Vecinos de Ávila protagonizan una nueva victoria contra la especulación

MADRID// La reciente declaración de nulidad por parte del Tribunal Supremo sobre el plan parcial ‘Zona Norte Camino de La Raya’ del Ayuntamiento de Candeleda, en Ávila, ha sido el penúltimo paso para la victoria definitiva de los vecinos de este pueblo castellano leonés, cuya lucha comenzó hace ya casi ocho años. El Alto Tribunal aceptó en su sentencia los argumentos del recurso interpuesto por la Asociación para la Protección del Medio Natural de Candeleda, Cinclus, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos en 2011. Tal y como se afirma en la sentencia, la recalificación del terreno al que hacía referencia este plan parcial requería “alguna justificación o explicación específica por parte de los autores del planeamiento sobre la decisión de clasificar como suelo urbanizable (…) una superficie de terreno de unas 27 hectáreas que se encuentra enteramente separada y desligada del núcleo urbano de Candeleda” cosa que, según el TS, nunca existió.

La historia de los vecinos de Candeleda se remonta a 1999, cuando la empresa Dávila Monteblanco SL adquirió entre este año y el 2001 27 hectáreas del área de Navalpilón, paraje colindante al Parque Regional de Gredos, zona de especial protección para las aves. De estas hectáreas, 16 estaban catalogadas como de protección cultural por los yacimientos visigodos soterrados bajo estos terrenos, además de considerarse de protección especial por su valor paisajístico y natural.

El mismo año en el que la promotora terminó de comprar los terrenos que deseaba, a 1,5 euros el metro cuadrado, el entonces alcalde del PP, José Antonio Pérez Suárez, aprobó una modificación de las normas urbanísticas por las que se recalificaron estas 27 hectáreas y pasaron de ser suelo rústico a urbanizable, aunque los informes elaborados por la Comisión Territorial de Urbanismo aconsejaban lo contrario dado el valor de esta zona. “Nosotros aún no sabíamos nada -explica la secretaria y una de las portavoces de la Plataforma Candeleda, Pilar Diego- pero la promotora quería construir 226 chalets y un hotel de cien habitaciones dentro de una urbanización exclusiva”.

Esta empresa también solicitó permiso para obtener suministro de agua en una zona situada por encima del lugar de la captación de agua reservada para el pueblo, lo que significa que aseguraban el suministro para la urbanización antes que para los habitantes del pueblo. Además de esto, la Confederación Hridrográfica del Tajo le concedió un suministro de entre 350 y 450 litros por habitante y día, mientras que a los vecinos de Candeleda se les habían concedido 137 litros por persona. A esto hay que sumarle que a principios de 2006 la Junta de Castilla y León aprobó por ley multiplicar por dos la edificabilidad de los terrenos,  cosa que Dávila Monteblanco SL aprovechó para duplicar su proyecto; es decir, construir 435 viviendas y un hotel de 200 habitaciones.

“El plan parcial que le concedieron a la empresa para la macro-urbanización –cuenta Diego- tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pero para un proyecto de 250 casas unifamiliares y sin la construcción de un hotel, además de que la solicitud de captación de aguas está incluida en esta declaración”. Para los vecinos de Candeleda, se debería de haber tramitado una nueva DIA tanto por las diferencias entre el proyecto inicial y el final como porque la solicitud de captación de aguas tiene que gestionarse de forma independiente al proyecto de edificación.

Tras las elecciones de 2003, accedió al poder un nuevo equipo de gobierno formado por una coalición del PSOE y dos partidos locales. Según explica la secretaria de la Plataforma Candeleda, “es verdad que el nuevo alcalde, Miguel Hernández, no ayudó al promotor a continuar con sus planes de construcción y obtención de agua, pero tampoco hizo nada por entorpecer su proyecto ni por frenarlo”. Esto lo aprovechó la Junta de Castilla y León, entre cuyos miembros estaba el antiguo alcalde popular, Pérez Suárez, para retirarle al Consistorio las competencias de urbanismo para todo lo relativo a ese proyecto con la justificación de que la “inactividad del Ayuntamiento” en el asunto de la urbanización causaba “perjuicio para el interés público”. Tras una votación en el seno de la Comisión de Urbanismo de la Junta, decidieron volver a activar el proyecto para urbanizar la zona norte del pueblo.

