Una periodista griega, bajo persecución tras usar como fuente el BOE

ATENAS // Una periodista griega está bajo persecución judicial tras haber publicado en su blog la noticia de la entrada en vigor de una nueva ley. Lo hizo publicando el mismo Boletín Oficial del Estado que incluye el decreto ministerial de la ley en cuestión. Sin embargo, la Fiscalía de Atenas ordenó la persecución de la periodista, por “divulgación de información confidencial”.

El incidente explica de forma contundente el estado formado en la prensa actual en Grecia. Hace pocos días, la periodista Popi Jristodulidu publicó en su blog personal un reportaje sobre la decisión del actual ministro de Marina y Mar Egeo, Miltiadis Varvitsiotis, de utilizar al Cuerpo de Buzos de la Guardia Costera en el almacenamiento de diversos lugares en tierra, es decir fuera de su área de responsabilidad. En apoyo de su reportaje, la periodista publicó el Boletín Oficial del Estado que notifica esta decisión.

Si cabe justificar lo evidente, el Boletín Oficial de un Estado -de cualquier Estado- es el que convierte en ley una decisión aprobada por el parlamento y firmada por el ministro correspondiente y el presidente de la república o el respectivo jefe supremo de un país. En pocas palabras, es el documento más público que pueda haber. No obstante -y quizá para destacar a Grecia como Estado que mantiene una interpretación propia de los documentos oficiales-, la Comisaría de la Seguridad Estatal ordenó la persecución de Jristodulidu por “divulgación de información confidencial”, así como la ejecución de un examen preliminar para detectar si hubo “emisión de secretos militares y de inteligencia de importancia militar”.

La noticia goza de varias lecturas. Desde un punto de vista operativo, la nueva ley puede resultar peligrosa, dado que pretende colocar a personal (entrenado en circunstancias muy concretas) en entornos para los que no está capacitado. Desde un punto de vista económico, se podría calificar de desperdicio de capital financiero y humano, por utilizar un “material caro” en operaciones de rutina. Y desde un punto de vista de lógica común, se pregunta ¿cómo es posible que se persiga a un periodista por “filtrar información confidencial” cuando dicha información está disponible por el mismo Estado mediante su documento más abierto y oficial?

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