El Gobierno endurece las sanciones por la piratería en Internet

El Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, una reforma que, según defiende el Ejecutivo, pretende añadir instrumentos legales para luchar contra la piratería en Internet. En concreto, la nueva norma contempla sanciones que oscilarán entre los 30.000 y los 300.000 euros, según la infracción cometida.

También hay novedades en el terreno de la copia privada, que pierde supuestos y por tanto habrá más acciones susceptibles de sanción. Y otros cambios más positivos, como el establecimiento de una mayor transparencia de las entidades de gestión, que vendría, en teoría, a acabar con abusos en la fijación de tarifas por derechos de autor.

La industria cultural denuncia que el Gobierno no ha incluido en la ley algunas de las recomendaciones que ha hecho y, además, critica una total falta de transparencia. “Hay muy poca colaboración con el Ejecutivo, hasta el punto de que no sabemos exactamente qué se aprueba hoy. No nos han mandado el proyecto, como sería lo normal, y sólo contamos con las diferentes versiones que han ido circulando”, explican fuentes de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), que engloba a varias asociaciones de gestión como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

“España se convierte en una excepción cultural negativa entre los países de nuestro entorno, que sí protegen la industria cultural y elevan la protección de los derechos de propiedad intelectual como elemento indispensable para la creación de empleo, riqueza y diversidad cultural”, ha denunciado la asociación en un comunicado.

Por otra parte, desde las asociaciones de Cultura Libre denuncian que el anteproyecto de ley promovido por el Gobierno es un guiño a las grandes industrias culturales. David García, de la Asociación Cultura Libre, destaca que “lo que se ha hecho es acotar mucho más la copia privada. Son menos los supuestos en los que se puede dar la copia privada legitima”.

“La copia privada tenía antes unos determinados límites. En España existe una compensación por copia privada o canon digital. En Reino Unido no hay canon”, señala. García considera positiva la voluntad de reforzar la transparencia de las entidades de gestión. “Es bastante interesante imponer una limitación a estas entidades a la hora de aprobar e imponer tarifas. Tienen una posición de poder y monopolio”, asegura.

Aval de la Justicia europea a las webs de enlaces

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respondió esta semana a una cuestión prejudicial estableciendo que se puede enlazar legalmente a cualquier contenido “abierto” en Internet, por ejemplo enlaces a descargas o contenidos de páginas de información gratuitas. «El propietario de una página de Internet puede remitir mediante hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de autor, a obras protegidas que pueden consultarse libremente en otra página de Internet», ha señalado el tribunal europeo.

Por contra, el TJUE afirma que no estaría amparado por la ley que el hipervínculo que ofrezca una determinada web de enlaces permita sortear las restricciones de protección adoptadas por la página original que ofrece la información, como sería el caso, por ejemplo, de una plataforma de pago.

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