Distintas formas de medir la pobreza

MADRID// El pasado 27 de marzo se hizo público un informe de Cáritas que hablaba de un millón y medio de hogares en situación de exclusión social severa y situaba a España como el segundo país dentro de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Ese mismo día, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseveró que se trataba de un diagnóstico erróneo por basarse en “una medición puramente estadística”. Tampoco estuvo de acuerdo con las conclusiones del estudio ya que, según su opinión, no se correspondían la España actual, que “está superando la crisis con el esfuerzo de todos”, pero también con “políticas de cohesión social”, algo que, según su opinión, no se tiene en cuenta en el mencionado estudio, por lo que solicitó a Cáritas que no provocara debates que no se correspondían con la realidad.

Según lo declarado por el ministro de Hacienda, “si hay más desigualdad en España es por consecuencia de la crisis y el paro que ha generado esa crisis”. Una afirmación que ya contempla el informe de la ONG elaborado por FOESSA. En su análisis de los indicadores sociales, hablan la reducción de la renta, un incremento de salarios inferior al aumento de precios y una mayor desigualdad. Además, constata que se ha generado menos empleo y que el que se ha creado es, mayoritariamente, temporal con salarios más bajos y repartidos con mayor desigualdad. Es decir, habla de las consecuencias de esa crisis a la que se refiere Montoro y que son las que han provocado un aumento de la pobreza en este país.

Por otro lado, a Montoro no le pareció adecuado que, para obtener estos datos, el estudio se basara en mediciones estadísticas. Estas cifras fueron obtenidas del Instituto Nacional de Estadística, que depende del Ministerio de Economía y del Eurostat, y son las mismas que ha utilizado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para elaborar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. Y también en estadísticas se basó el propio ministro para pedirle ayuda al Banco Central Europeo, en junio de 2012, ante la situación “crítica” que atravesaba el país o para aseverar, el pasado mes de octubre, que España saldrá de la crisis en 2014.

A pesar de ello, no parece que al ministro de Hacienda le convenza que se recurra a los criterios establecidos en el INE para hablar de la pobreza de un país ya que «cuando se habla en términos estadísticos, se está hablando de otro umbral de renta que lleva a la pobreza».  Sin embargo, además del criterio que hace referencia a la renta de los ciudadanos de una determinada región, es necesario aportar otros parámetros para poder radiografiar un país y establecer cuántos de sus habitantes no presentan unas condiciones dignas de vida.

Según explica Lucía Vicent, miembro de Fuhem Ecosocial e investigadora en el ICEI, la pobreza puede definirse como “aquella situación que sufren las personas que no alcanzan a acceder al 60% del ingreso medio de la población en general. Ese umbral, reducido al 50%, supondría hablar de una situación real de pobreza y por debajo del 40% se considera que padecen una situación de extrema pobreza». Este es el criterio que Montoro considera inadecuado para analizar la realidad española.

Otros parámetros de medición

Por ello, Vicent señala que, además, “existen indicadores agregados como AROPE, que mide la pobreza y exclusión social”. Este indicador agrupa tres factores. Primero, la renta (población bajo el umbral de la pobreza: es el porcentaje de personas por debajo del 60% de la mediana de los ingresos). Este indicador hay que combinarlo con otros dos para poder analizar con mayor rigor la realidad de una región. Por un lado, la intensidad  de trabajo (que contempla el número de personas activas que cuentan con un empleo y que será mayor cuanto más personas participen en el mercado laboral).

Por el otro, la privación material severa, que determina el número de personas que en sus hogares no tienen acceso a entre 4 y 9 bienes relacionados con un nivel de vida digno: permitirse una adecuada temperatura dentro de la vivienda, poder afrontar el pago de imprevistos, garantizar el pago de gastos asociados a la vivienda dentro de plazo o la posibilidad de comer carne o pescado tres veces semanales. Algunos de estos indicadores, que no hablan de la renta de la población aunque estén relacionados con ella, también los contempla el informe elaborado por FOESSA para Cáritas.

Por ejemplo, respecto a la vivienda. El estudio hace alusión a los más de 90.000 procesos de desahucio que se produjeron en 2012 en España, según los datos del Consejo General del Poder Judicial; más de un 17% respecto al año anterior. Además, destaca que, “si bien los datos de los tres primeros trimestres de 2013 muestran cierta tendencia a la reducción si se comparan con los del mismo periodo del año anterior”, también es cierto que “siguen siendo cifras muy elevadas” y que en esta moderación “ha tenido un efecto importante la secuencia de decisiones adoptadas desde diversas instancias judiciales y legislativas”, tanto en el ámbito europeo como por parte del Tribunal Supremo español.

Respecto a las dificultades para afrontar gastos imprevistos, así como a la dificultad para pagar las facturas en el plazo requerido, Cáritas hace referencia al avance respecto 2013 de la Encuesta de Condiciones de Vida. En este documento queda plasmado cómo el 40,9% de los hogares no tuvo capacidad suficiente como para afrontar gastos imprevistos, y que el 9,2% de los hogares registró retrasos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,…) en los 12 meses anteriores al de la entrevista, un 0,8% más que el año anterior.

