Yo, el primer inmigrante subsahariano que llegó a Ceuta

Artículo publicado en el número de marzo de La Marea, ya a la venta en quioscos y aquí

El primer inmigrante subsahariano que entró en Ceuta desde Marruecos –del que hay constancia en la prensa– fue un veinteañero de Camerún, a principios de la década de 1980. El joven llegó exhausto, desarrapado y hambriento, en busca de asilo tras el asesinato de su padre, ajusticiado por su activismo político. Al llegar a la frontera, se presentó como “Yo”. Varios guardias civiles acogieron al exótico visitante y le apodaron Pepe para evitar malentendidos con su nombre. Tiempo después, Yo terminó dando clases de inglés a sus hijos, se disfrazó de rey Baltasar en la cabalgata navideña que organizaba la Guardia Civil, y forjó amistad con varios de ellos.

En aquella época, el perímetro de la Ciudad Autónoma no tenía vallas de seis metros coronadas con afiladas concertinas. Ni la Guardia Civil reprimía las entradas por mar de los inmigrantes disparando balas de goma y botes de humo, como hizo el pasado 6 de febrero, cuando 15 subsaharianos murieron ahogados mientras trataban de llegar a nado a la playa de Ceuta. Fallecieron en un mar a 12 grados de temperatura, mientras varios antidisturbios de la Benemérita les lanzaban los proyectiles desde la orilla española.

En los años 80, cuando llegó Yo, en lugar del triple vallado terrestre actual, el límite con Marruecos lo marcaba el cauce de un pequeño arroyo, por el que sólo corría el agua en las estaciones húmedas. En una orilla, patrullaban los gendarmes marroquíes. En la otra, la Benemérita española. Los ciudadanos no tenían problemas para cruzar la frontera en uno u otro sentido. Muchos lo hacían varias veces al día para vender televisores, fruta o cualquier otra mercancía.

El periódico El Faro de Ceuta hizo en 2008 una reseña sobre Yo, dentro de su reportaje Mil historias de una valla. En ésta, recordaba la participación de aquel joven profesor de inglés, 20 años atrás, en la cabalgata de reyes de la Coproper, el germen de lo que años más tarde fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). En aquella época, todavía estaba prohibido que los agentes de la Benemérita se organizasen a través de una asociación o un sindicato.

Ceuta fue la salvación para Yo, tras una larga huída desde Camerún. Los verdugos de su padre trataron de asesinarle también a él, que huyó del país sin pensárselo dos veces. Dejó atrás a su mujer y a sus hijos. “Recorrió media África. Nos contó que le costó mucho llegar a Ceuta, pero lo logró gracias a que la gente le ayudó y le dio comida”, recuerda Juan Amado, miembro de la AUGC, de 52 años. Pepe pasó mucha hambre, recuerda el agente: “Un día nos pedía un bocadillo. Otro, le dábamos más alimentos. Llegó un momento en el que estaba tan mal que yo salía de casa con comida para él”.

En su proceso de integración, Yo contó con el apoyo de otros ceutíes como Emilio, el dueño de una fábrica de ladrillos que había en la frontera. El empresario le encomendó algunas tareas y, al poco tiempo, visto que el chico trabajaba bien, le contrató. El camerunés lo alternó con otros trabajos puntuales. Además de darle comida, el guardia Amado fue uno de los ceutíes que recurrió a él para que enseñase inglés a sus hijos.

Sanciones por contratación

En los años 80, no había sanciones por contratar a inmigrantes en situación irregular. Hoy, la ley de Extranjería lo cataloga como infracción “muy grave” para el empleador (multa de entre 10.001 y 100.000 euros) y “grave” para el contratado (multa de entre 501 y 10.000 euros y posibilidad de ser expulsado del país), según la última modificación de la ley que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

La ley también se ha endurecido para quienes tratan de regularizar su situación. Para lograrlo, en la actualidad, los sin papeles que llevan menos de tres años en España han de regresar a su país y volver con un contrato ya firmado. Algo casi imposible en el contexto actual, con seis millones de parados. Otra opción es pasar tres años indocumentado en España y solicitar entonces la regularización por arraigo social. Esta vía tiene una cadena de requisitos que incluye un contrato de trabajo para los siguientes 12 meses con un mínimo de 30 horas semanales, poco habitual en sectores como la construcción o la agricultura.

Además de estas trabas, los sin papeles quedaron excluidos de la Sanidad pública en 2012 y, en los próximos meses, se podrían encontrar con nuevas sorpresas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere dar una vuelta de tuerca a la ley de Extranjería. Su organismo está estudiando cómo reformarla para poder hacer devoluciones express en la frontera y formalizar una práctica ilegal que la Policía lleva meses realizando: las expulsiones en caliente de la Guardia Civil, documentadas en varios vídeos. Éstas consisten en devolver de inmediato a Marruecos a los inmigrantes que logran cruzar la frontera, sin la presencia de un intérprete, ni esperar a la asistencia obligatoria de un abogado ni a estudiar las solicitudes de asilo. “Si acaba siendo legal, me parecerá inmoral, aunque sea legal. Ahora es ilegal e inmoral”, critica Lorenzo Cachón, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, recuerda que la Convención Europea de Derechos Humanos prohíbe a España “realizar expulsiones colectivas de extranjeros”. Entre otros acuerdos internacionales, el convenio bilateral de España y Marruecos tampoco permite las devoluciones en caliente.

