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Ecologistas en Acción busca sufragar su recurso contra el ‘nuevo Bernabéu’

La organización ha lanzado un 'crowdfunding' para hacer frente a los costes del proceso contra la Comunidad de Madrid, a la que acusan por las acciones urbanísticas para facilitar las obras de ampliación del estadio

MADRID// “Esto que ha ocurrido con el Bernabéu es un ejemplo más, y a nuestro juicio uno muy escandaloso, de cómo las decisiones sobre la ordenación del territorio, es decir, sobre cómo se construye una ciudad, no se toman pensando en el bienestar de los ciudadanos sino en los intereses particulares de forma descarada”. Así explica uno de los portavoces de Ecologistas en Acción, Rodrigo Calvo, el motivo por el cual su organización decidió recurrir la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborada por el Ayuntamiento y ratificada por la Comunidad de Madrid para que el Real Madrid pueda ejecutar su proyecto de construcción de un centro comercial, un hotel, un aparcamiento subterráneo y la remodelación del estadio.

La organización ecologista recurrió este acto de la Administración por considerar que no estaba ajustada derecho al vulnerar la Ley de Suelo, entre otras normativas. Según cuenta Calvo, también uno de los responsables de la campaña de crowfunding que han lanzado para financiar el procedimiento legal, “las competencias urbanísticas están repartidas de tal manera que los ayuntamientos tienen la capacidad de iniciativa y formulación de los planes pero la aprobación definitiva le corresponde a la Comunidad Autónoma”. Por este motivo, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión de la Comunidad, que es oficialmente la institución demandada,  “pero se pueden personar en el procedimiento como co-demandados, si así lo consideran oportuno, tanto el Ayuntamiento como el Real Madrid en tanto en cuanto se consideren parte afectada”, relata.

Calvo explica que, si bien es cierto que los beneficios son de menor cuantía que los que el club madrileño obtuvo por la recalificación de los terrenos en los que se encontraba su antigua ciudad deportiva, en la Plaza de Castilla, “son 66 millones de euros en lo que se ha valorado la operación. Y ya estamos cansados de que este tipo de negocios queden impunes siempre, así que decidimos recurrirla a ver si así, al menos, podemos llamar la atención sobre ello, que los ciudadanos sepan lo que está pasando y que entre todos demos un golpe sobre la mesa y dejar claro que no vale todo”, afirma.

Aunque este recurso se interpuso en marzo del año pasado, dentro del plazo que la ley establece para ello, es ahora cuando han lanzado ahora la campaña de recogida de fondos para sufragar el recurso por varios motivos. Primero, porque se comprometieron con los profesionales que se están encargando de ello a pagarles un salario, aunque fuera mínimo, para que “no les resultara ruinoso” hacerlo, pero tuvieron varios problemas técnicos que les impidieron lanzarla en aquel momento. Después tuvieron que encontrar el momento adecuado. Y justo ha coincidido que la semana pasada la Comisión Europea anunció que había abierto formalmente un expediente al Real Madrid, y a otros seis clubes españoles más, porque se sospecha que han recibido ayudas públicas encubiertas.

Cronología del “pelotazo” merengue

1998. El Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid establecen un intercambio por el cual el club de fútbol cede al Consistorio 30.000 metros cuadrados en su ciudad deportiva. En contrapartida, recibe dos parcelas, una de ellas en Las Tablas.

2003. El Ayuntamiento estima que no puede transferirle a una entidad privada esos terrenos, por lo que debe indemnizar al Real Madrid.

2011. Ambas partes firman un convenio por el que el Ayuntamiento asume una deuda con el club deportivo de algo menos de 20 millones de euros, lo que supone una revalorización del 3700% con respecto al precio de los terrenos de Las Tablas trece años antes, que rondaba el medio millón de euros; es decir, 46 veces inferior.

2011. Para pagar la deuda, el Ayuntamiento cede al Real Madrid cuatro parcelas en el distrito de Carabanchel y los terrenos de dominio público (zonas verdes y zona peatonal) situados frente al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana.

Y es sobre estos terrenos, en los que el club planea la ampliación del estadio y la construcción de un hotel y un centro comercial sobre los que investiga la Comisión Europea, al sospechar que este intercambio de parcelas puede considerarse ayuda estatal de apoyo al club e incumplir el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir que el Real Madrid, gracias a esa operación, ha obtenido un beneficio selectivo que afecta a la competencia y al comercio entre Estados miembros.