Los únicos datos sobre los que no habla el estudio de Cáritas son los relacionados con la pobreza energética, que en Europa se evalúa en función de las dificultades de los hogares para mantener una temperatura adecuada de la vivienda (establecida entre los 18 y los 24 grados). Sin embargo, sí los recoge el estudio que la Asociación de Ciencias Ambientales hizo público el pasado 27 de marzo, el mismo día que se presentó  el informe de FOESSA. En el informe que ACA presentó en 2012 se reflejaba que el porcentaje de hogares con gastos de energía desproporcionados alcanzó el 12% (cerca de 5 millones de personas) y el de hogares que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno era del 8% (aproximadamente 3,5 millones de personas).

El nuevo estudio presentado revelaba que ambas cifras habían aumentado considerablemente en los últimos dos años ya que el porcentaje de hogares con gastos de energía desproporcionados alcanzó el 17% (más de 7 millones de personas) y el de hogares que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno era del 9% (alrededor de 4 millones de personas). Es decir, un 34% más en el primer caso y un 19% en el segundo.

Entre las múltiples consecuencias negativas que la obligación de destinar un porcentaje excesivo de los ingresos a satisfacer las facturas relacionadas con la energía, la ACA señala que “afecta también negativamente a la dieta de las familias ya que reduce el presupuesto del hogar para alimentación”. Y esto afecta directamente en otro de los requisitos incluidos en el tercer factor del AROPE para hablar de pobreza, y que se refiere la posibilidad de comer carne o pescado tres veces semanales. Un argumento en la línea de lo expresado en el estudio de Cáritas, donde alertan de que “el proceso más preocupante es el incremento de los hogares que, para mantener su vivienda, deben hacer un esfuerzo económico tan importante que los coloca en situaciones de pobreza severa una vez descontados los gastos de vivienda».

Botín: “La recuperación es un hecho y nadie lo duda”

Tanto en el caso de Cáritas como en el de la Asociación de Ciencias Ambientales, los datos recogidos en sus informes revelan que el aumento de la pobreza en España es real y que cada vez hay más personas que presentan serias dificultades para alcanzar un nivel de vida digno. Una realidad que no parece corresponderse con la de la España en la que vive el presidente del BSCH, Emilio Botín quien, el pasado 28 de marzo, en su discurso ante los accionistas en la Junta General Ordinaria de 2014, afirmó que la recuperación económica era un hecho que nadie podía negar.

O casi nadie, ya que para Lucía Vicent esta recuperación no parece ser tan evidente. “Desde la perspectiva agregada que ofrece el PIB, principal indicador que utilizan las instituciones para medir el crecimiento económico, las economías de la UE, incluida la española, están muy lejos de haber superado la actual crisis económica.” A pesar de que el propio PIB ha experimentado una cierta mejoría, según la doctoranda en Economía Internacional y Desarrollo, aún estamos lejos de un escenario postcrisis. “El hecho de que tras un desplome alarmante del PIB no se registren caídas similares no puede hacernos concluir, como hace el señor Botín, que la situación mejora”.

Y para argumentar su postura recurre a la información proporcionada por Eurostat, cuyos datos muestran cómo la UE 27 cerró 2013 con un crecimiento del PIB equivalente al 0,1%, y que la zona euro aún presentó resultados negativos (-0,3%); además, España, junto con Grecia, Italia y Portugal, se situó en números rojos el pasado año. “Más de la mitad de las economías (14 de las 27 que forman parte de la UE, sin contar a Croacia) estaban en un proceso de recuperación del nivel productivo que existía hace siete años, por no hablar de las meridionales, que se encuentran más lejos aún de dicho umbral” asevera Vicent.

Por su parte, el director general de Rais Fundación, una ONG que trabaja con personas sin hogar, también considera que las afirmaciones, tanto de Cristóbal Montoro como de Emilio Botín, no se corresponden con la realidad. Para José Manuel Caballol, “todo depende de dónde se pone el umbral para hablar de la situación en España. Si se están fijando en cómo le va al que le va mejor, es muy posible que sea cierto lo que dicen”, explica. “Pero nosotros creemos que una sociedad democrática y justa, debería fijarse, para saber cuál es el nivel de bienestar, en lo mejor que está el que está peor. Y en ese sentido, el informe de Cáritas deja bien claro cuál es el umbral de los que están peor”.

Desde su punto de vista, “es incontestable que la pobreza en España ha aumentado. En los años de la gran burbuja económica, en España había un 20% de personas pobres, según FOESSA. Durante los 15 años de mayor progresión económica en este país no fuimos capaces de rebajar un solo punto de ese porcentaje y en cuatro años de crisis estamos en el  27%”, señala. “Y Cáritas esto no lo sabe porque se fije en los números, sino porque está con las personas”, afirma.

Respecto al impacto de esta crisis en el crecimiento de las personas sin hogar en España, Caballol considera que aún es pronto para comenzar a notarlo. “Para que alguien llegue a encontrarse en la calle tienen darse muchas circunstancias a la vez y, en muchas ocasiones, tiene que transcurrir un período de tiempo largo. Cuando una persona pierde el trabajo o, incluso, cuando la desahucian de su casa no se ve inmediatamente abocada a la calle. Normalmente tiene una red familiar, una mínima capacidad de supervivencia para buscarse la vida, puede ir encontrando algún trabajillo o instalarse en casa de algún amigo”. Esto significa que no será hasta dentro de cuatro o cinco años cuando, “con toda seguridad, nos enfrentaremos a un contexto mucho peor en el ámbito de la exclusión severa, de las personas sin hogar. Y lo peor es que el proceso hasta que la persona vuelve a encontrarse con una situación normalizada también requiere muchos años y muchos recursos”.

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