¿Por qué toca hablar de Renta Básica? (I): De la revolución neoliberal y la transformación de la ciudadanía

Los próximos meses, si nada se tuerce, la Renta Básica de Ciudadanía debe ser uno de los temas que orienten la agenda política de la izquierda y los movimientos sociales en España, a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular registrada hace algunos meses por el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad en el Congreso de los Diputados, y que recibió la luz verde de esta institución el pasado lunes 17 de marzo. El debate, incluso entre los sectores progresistas, presenta aristas y necesita de un proceso de reflexión, maduración y explicación exhaustiva: el derecho a un ingreso mínimo por el mero hecho de nacer como parte de la condición de ciudadanía no se puede defender como algo evidente ni intuitivo. Es algo que las personas que impulsamos esta iniciativa debemos entender.

Para hacernos entender, sin embargo, también debemos explicar que ninguno de los derechos que hoy defendemos como evidentes (vivienda, alimentación básica, sanidad, educación…) no fueron en todo tiempo y lugar, como lo son hoy en España para la mayoría de la población, derechos innegociables. Al contrario, fueron producto de procesos sociales que dieron lugar a un producto histórico muy particular que se dio en llamar Estado de Bienestar. Este modelo, a grandes rasgos, estaba sostenido en algunos elementos clave:

• El orden geopolítico de la Guerra Fría, que emerge tras la II Guerra Mundial;
• un modelo de economía de mercado basado en el desarrollo industrial;
• un modelo de Estado que jugaba un papel central en la economía como agente redistribuidor de riqueza con una fuerte intervención en algunos sectores de la economía a través de monopolios públicos;
• un modelo de trabajo estable, asalariado, masculinizado y marcado por la fortaleza de las organizaciones sindicales a la hora de negociar las condiciones laborales;
• y un modelo de ciudadanía basado en el reconocimiento formal de derechos universales (estatus) en los textos legales que se hacían efectivos para la mayoría de las poblaciones a través de las rentas del trabajo.

Este modelo, en lo tocante a la condición de ciudadanía, ha sido puesto radicalmente en cuestión por los tres decenios de hegemonía ideológico-cultural del neoliberalismo, alicatados por la gestión de la crisis de la Eurozona que arrancó en 2007/2008. El modelo anterior transitó entre los años 80 y la primera década de los 2000 hacia los siguientes elementos:

• Un orden geopolítico dominado por los Estados Unidos como potencia dominante;
• para los países del entorno de España, pero muy en particular en el caso español, una transición hacia la terciarización y un modelo de economía basada en el sector inmobiliario/especulativo y la atracción de capitales extranjeros, tanto para el turismo como para la inversión, abandonando la economía productiva y la generación de valor añadido;
• un modelo de Estado que ha perdido la centralidad en la economía en tanto que agente redistribuidor de rentas y planificador para convertirse en un agente más y, sin disminuir su volumen en el total del PIB, reestructurar su participación de la inversión/redistribución a la atracción de capitales vía mejora de las condiciones fiscales, deterioro de los derechos laborales, liberalización de suelo e inversión en infraestructuras;
• un modelo de trabajo que transita, aun hoy, hacia la precarización, reduciéndose los contratos indefinidos y empeorando las condiciones salariales para la mayoría de la población;
• finalmente, el modelo de ciudadanía, que sigue basándose en las rentas del trabajo para que los derechos formales resulten efectivos, se ve amenazado.

Es este último punto el que más atrae nuestra atención: el PIB por habitante en España era en 1980 de 11.710 euros, en 2007 alcanzó su punto álgido con 21.823 y en 2013 había quedado en 20.072 (ver figura 1). Es decir, España sigue siendo, tras la crisis, un país rico. El PIB no se ha modificado tanto como para justificar el terremoto social que ha supuesto dicha crisis.

Figura 1. Elaboración propia a partir de datos de AMECO. Para el periodo 1980-1993 en el caso de la EZ17 no se contaba con datos.

¿Cuáles son, entonces, los elementos que sí explican ese terremoto social? A nuestro juicio, la configuración de un nuevo modelo económico. La transición estructural de un modelo de acumulación de capital basado en la producción y el empleo a otro basado en la especulación y el sector financiero. Este segundo modelo necesita en mucha menor medida el trabajo y a los trabajadores para su funcionamiento. Las consecuencias son de todos conocidas: la desigualdad ha aumentado sin cesar desde los años 90 (ver evolución del índice de Gini en la figura 2), experimentando un crecimiento espectacular en los años de la crisis; el desempleo supera el 26% de la población activa mientras escribimos y el 55% para los jóvenes y, como piedra angular del cambio de modelo, cada nuevo empleo que surge es de peor calidad que los que se destruyen. Los minijobs alemanes dibujan una figura que, sin una denominación tan popular, también ha venido para quedarse en España: la de los trabajadores pobres. Quienes, a pesar de contar de forma más o menos estable con un puesto de trabajo remunerado, permanecen por debajo de la línea de la pobreza.

Figura 2. Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

La situación es, por tanto, la de una reestructuración total de la relación de las personas con la economía y, en un modelo que sigue exigiendo salarios para hacer valer la condición de ciudadanía, también con la política. Como se viene diciendo desde diferentes medios, el Pacto Social está hoy roto. Los derechos recogidos en la Constitución del 78 necesitan de un respaldo en forma de renta para ser efectivos y hoy el mercado laboral no garantiza el acceso a esta a sectores amplísimos (y creciendo) de la población. Mientras que el PIB se mantiene en cifras de país rico.

Figura 3. Elaboración propia a partir de datos de AMECO.

Es decir, la economía genera riqueza, pero la genera en un lugar cuya distribución no necesita el viejo mecanismo del intercambio de mano de obra por salario y, por tanto, expulsa de la condición de ciudadanía a grandes masas de población. Desde el punto de vista de la economía no es la mejor forma de distribuir los recursos ni el excedente social, pero desde el punto de vista de la Democracia, es una situación insostenible.

Las democracias son aquellos regímenes que se asientan sobre la base de que, en el territorio que abarcan, todos los ciudadanos son libres e iguales y deben detentar todos aquellos derechos que la legislación considera fundamentales. Hoy en España hay recursos de sobra para que el 100% de la población pueda ejercitar esos derechos y, sin embargo, son cada día más quienes han quedado fuera de juego.

Como explicaremos en la segunda parte de este artículo, la Renta Básica de Ciudadanía es una buena forma de distribuir la riqueza que ya no pasa por la relación salarial y volver a incluir en la condición de ciudadanía a la población que está quedando fuera.

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Ramón Espinar Merino es investigador en Ciencia Política y promotor de la ILP por la Renta Básica. Fran Casamayor es politólogo y estudiante del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM. Ambos son militantes de Juventud Sin Futuro