La lucha contra la privatización de la Sanidad se convierte en estatal

MADRID // La lucha se expande igual que la privatización. Esa es la consigna de la campaña La privatización mata que pretende llevar la batalla a favor del Sistema Público de Salud a todo el Estado. Para ello se iniciarán movilizaciones y se discutirán documentos y propuestas desde el 1 de marzo en la mayoría de comunidades autónomas.

“En vez de un Gamonal, tenemos que hacer que haya 100 gamonales”, explica gráficamente Juan Antonio Gómez, uno de los impulsores de la campaña. Para ello se dirigirán “a la gente, a la ciudadanía, que es la que va a sufrir el deterioro del sistema y no a los políticos”.

Su compañera, Ángeles Maestro, explica que “se lanza porque el objetivo de los gobiernos es implantar el mismo modelo privatizador en todo el Estado, esa es la línea estratégica, algo que no depende del color político de cada autonomía. Por eso denunciamos que hay un programa general del capital y para ello ponen a su servicio a los gobiernos”.

La campaña, que ya cuenta con una página web, nace con un documento de base que plantea siete propuestas concretas para «recuperar la Sanidad y hacerla sostenible». Una de ellas es crear una industria nacional de farmacia, “si los militares lo tienen, no entiendo porqué la ciudadanía no”, mantiene Juan Antonio. La propuesta es que la dispensación se haga en los propios centros de salud (para evitar intermediarios) o que el Estado sea quien haga la compra conjunta para reducir costes. Así, estiman, se ahorrarían entre 3.000 y 5.000 millones de euros al año.

En cuanto a recursos humanos, recuerdan que “el PP se comprometió con la troika a reducir el presupuesto sanitario en 15.000 millones de euros hasta el año 2015, lo que significará que las listas de espera aumentarán y se resentirá nuestra salud”. En cambio, desde la campaña proponen ampliar el horario de los centros públicos hasta las 21.00 horas, incorporando un nuevo turno, y así aprovechar en su totalidad unos recursos públicos que, a su juicio, están “infrautilizados por las tardes”.

En este sentido, aseguran que “en los últimos dos años se han ido 3.000 médicos fuera de España, una situación muy grave y más teniendo en cuenta que formar a un médico cuesta entre 200 y 250 mil euros”. La propuesta sobre recursos humanos también apuesta por prohibir por ley que los médicos que trabajen en la Sanidad pública lo haga después en la privada.

Reincorporar a los inmigrantes sin papeles

Otras de las medidas previstas es la derogación del Real Decreto 16/2012 que deja fuera del sistema a los inmigrantes sin papeles, potenciar la participación de la población en el sistema, abrir la puerta a la gestión compartida con los profesionales o crear una lista de prestaciones básicas que se cubran en todo el Estado.

Sobre este último punto Juan Antonio Gómez denuncia que “se están diseñando actualmente qué prestaciones van a pasar a formar parte del paquete básico y cuáles las complementarias”. Así, alerta de que “puede darse el caso de que tengamos que pagar una parte de algunas pruebas diagnósticas, por ejemplo”.

Finalmente, Ángeles hace un doble llamamiento. Por un lado, a los políticos y las empresas para “negarles la legitimidad para robar lo que es nuestro”, y por otro a la ciudadanía “para que se organice y defienda lo que es nuestro con uñas y dientes, igual que defenderían su casa de un atraco”.

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