¿Por qué toca hablar de Renta Básica? (II): de la ILP como herramienta para construir dignidad, derechos y democracia

En la primera parte de este artículo, explicábamos una hipótesis de partida para la defensa de la Renta Básica de Ciudadanía específica para el contexto actual. El modelo de convivencia articulado en torno a la Constitución de 1978 y los derechos de ciudadanía que tomaban forma para la mayoría social a través de la renta del trabajo, está roto. El acceso al trabajo es cada día más complicado y se sustancia en condiciones laborales precarias que, en muchos casos, ya no garantizan para amplias capas de población la inclusión en la comunidad política como ciudadanos. La situación ha sido resumida, en forma de eslogan político que ha hecho fortuna, como “paro, exilio y precariedad” para la generación menor de 35 años. Y no es mucho más halagüeña para el resto de la población.

En este contexto se genera una paradoja para la Democracia: mientras que todos los ciudadanos ven recogidos en la legislación, fundamentalmente en la Constitución, los mismos derechos fundamentales, éstos no tienen reflejo material en las vidas de un número creciente de personas. La Democracia de ciudadanos libres e iguales lo es sobre el papel, en términos formales, pero no lo es en términos materiales. Se produce así una suplantación. Cuando el sistema político se encuentra tan deteriorado y no es capaz de satisfacer las demandas y necesidades de la mayoría social, ni siquiera de generar expectativas razonables al respecto, y las protestas de la ciudadanía desde el 15 de mayo de 2011 se centran en defenderse de la exclusión de la comunidad política, la ciudadanía y la renta tienen opciones reales de ser elementos centrales de la agenda política.

Es en este contexto social en el que aparece la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica de Ciudadanía, presentada con dos fases de aplicación e impulsada por el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad. La propuesta es, en términos políticos, bien sencilla: recoger recursos económicos de donde los hay y la sociedad no los está extrayendo: las rentas del capital (la mayor parte de la fiscalidad corre a cargo de las del trabajo), para repartir la riqueza y garantizar que nadie quede en la cuneta, excluido de la condición de ciudadanía. Algo imprescindible para otorgar a un régimen político el rango de Democracia. En la primera fase de la propuesta, la Renta Básica no es un derecho universal, sino una prestación complementaria para quienes ingresan cada mes menos de 645 euros (el umbral de la pobreza fijado por Eurostat): es una medida de emergencia social. Solo en una segunda fase y con tiempo  para garantizar su viabilidad y su pervivencia en el tiempo, se instauraría como universal e incondicional.

Hay, al menos, dos formas de aproximarse a la propuesta. La primera, universalista, considera la Renta Básica, el hecho de recibirla por el mero hecho de nacer, como un derecho a incorporar de forma permanente a los derechos fundamentales dado que la renta, tener algo de dinero en los bolsillos, forma parte de las necesidades básicas de cualquier ser humano.

Nuestra aproximación no es de naturaleza universal, sino contextual. Desconocemos si el modelo de sociedad deseable como perfecta incluiría una Renta Básica de Ciudadanía. Tampoco nos interesa demasiado. Lo central, lo que nos impulsa a defender esta propuesta concreta, son dos factores: en primer lugar, poner sobre la mesa la necesidad de movilizaciones que hablen del reparto de riqueza; en segundo, la necesidad de discutir un modelo económico que ha renunciado a la generación de valor añadido, a producir cosas tangibles, y ha quedado al albur de los caprichos de inversores, de la talla de los dueños de Eurovegas, para desarrollar la economía en los territorios.

Hay una pregunta habitual cuando se plantea esta propuesta: ¿no es mejor trabajar que recibir una prestación? Desconocemos si un empleo por cuenta ajena es la única forma de trabajar (en casa, por ejemplo, nuestras abuelas y madres han trabajado toda la vida y nunca han recibido una remuneración a cambio). Lo que sí sabemos es que quienes detentan buena parte de la riqueza del país no necesitan trabajar para vivir, porque reproducen sus (inmensas) fortunas a través de la especulación y no de la economía productiva, generando un escenario de precarización en dos escalas: en los países del centro (Unión Europea, Estados Unidos…), la de bolsas de población que vivían de su trabajo y hoy no lo encuentran porque la producción de bienes se ha descentralizado; el anverso de la misma moneda son los países periféricos, donde el coste de la producción es bajísimo porque se descuenta el factor salarial: los salarios son ridículos o inexistentes.

