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La libertad de expresión en Rusia, congelada

Varios periodistas han sido multados o perseguidos por la policía por dar voz a colectivos LGTB

Las denuncias por el intento de control sobre la prensa por parte del gobierno de Vladimir Putin han arreciado con fuerza a medida que se acercaba la inauguración, el viernes pasado, de los Juegos Olímpicos de Invierno. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que, bajo «la resplandeciente fachada de Sochi», se libra en Rusia una silenciada batalla entre la libertad de prensa y la censura gubernamental.

Para encontrar ejemplos de esto no es necesario retroceder hasta noviembre de 2006, cuando se produjo el brutal asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya, por el que nadie ha sido condenado. En noviembre de 2013, la asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció el acoso sufrido por dos periodistas noruegos, interpelados por la policía en seis ocasiones en apenas tres días mientras grababan un documental en Adugueya, región fronteriza con Sochi y cuna de la etnia circasiana. En estos encuentros con las fuerzas de seguridad rusas, el periodista Oystein Bogen y el cámara Aage Aunes, trabajadores de la cadena noruega TV2, encargada de la retransmisión oficial de los Juegos de Sochi, acabaron en tres ocasiones en comisaría.

La ley que prohíbe en toda la Federación de Rusia la propaganda de «relaciones sexuales no tradicionales» (esto es, de relaciones homosexuales) ante menores afecta también a la prensa y a los medios digitales. La agencia rusa para la supervisión de las comunicaciones, las tecnologías de la información y los medios de comunicación, Roskomnadzor, ha publicado recientemente un manual de más de 2.000 páginas para identificar contenidos de la red que puedan suponer un riesgo para los menores.

La propia institución responsable del informe reconoce que es difícil aportar criterios no ambiguos para identificar contenidos de internet que puedan dañar la salud y el desarrollo infantil de acuerdo a la conocida popularmente como ley anti-gay. La consideración de una publicación como propaganda se basa, según Roskomnadzor, en la inclusión de información falsa y en haberse producido con la intención de influir en la opinión pública. En concreto, los contenidos de internet pueden afectar a los valores de niños y adolescentes relativos a la institución familiar.

La polémica ley que impide mostrar de forma normalizada la diversidad sexual humana ante menores de edad se ha cobrado ya su primera víctima del ámbito periodístico. Tal como recoge la agencia estatal de noticias rusa, el editor de un periódico local de la región de Jabárovsk, en el este del país, ha sido multado con 50.000 rublos (aproximadamente 1.000 euros). El motivo, dar voz a un profesor de educación secundaria y activista gay que aseguraba haber sido despedido por su orientación sexual.

Las máximas autoridades responsables de estos Juegos Olímpicos de Invierno han interpretado de forma muy divergente lo establecido en la Carta Olímpica sobre el derecho de los deportistas a expresar sus opiniones
políticas. Dmitry Chernyshenko, presidente del comité organizador de Sochi, afirmaba a poco más de una semana de la inauguración de los mismos: «No creo que (los deportistas) tengan permitido por la carta olímpica expresar puntos de vista que no estén relacionados con el deporte en la sala de prensa». Esta interpretación de la carta que regula todas las competiciones olímpicas era la respuesta a la realizada por Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien instó a los deportistas a no realizar protestas en el podio. Bach, sin embargo, recordó que la prohibición de realizar declaraciones políticas en los recintos olímpicos oficiales no se extiende a las ruedas de prensa posteriores o previas a las pruebas.

Numerosos organismos y agentes de todo el mundo han criticado la restricción a los derechos humanos, a la libertad de expresión y la no discriminación que supone la ley que prohíbe mostrar de forma normalizada las relaciones homosexuales. El día antes de la inauguración de los Juegos, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, recordaba en Sochi el deber de toda la sociedad de «alzar nuestras voces contra los ataques a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales«.

Precisamente a esta labor han contribuido cerca de 200 escritores, entre los que figuran nombres de la talla de Günter Grass, Margaret Atwood, Elfriede Jelinek, Paul Auster, Gioconda Belli o Neil Gaiman, a través de
una carta publicada en The Guardian la víspera de la ceremonia de inauguración olímpica. Mediante dos
contundentes párrafos, denuncian el «estrangulamiento al derecho a expresarse libremente» que se está produciendo en Rusia en los últimos 18 meses. Este grupo de escritores y artistas señala a las llamadas ley de propaganda gay y de blasfemia como los instrumentos que están reprimiendo la libertad de opinión, expresión y creencia, e instan a las autoridades a garantizar que toda la ciudadanía  pueda «experimentar los beneficios del
libre intercambio de opiniones«.

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Comentarios
  1. ¿Se podría pedir a esos organismos y agentes de todo el mundo que denuncien también la restricción a los derechos humanos, a la libertad de expresión y no discriminación, el robo de los medios de comunicación públicos que se los ha hecho suyos este gobierno dictatorial español?

    • «La ley que prohíbe en toda la Federación de Rusia la propaganda de “relaciones sexuales no tradicionales” (esto es, de relaciones homosexuales) ante menores afecta también a la prensa y a los medios digitales.»

      Independientemente de que la ley sea homófoba, la norma entra dentro de la llamada «protección del menor». Es por eso que sea comprensible que afecte también a la prensa y a los medios digitales: los menores son susceptibles de acceder a estos medios.

      Es decir, que no es una cuestión de censura sino de aplicación de una norma. Homófoba, pero norma.

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