Nueva fractura en el PSC por la petición de permiso para celebrar la consulta

BARCELONA // El pleno del Parlament de Catalunya debatirá este jueves solicitar al Congreso de los Diputados la cesión de competencias prevista en el artículo 150.2 de la Constitución para organizar la consulta sobre la independencia de Cataluña. La propuesta, que previsiblemente se aprobará con los votos a favor de CiU, ERC e ICV-EUiA –y la abstención de la CUP-, ha ahondado esta semana en la crisis interna en el PSC, que esta vez ha dejado una baja en el camino: la del alcalde de Lleida, Àngel Ros, quien ha decidido renunciar a su acta de diputado para no votar en contra de la petición.

Otros tres diputados socialistas –Joan Ignasi Elena, Marina Geli y Núria Ventura- sopesan no acatar el ‘no’ que ha fijado la dirección del partido, según han apuntado fuentes de los sectores críticos, lo que repetiría la imagen de fractura que ya dejó el partido el 23 de enero del pasado año, cuando Ros, Elena, Geli, Ventura y Rocío Martínez Sampere rompieron la disciplina de voto y se negaron a votar en contra de la declaración de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano”.

La dirección del PSC parece no estar dispuesta a repetir el episodio tras el aval del PSOE a su propuesta de reforma federal de la Constitución y de que el 83% del consejo nacional del PSC aprobase votar en contra de la propuesta. Varios diputados socialistas han intentado sin éxito durante esta semana que el partido que preside Pere Navarro otorgue libertad de voto en sus filas u opte por la abstención, lo cual no decantaría el resultado final de la votación y evitaría la imagen de fractura. La dirección, sin embargo, ha cerrado filas entorno al ‘no’ y ha amenazado con tomar medidas disciplinarias contra quienes incumplan las consignas de voto, que podrían llegar a la expulsión.

A los socialistas catalanes les ha costado encontrar un espacio propio en el debate soberanista, en un arco parlamentario partido en dos, con CiU, ERC, la CUP e ICV-EUiA favorables a la consulta, y PP y Ciutadans alineados en el ‘no’. A finales de febrero de 2013, el PSC rompió la disciplina de voto socialista en el Congreso para apoyar el derecho a decidir –con la salvedad de Carme Chacón-, mientras que en la votación de este jueves rechaza pedir autorización al Congreso para llevar a cabo la consulta, un indicativo del leve giro efectuado hacia el bloque de PP y Ciutadans para marcar perfil propio frente a una ERC disparada en las encuestas.

La CUP no comparte “pedir permiso a Madrid”

Esta semana se anunciaba también que la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que en los últimos episodios de la agenda soberanista se ha alineado junto a CiU, ERC, e ICV-EUiA, se abstendrá en la votación. La formación de la izquierda independentista considera que no se debe “pedir permiso a Madrid” para celebrar la consulta, y a pesar de que su firma consta en la propuesta que se someterá a votación –según explicó el diputado Quim Arrufat, para facilitar que se debatiese en el pleno parlamentario-, optarán por la abstención: “No hemos confiado nunca en esta vía, ni creemos que sea oportuno, una vez declarados soberanos, recurrir a peticionar ninguna transferencia autonómica al Congreso español”, señaló Arrufat.

Para CiU y ERC, socios de facto en el Govern de la Generalitat desde la firma del pacto de estabilidad tras las elecciones autonómicas, la solicitud al Congreso se encara como mero trámite. Con la fecha -9 de noviembre de 2014- y la doble pregunta -«¿Quiere que Cataluña sea un Estado?», «En caso afirmativo, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?»– ya sobre la mesa, así como la tajante negativa expresada por el Gobierno a permitir el referéndum, las dos formaciones buscan agotar las vías legales para “cargarse de legitimidad”, como ha expresado en más de una ocasión el partido de Artur Mas.

En un sentido similar se ha expresado la portavoz del grupo parlamentario de ICV-EUiA Dolors Camats, que ha pedido al PSC y a la CUP que reconsideren su posición y apoyen la petición al Congreso. “Es un debate necesario a pesar de que podemos prever que se negará el traspaso de la competencia para hacer referéndums, pero no deja de cargarnos de legitimidad pedir aquello que es legal y que tiene una mayoría política que la avala”, ha declarado Camats.

La propuesta, registrada el pasado 13 de diciembre en la cámara catalana, reclama que se delegue a la Generalitat de Cataluña “la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Cataluña, a partir de los términos que se acuerden con el gobierno del Estado”.