El Gobierno silencia a los testigos

Era una voz incómoda para La Moncloa y había que acallarla. El Consejo de Ministros cerró el viernes pasado el Consejo de la Juventud de España (CJE), una institución independiente, participativa y autónoma, que desde hace 31 años realiza estudios y campañas sobre empleo juvenil, salud, diversidad sexual, inmigración, desarrollo sostenible, vivienda… El CJE estaba formado por los consejos de la juventud de las Comunidades Autónomas y una treintena de organizaciones de rango estatal, desde el Área Federal de Juventud de Izquierda Unida, pasando por Nuevas Generaciones del PP, Juventudes Socialistas, Cruz Roja Juventud, Federación de Mujeres Jóvenes, etcétera. En junio el Gobierno ya justificó la medida que ahora se ha consumado y lo hizo recurriendo a dos argumentos: el ahorro de 4,3 millones de euros en tres años y la existencia de un órgano con “competencias similares”, el Instituto de la Juventud (Injuve).

Las diferencias entre el CJE y el Injuve sin embargo, son notables. Los dirigentes del CJE son elegidos democráticamente en asamblea, mientras que el Injuve es un organismo gubernamental cuyo director es nombrado por el titular del Ministerio de Sanidad. De hecho Rubén Urosa Sánchez, el actual director del Injuve (nombrado por Ana Mato), adquirió notoriedad en agosto de 2012 cuando advirtió a los funcionarios mediante una circular interna que, durante la jornada laboral, no estaba permitida la formulación de “críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar”.

No es por ahorrar 4,3 millones de euros en tres años (una cantidad ridícula destinada a un organismo esencial, aunque seguramente necesitado de alguna reforma) por lo que el Gobierno cierra el CJE y traslada sus competencias al Injuve. Los informes del CJE y su presidente, Ricardo Ibarra (que proviene del Consejo de la Juventud de Aragón y no tiene sueldo fijo, aunque cobraba dietas) han puesto demasiadas veces el dedo en la llaga sobre las desastrosas consecuencias para la juventud de las políticas del Gobierno. Y lo han hecho gobierne quien gobierne. Respecto a la reforma laboral, por ejemplo, Ibarra señaló en 2012 que traería “más precariedad, más despidos y menos derechos sindicales”.

La derecha mediática no tardó en poner el punto de mira en el CJE. La Razón, en una supuesta información, calificaba de “desmesurado” el gasto de esta institución y añadía: “Además de atacar a las instituciones que les financian, han despilfarrado el dinero que les ha sido asignado”. Para la derecha organizar cursos, conferencias y elaborar informes en una veintena de áreas es “despilfarrar”. Cuanto menos sepan los jóvenes sobre ellos mismos, mejor; cuanto menos debatan entre ellos, mejor; cuantos menos datos y argumentos cuestionen las políticas del Gobierno, mejor.

El Gobierno enmarca el cierre del CJE dentro de su plan de reforma de la administración, encargado a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En el listado de 57 entidades cuya supresión, absorción o reforma propone el Gobierno, figura la eliminación de sólo dos organismos autónomos: la cría caballar de las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Juventud.

Con el cierre del CJE el Gobierno elimina un organismo independiente cuyo principal objetivo era “ofrecer un cauce para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, sindical, social, económico y cultural en el ámbito estatal”. El CJE fue creado en 1983 para materializar el artículo 48 de la Constitución: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Con la decisión del viernes pasado, el Gobierno desatiende esa exigencia constitucional.

El Ejecutivo ha señalado que ofrecerá una alternativa, una especie de órgano consultivo (dependiente, eso sí, del gubernamental Injuve). Lo poco que se sabe de esa alternativa figura en la última referencia del Consejo de Ministros. Será un organismo “configurado como una entidad corporativa de base privada”, es decir: el Estado, el principal poder público, se desentiende del mandato constitucional y lo deja en manos privadas.

De nada ha valido la movilización del CJE durante estos meses. Es triste reconocer que posiblemente la inmensa mayoría de los jóvenes no saben qué es lo que acaban de perder con el cierre del CJE. Tampoco ha valido para nada la carta personal que en octubre envió a Rajoy el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. En ella Schulz rogaba al Gobierno español que no cerrara el CJE y subrayaba su “papel crucial” como representante de la juventud en Europa y en el resto del mundo: “[El CJE] encabeza la lucha por los derechos de los jóvenes y la igualdad, ha creado y continúa manteniendo un vínculo importante con los jóvenes de Europa y América Latina, como es tradición en la política española, y ha ayudado a asegurar que miles de jóvenes sean ahora ciudadanos activos”.

Ha dado igual. Una vez más el Gobierno, al tiempo que tira por el desagüe millones de euros rescatando a la iniciativa privada (eso sí es despilfarrar), cruza una nueva línea roja y recorta en los sectores más vulnerables y valiosos, aquellos que sirven para sentar las bases de una sociedad más cohesionada y sostenible.

España es un país con muy poca tradición de asociacionismo juvenil y en el que a la juventud (azotada como nunca por el desempleo y por la falta de perspectivas) cada vez le quedan menos cauces para expresarse y para ensayar las fórmulas de comportamiento y participación democráticas. La alternativa a esos cauces es sombría, aunque quizá sea eso precisamente lo que busca el Gobierno: un estallido social desde la frustración y el nihilismo que le permita por fin justificar la aplicación de su agenda represiva y totalitaria hasta las últimas consecuencias.