública ni los notarios deben supervisarlo y cada apropiación le cuesta apenas 30 euros. Si otra organización (o ciudadano) quiere hacer lo mismo, tiene que pasar por un calvario burocrático y la Administración tiene la última palabra.

Un partido al servicio del clero

El PP gobierna la ciudad de Valencia desde 1991 y las relaciones partido-arzobispado van más allá del ámbito institucional. Tras las elecciones autonómicas de 2011, el presidente de Les Corts Valencianes y miembro del Opus Dei, Juan Cotino (PP), hizo jurar o prometer el cargo a los 99 diputados delante de un crucifijo. Y no es casualidad que el rey Juan Carlos y los obispos cursasen una petición a Juan Pablo II para que Valencia albergase el V Encuentro Mundial de las Familias en 2006, que finalmente presidió Benedicto XVI.

Además, con el tiempo, se descubrió que la trama Gürtel también sacó tajada del viaje: la red corrupta del PP la utilizó para dar un gran pelotazo y apropiarse, entre otros, de 4 millones de Canal 9. La visita costó a las arcas públicas 14 millones sólo en urinarios, mochilas y publicidad.

Los favores del PP a la Iglesia en Valencia también benefician a sus centros de enseñanza. En 2012, se cedió suelo público, “donde tendría que haber algo público”, a una escuela católica privada, reivindica la concejala de Esquerra Unida Rosa Albert. El centro todavía no está construido y los suelos, que fueron concedidos en calidad de Centros de Iniciativa Social –terreno público que se cede al interés privado por 75 años– se entregaron sin contraprestación.

La decisión de la Concejalía de Urbanismo levantó ampollas ya que ésta había rechazado más de 300 alegaciones a la revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de vecinos, empresarios y asociaciones encaminadas a obtener cambios de uso en suelo urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento sí que tramitó las peticiones de la asociación de colegios religiosos para recalificar algunos centros, que pasaron de ser equipamientos escolares públicos a dotacionales privados. Esto les blinda de posibles expropiaciones y les abre las puertas a convertirse en otro tipo de centros.

Además de colegios, el Arzobispado cuenta con un importante parque de terrenos dentro de Valencia. El más grande que ha encontrado el grupo de Europa Laica está en la calle Ángel Villena: 19.531 metros cuadrados a menos de un kilómetro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vallado, en su interior crecen los matorrales. Otros terrenos los han ocupado los vecinos para aparcar sus coches, mientras su precio sube o baja cada año.

Después de recorrer los estrechos callejones de la almendra central de Valencia, donde se concentra el grueso de los locales comerciales propiedad de la Iglesia, González se detiene en la esquina de la plaza del Ayuntamiento con la calle Barcelonina. Y señala unos bajos en los que hay instalada una tienda de la franquicia Calzedonia, de calcetines y medias, uno de los locales que no paga IBI: “¿Te parece un lugar de culto? Pues a Hacienda sí. Nos toman por tontos”.