Nace la Plataforma

Fue entonces, siete años después de que el promotor comenzara a comprar los terrenos, cuando los vecinos de la zona comenzaron a saber lo que estaba pasando con sus terrenos. “Comenzamos a reunirnos. Primero de forma muy caótica y después ya empezamos a organizarnos”, explica Pilar Diego. “Por un lado, contratamos a un abogado para que nos orientara sobre qué podíamos hacer por la vía legal. Y por el otro, tuvimos que actuar como una verdadera guerrilla. Formamos tres turnos de vecinos que estábamos día y noche en la zona en construcción, por lo que pudimos paralizar las obras en múltiples ocasiones”, relata orgullosa.

Además de los efectos positivos de las múltiples movilizaciones en las calles, que solían reunir a alrededor de 2.000 de los 5.000 habitantes del pueblo, las diferentes demandas legales comenzaron a prosperar. En primer lugar, el dueño de la promotora interesada en urbanizar parte del pueblo se querelló contra el área de Patrimonio de la junta de Castilla y León. Pilar Diego explica que “ ha sido el único organismo honesto porque sabía que las obras eran ilegales. Antes de que pudiera comenzar a edificar nada, le puso a la constructora como condición que hiciera prospecciones arqueológicas para asegurarse de que no iba a destruir ningún yacimiento histórico, algo que es carísimo”. La empresa no pareció quedar conforme con este requisito y demandó a este organismo público, aunque después de pasar por los tribunales el juez le quitó la razón y se la dio a Patrimonio.

En segundo lugar, comenzó el primero de los juicios cuya sentencia definitiva acaba de emitir el Tribunal Supremo para declarar nulo el plan parcial que daba por buena la recalificación de los terrenos con los que pretendía hacer negocios Dávila Monteblanco SL.  Actualmente, sólo queda un batalla legal pendiente, que es la relativa a la concesión del agua que la Confederación Hidrográfica le hizo a la empresa en detrimento de los vecinos de Candeleda. La secretaria y portavoz de su plataforma cuenta que en el año 2010 se emitió una resolución en la que se le daba la razón a los demandantes,  aunque las obras para derivar el agua ya estaban hechas y las tuberías ya llegaban al comienzo de los terrenos donde iba a construirse la urbanización.

Sin embargo, “el promotor la recurrió porque nosotros habíamos demandado solamente a la Confederación, por lo que la empresa no pudo ser parte en el juicio y los jueces les dieron la razón porque era cierto que era parte interesada”. Con esta decisión, el proceso judicial tuvo comenzar de nuevo. Por fin, alrededor del mes de noviembre de 2013,  se presentaron las correspondientes argumentaciones y, tal y como relata Diego, “está previsto que la resolución salga en breve, este año”.

Los vecinos confían en que este juicio les sea favorable, especialmente porque, según su opinión, los informes que ha presentado la empresa para justificar el caudal que se les concedió no se corresponden con la realidad. “Nosotros hemos presentado dos informes: uno elaborado por un perito que nombró el tribunal y otro elaborado por un experto en régimen de caudales de ríos, profesor de la UAM. Este experto y su equipo han estado trabajando durante un año sobre el terreno y han realizado un informe muy riguroso”.

Por su parte, según explican, la promotora se ha limitado a sumar los caudales de los últimos cuarenta años y ha hecho una media por la que establece que cada día hay un determinado caudal, “cosa que no es cierta, entre otras cosas porque en invierno tenemos mucho agua pero en verano apenas no hay”, cuenta Diego. “También ha dicho que hay 400 hectáreas de nieve en julio en la cabecera del arroyo, que es algo totalmente inconcebible”, concluye. Y mientras celebran que el Tribunal Supremo haya confirmado los terrenos tienen que volver a clasificarse como rústicos (por lo que ni este promotor ni ningún otro puede construir ahí), aguardan pacientes y esperanzados a que se emita la resolución relativa al caudal del agua en la que será la última de las batallas que les queda para vencer a la especulación.

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