Uno de los argumentos con los que el Consistorio ha tratado de convencer a los ciudadanos de los beneficios que les va a reportar esta operación es que, además de ganar los terrenos de Carabanchel, también se van a quedar con la zona colindante al estadio que da a Concha Espina, donde actualmente está situado el centro comercial llamado La Esquina del Bernabéu. Sin embargo, Rodrigo Calvo no está de acuerdo. “Hasta 1991 este centro comercial era una zona verde. Se la quitaron a los madrileños para hacer La Esquina del Bernabéu y ahora la devuelven. Las parcelas de Carabanchel también eran de los madrileños; en 2011 se la cedimos al Real Madrid y ahora las devuelven. El resultado final no es una ganancia neta sino que la ciudad vuelve a tener algo que era suyo. Es decir, que no hay un beneficio neto para los madrileños en esta operación, mientras que las ganancias del Real Madrid sí que están claras”, denuncia.

«No es contra el fútbol, sino contra la especulación»

“El mejor argumento que te puedo dar para demostrar que este recurso no tiene nada que ver con que le tengamos ninguna fobia al fútbol es que el portavoz de la Plataforma de Vecinos del Bernabéu, un grupo vecinal que lucha contra la ampliación de este estadio y que nos está ayudando con la campaña, es socio y abonado del Real Madrid”, destaca Calvo. “En nuestro comunicado ya hemos advertido que no tenemos nada en contra del Real Madrid, ni en contra de la masa social o los aficionados ni a este deporte ni al club en concreto. Es simplemente que no está justificado que una administración pública tome una decisión que favorezca a una empresa privada y encima sin que repercuta en un beneficio para el resto de la ciudadanía”, matiza.

Una postura que se confirma al hablar con el presidente de la Asociación por los Valores del Madridismo, Carlos Mendoza, quien confirma que en su organización han enumerado una serie de objeciones al proyecto de ampliación del estadio. “Pensamos que el proyecto es de tal envergadura, tanto por el presupuesto que se estima que va a tener como por la duración de las obras y por las molestias que implica, que además de conllevar, probablemente, el cambio del nombre del estadio, lo que va a provocar es un aumento de la deuda que el club ya tiene” asevera. Además, advierte de que “todo esto podría poner en riesgo la titularidad de la propiedad del club, que en este momento ostentamos los socios pero que después del proyecto podría no ser así”.

Estos son los motivos por los que defienden que la decisión de remodelar el campo del club blanco tendría que haberse sometido a la consideración de los socios, para que lo voten “en un mecanismo de democracia directa como es, por ejemplo, el referéndum, cosa que ni ha sucedido ni tiene pinta de que vaya a pasar”, lamenta. En la línea de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción, Mendoza recuerda que “los terrenos de Carabanchel, inicialmente, valían unos 450.000 euros, más o menos. Pero cuando se votaron las cuentas del club, apareció con una liquidación que ascendía a unos 20 millones de euros”.

Esta cifra es la que está investigando en este momento la Comisión Europea porque podría considerarla una subvención pública encubierta y, por tanto, ilegal, porque vulnera el principio de libre competencia que está consagrado en diferentes tratados de la Unión Europea. “Y esto supone un descenso en la riqueza de los madrileños, evidentemente, porque somos todos quienes estamos pagando esto, seamos aficionados al Madrid o no. No sé si esto los ciudadanos lo saben o no, la verdad”, prosigue el presidente de la asociación de madridistas.

Respecto al motivo por el que muchos de los aficionados al fútbol no se plantan ante este tipo de actuaciones de sus directivos, Carlos Mendoza explica que “hay una sensación o un planteamiento donde el directivo suele tener carta blanca, posiblemente porque no les interesa el aspecto administrativo sino solamente el deportivo”. Mendoza asegura que la mayoría de los hinchas del Real Madrid desconocen los estatutos del club y no están interesados en las cuentas, los presupuestos o los contratos de su equipo.

“Por ejemplo, creo que poca gente sabe que, en este momento, el Real Madrid tiene 32 altos cargos que promedian un salario de 1.000 euros. Al día. Incluidos sábados y domingos. Pero lo más probable –señala- es que, si ganamos la Liga o la Champions, a muchos de los aficionados les dará lo mismo que Florentino Pérez haya cometido tres tropelías para construir un gran estadio. Como si comete treinta”. Otra de las cuestiones que más frustra a Carlos Mendoza es que la gente hable de que “Florentino construye tal cosa o ficha a tal persona… cuando en realidad es precisamente el que dice eso quien está construyendo o fichando porque lo están haciendo con su dinero, con el dinero de todos”.

Desde la Asociación por los Valores del Madridismo lamentan ser pocas las personas que estén al tanto de este tipo de cuestiones y tener pocos recursos para tratar de hacer campañas para informar a la gente e impedir que se repitan. Y , precisamente, para tratar de contrarrestar la falta de información sobre estas dudosas operaciones y combatirlas en los juzgados, Ecologistas en Acción, además del crowfunding, ha organizado la fiesta contra los pelotazos urbanísticos en Madrid. Será el próximo 29 de marzo a las 20.00 en el Patio Maravillas, situado en la calle Pez, donde también tratarán de recaudar fondos para su equipo de abogados.

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