Aguelo exige investigar a las “personas de mando” que tuvieron relación con el suceso que acabó con 15 fallecidos el 6 de febrero: “La muerte no natural de cualquier persona debe ser objeto de investigación. Además, está demostrada la utilización de medios de intervención de elevada peligrosidad, capaces de causar graves daños. La actuación gubernativa podría haber tenido una relación directa o causal con las muertes”. La decisión de usar material antidisturbios no la toma un agente a título individual, sino que tiene que ordenarla un responsable del cuerpo.

[La Guardia Civil disparó el 6 de febrero contra decenas de inmigrantes]

La AUGC quita responsabilidades a los agentes y denuncia que, en numerosas ocasiones, ha solicitado un protocolo al Ministerio del Interior para hacer frente a situaciones como la del 6 de febrero. Desde entonces, sin embargo, el organismo que dirige Fernández Díaz se ha limitado a indicar a la asociación que entre sus competencias no figura solicitar protocolos.

Junto a las expulsiones en caliente y a la operación que terminó con 15 muertos, la tercera gran polémica de los últimos meses ha sido la instalación de las concertinas (cuchillas) en lo alto de las vallas de Ceuta y Melilla. Otro guardia civil de Ceuta, que no revela su nombre por temor a las represalias, critica su colocación: “Da igual lo que instalen; los inmigrantes van a seguir intentando entrar en España”. La única diferencia, apunta, es que las lesiones que sufren ahora son más graves. El Ministerio las puso en octubre de 2013, algo que ya hizo el PSOE en 2005. Como consecuencia de ello, en los últimos cuatro meses varios inmigrantes han sufrido amputaciones.

Guerras y hambre

A diferencia de hoy, la baja presión migratoria en Ceuta en la década de 1980 hacía que la función de la Guardia Civil en la frontera fuese distinta, recuerda Juan Amado: “Entonces, no teníamos el tránsito de argelinos y subsaharianos que hay ahora. Estábamos únicamente para que no pasasen delincuentes. El cambio ha sido radical, sobre todo, por el hambre y las guerras”.

Además de los saltos de la valla, que sólo afrontan varones jóvenes, las pocas mujeres y los menores de edad que tratan de cruzar la frontera suelen hacerlo abrazados a los bajos de camiones o acoplados en espacios insospechados como el capó de un coche.

Para Cachón, la diferencia de nivel de vida entre Marruecos y España –la segunda mayor frontera económica del mundo, sólo por detrás de la de Estados Unidos y México– es clave para entender por qué, cada vez que España cierra una ruta migratoria, se abre otra nueva. Primero fueron las pateras por el Mar Mediteráneo hacia Andalucía, en la década de 1990. En la de 2000, se abrió la ruta de los cayucos hacia Canarias. En la de 2010, los flujos se han reconducido hacia las vallas de Ceuta y Melilla.

No obstante, el catedrático de la UCM recuerda dos puntos importantes para analizar las migraciones a España. En primer lugar, enfatiza la idea de que no son los más pobres de Malí o Senegal los que se lanzan a la aventura migratoria, sino “los que pueden reunir el dinero necesario”. Y, por otra parte, recuerda que los escasos miles de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla son un minúsculo grupo dentro de los cinco millones de extranjeros que viven en España.

Entre 2006 y 2010, Cachón fue presidente del Foro para la Integración de los Inmigrantes, el punto de encuentro del gobierno de Zapatero con las ONG y las asociaciones. Hoy, el papel del Foro es anecdótico. Además, el presupuesto para la integración se ha desplomado: en 2009, era de 200 millones; en 2012 y 2013, desapareció de los Presupuestos Generales del Estado.

Las peticiones de asilo son otro indicador que saca los colores al Ministerio del Interior cada vez que la UE publica estadísticas de los países miembros. España tiene una de las tasas de denegación de peticiones de asilo más alta. El último informe de Eurostat, de 2011, refleja sólo un 20,19% de resoluciones favorables de protección internacional, frente a la media europea del 26,65%.

La imposibilidad de reagrupar a sus familiares es otro de los problemas con los que se enfrentan, a día de hoy, los inmigrantes en situación irregular en España. Pero esto no es nuevo. Hace tres décadas, Yo tuvo que migrar finalmente a Londres donde –allí sí– su mujer y sus hijos pudieron viajar para reencontrarse con él.

La Marea está editada por una cooperativa de periodistas y lectores
Suscríbete aquí para ayudarnos a hacer sostenible este proyecto