Figura 1. Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Figura 2. Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

La descentralización de la producción hacia países cuyas condiciones laborales son de práctica esclavitud ha servido para desnaturalizar las relaciones laborales en contextos como el español, donde a pesar de que buena parte de las empresas deslocalizadas eran rentables, no lo eran tanto como en otros lares. Con la caída de la construcción, cuyo auge no estaba basado en una relación natural entre oferta y demanda de viviendas, sino con una burbuja de los precios basada en la especulación, nos hemos quedado sin modelo productivo. Y sigue habiendo mucho dinero, pero no hay empleo.

Aquí no vamos a defender que no deba haber empleo y modelo productivo: es imprescindible. Pero España lleva treinta años caminando  en dirección a la atracción de capitales extranjeros y no a la del desarrollo del tejido productivo y la generación de valor añadido. La única forma de competir sin cambiar de rumbo es la que aplican nuestros gobernantes: a través de la depreciación de los salarios en empleos menguantes y cada vez más precarios.

Luchar por mejores condiciones laborales es una tarea fundamental, imprescindible. Pero dedicar todos los esfuerzos movilizadores a mejorar una realidad en proceso de extinción es como predicar en el desierto. Mucha gente ya no tiene empleo y, de la que lo tiene, son cada día más quienes no pueden ejercer ninguna medida de presión en sus centros de trabajo para mejorarlas. Porque sus contratos caducan antes que los yogures que se tienen en la nevera y, para renovarlos o volver a ser llamados por la misma empresa, el conflicto no es la mejor estrategia. A menudo, para poder mantenerse económicamente, ni siquiera es una estrategia posible.

El conflicto, por tanto, para las izquierdas y los Movimientos Sociales que aspiran a representar y defender las demandas e intereses de las clases populares, debe expresarse también en el campo de la ciudadanía. Leer la defensa de la Democracia como una defensa de la dignidad y los derechos de ciudadanía, es situar la contienda política por la distribución de la riqueza en un campo nuevo. Lo que requiere imaginación y un esfuerzo de ruptura con algunos preceptos casi religiosos que están incrustados en el sentido común de los activistas desde hace decenios, pero supone también adaptar las herramientas de transformación al tiempo actual.

 Figura 3. Nube de palabras de elaboración propia a partir de la exposición de motivos y el texto articulado de la ILP.

Recuperar la ciudadanía y la inclusión de todos en la comunidad política como banderas para adecuar a los tiempos y a la estructura material de la sociedad el discurso de actores políticos que tienen problemas de legitimidad y apoyo popular (sindicatos e izquierdas en general) no es una mala idea. Abrir el debate sobre la ciudadanía ejerciendo el derecho a la Iniciativa Legislativa Popular, es situarlo inteligentemente en el terreno de juego. Oponer a la triada “paro, exilio y precariedad” un programa político actualizado con medidas concretas que resuelvan problemas y anhelos reales en el corto plazo, es imprescindible.

Podemos empezar por la Renta Básica para recuperar la Democracia, la dignidad y los derechos de ciudadanía. Es una propuesta abierta, tenemos nueve meses para recoger 500.000 firmas y seguirla debatiendo. Pero, incluso para quienes no la compartan hay que tener en cuenta que, si conseguimos generalizar el debate, habremos conseguido vencer en una contienda política fundamental: la de situar en la agenda política y mediática el debate, hoy ausente, sobre el reparto de la riqueza que el país sigue generando y se concentra cada día en menos manos.

—————–

Ramón Espinar Merino es investigador en Ciencia Política y promotor de la ILP por la Renta Básica. Fran Casamayor es politólogo y estudiante del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM. Ambos son militantes de Juventud Sin Futuro.