La vivienda, un derecho humano

La vivienda, a parte de un bien de primera necesidad, es un derecho recogido por distintas declaraciones o cartas magnas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1, declara que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara que “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas (…)”. El artículo 47 de la Constitución Española declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” e incluso que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

A pesar de todas estas declaraciones, el acceso a la vivienda se ha convertido en un auténtico drama, ¿por qué? En España, en lugar de desarrollar leyes que garanticen el acceso a una vivienda digna, se ha construido un paraíso para aquellos que han querido convertir la vivienda en una mercancia con la que especular: liberalización del crédito y del suelo, una ley hipotecaria diseñada para beneficiar a la banca, una infradesarrollada política pública de vivienda, etc.

En lugar de promover condiciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda, se han generado las necesarias para convertir al “ladrillo” en uno de los dos principales motores económicos de este país. Con esto se ha consiguido que en España el precio de la vivienda subiera de 300 € el m2 en 1985 a 2.900 € en 2007. No se desarrolló un derecho, se alimentó una burbuja inmobiliaria.

Ante esta situación, la gente tenía dos opciones: acceder a un alquiler elevado y sin suficientes garantías ante la ausencia de leyes que lo regularan, o hipotecarse en un contexto en el que nos vendían que esta era la forma más segura de acceder a una vivienda.

Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, la crisis y el aumento estrepitoso del paro, apareció un drama: los desahucios. Mucha gente que se hipotecó ya no podía pagar, comenzaron a ser desahuciados. Esto ocurrió en el 2007, llevamos casi siete años de crisis y los desahucios se cuentan por cientos de miles.

A esto hay que añadir que cuando una persona es desahuciada, no sólo se queda sin su vivienda: la deuda que tenía con el banco perdura, y queda así en una situación de marginalidad social. Si hemos llegado a esta punto, sin que desde las administraciones públicas se hayan desarrollado medidas efectivas para evitarlo, ha sido porque éstas no han hecho más que dar facilidades a la banca y a las grandes constructoras para arrebatarnos nuestro derecho y convertirlo en su beneficio.

¿Cómo se podría haber evitado todo esto?

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha trabajado en torno a una serie de medidas que, por lo menos, servirían para dar una segunda oportunidad a la gente que ha caído en la estafa hipotecaria.

Paralización de desahucios de viviendas que sean primera residencia, dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social para las viviendas dadas en dación son las tres medidas que se impulsaron desde su Iniciativa Legislativa Popular. Éstas permitirían a las personas afectadas por la hipoteca permanecer en sus viviendas y no estar sometidos a una deuda de por vida. Les ofrece tener una segunda oportunidad.

Otras medidas interesantes son las penalizaciones a los bancos que tienen viviendas vacías, como ha ocurrido en Tarrasa gracias al trabajo de la PAH de este territorio. No es justo que los propietarios del mayor stock de viviendas en este país se les permita tener viviendas vacías, habiendo gente que las necesita y habiendo recibido dinero público.

Pero el problema de la vivienda, no afecta solamente a las personas afectadas por la hipoteca. Para poder construir el derecho a la vivienda es necesario que desde las administraciones públicas se construya una alternativa. En este sentido, una solución puede ser crear un parque público de viviendas en régimen de alquiler social, que no supere el 30% de los ingresos de las familias.

Esto no es sólo posible, sino que ahora tenemos una oportunidad de hacerlo. Una de las condiciones que puso la Unión Europea para el rescate bancario fue que se sanearan todas las entidades nacionalizadas. Para ello se creó la SAREB con un 45% de capital público, el Banco Malo. Este compró los activos tóxicos de las entidades rescatadas, entre ellos, las viviendas que habían desahuciado. ¿Por qué no, en lugar de venderlas a precio de saldo a Fondos de Inversión extranjeros, las usamos para crear ese parque público de vivienda que garantice el derecho a la vivienda?

La vivienda es un ejemplo de los derechos no desarrollados. Si en la Unión Europea hay poder para que tengamos que rescatar a la banca con dinero público, también lo hay para generar leyes que defiendan nuestros derechos. Para ellos debemos ocupar esos espacios de poder desde la ciudadanía que sufre sus decisiones. Para eso estamos construyendo Podemos.

Teresa Rodríguez es profesora de secundaria, sindicalista y una de las candidatas en las primarias abiertas de Podemos