Madrid: la privatización de la sanidad continúa

Hoy hace justo una semana, el pasado 27 de enero, el presidente de la Comunidad de Madrid anunciaba de forma solemne su decisión de paralizar el proceso de privatización de seis hospitales públicos. Esta marcha atrás, motivada por las resoluciones judiciales que paralizaban cautelarmente el proceso, acababa también con la carrera política del consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty.

La noticia fue recibida con satisfacción por médicos, enfermeros y ciudadanos que lo vieron como un triunfo de la marea blanca ante la deriva privatizadora del gobierno madrileño. Pero, una semana después, toca preguntarse: ¿esa paralización de la privatización sanitaria es real?

«No». Esa es la respuesta más clara de los agentes conocedores del funcionamiento de la Sanidad madrileña. Actualmente, hay tres hospitales, Valdemoro, Torrejón y Móstoles, que tienen externalizada la gestión, es decir, una empresa privada cede un servicio público a cambio de dinero.

Para Vicente Losada, de la plataforma auditoria ciudadana de la deuda No debemos no pagamos, “sería un error por parte de la ciudadanía pensar que se ha parado la privatización”. Y pone como ejemplo “el centro de transfusiones, la lavandería, el call center y las derivaciones”.

El negocio de las derivaciones

Hace siete años, la Comunidad de Madrid puso en marcha un call center que se encarga de gestionar las citas previas para acudir al médico y especialista, pero también para realizar pruebas diagnósticas y operaciones. Este sistema, que ahora está privatizado, tiene un protocolo establecido que, según denuncian colectivos en defensa de la salud pública, prioriza la asistencia en clínicas u hospitales privados.

Desde la Plataforma de Salud Pública ponen un ejemplo concreto que escenifica lo que está sucediendo. En septiembre de 2013 una persona es operada de urgencia en un ojo en un hospital público. A los pocos días le descubren cataratas, así que el médico le dice que tiene que dirigirse al call center para que le den cita para operarse. Es entonces cuando le explican que tiene dos opciones: operarse en una de las 30 empresas privadas que tienen concierto con la Comunidad de Madrid, sin cargo a su bolsillo y en tan solo quince días, o esperar su turno en un hospital público, lo que puede retrasar su operación entre seis y ocho meses. Finalmente decidió operarse en la pública, debido a la confianza que tenía en su médico habitual, y le operaron en dos meses.

Carmen Esbrí, del observatorio de servicios públicos de ATTAC, lo resume claramente: “Las derivaciones son la gran privatización encubierta, además últimamente se están acelerando porque cierran plantas en los hospitales públicos, clausuran servicios, están echando a personal, cierran quirófanos…”.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid justifican esas derivaciones para acabar con las listas de espera y ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Algo que rechazan desde la Plataforma en Defensa de la Salud Pública, ya que «las listas de espera no se han reducido, sino que se han incrementado», denuncian. Para ellos, «no es un tema técnico de necesidad, es una cuestión ideológica, económica y planificada«.

El call center, el gran gestor privatizador

Para entender el proceso de derivaciones hay que remontarse al año 2007, cuando se crea el call center que gestiona el sistema de citas previas. El gobierno madrileño justifica su creación para centralizar y hacer más eficiente el servicio, pero detrás parece haber algo más.

A los pocos meses de crearse el servicio, es privatizado y se le quita a los médicos de atención primaria la competencia de decisión sobre dónde debe operarse el paciente. La gestión es adjudicada a la empresa Indra, que tiene en su Consejo de Administración al exministro de Sanidad e impulsor del Informe Abril Martorell (una propuesta de reforma de la sanidad pública), Julián García Vargas, quien a la vez es patrono de la Fundación Pzifer.

Indra consigue además evitar la fiscalización de su gestión al frente del call center ya que, paralelamente, se privatiza la Unidad Técnica de Control, cuyo objetivo era garantizar a la ciudadanía que las derivaciones de los pacientes de los servicios públicos a las privadas no iba a redundar en un empeoramiento de la calidad asistencial. Aún no ha habido ningún comunicado al respecto.

Donde sí lo hay es en la Cámara de Cuentas. En el año 2012 emitió un informe donde, tras analizar los principales hospitales, concluyó que no hay unos criterios homogéneos de derivación y que una misma prueba diagnóstica tiene un precio u otro según el centro privado donde acuda el paciente.

Peores pruebas diagnósticas

La privatización de la Sanidad tiene también un sobrecoste para las arcas públicas. Pese a que la sanidad pública madrileña cuenta con excelentes equipos, se están derivando pruebas diagnósticas a otros centros que obligan a repetir las pruebas en la pública, como denuncia Nieves Lozano, de la Federación Estatal de Sindicatos de Técnicos Superiores Sanitarios (FESITESS).

“La calidad baja porque muchas de las pruebas que se hacen en la privada tienen falta de resolución y cuando llegan, por ejemplo al radiólogo, hay que repetirlas porque no se puede diagnosticar bien, así que hay una cantidad muy grande de pruebas diagnósticas como resonancias o mamografías que se duplican”, denuncia Lozano.

Finalmente da un dato muy clarificador: “En el hospital de Getafe se ha hecho un estudio, con la poca información que hay, que concluye que con un solo mes de facturación de radiología a la empresa privada, tendrían para cubrir con dos técnicos y un radiólogo todo el año el servicio”.

La Marea está editada por una cooperativa de periodistas y lectores
Suscríbete aquí para ayudarnos a hacer sostenible este proyecto