Crema catalana

La cocina catalana ha logrado amplio reconocimiento internacional en los últimos años a base de aplicar técnicas innovadoras al recetario tradicional. De esta forma, uno puede degustar, junto a los sabores de toda la vida, las variantes que ofrecen las modernas técnicas culinarias. Algo similar ocurre con la reivindicación soberanista de Cataluña, plato recurrente, servido de diversas formas, en el panorama político español. Baste con reparar en la reacción a la anunciada consulta para darse cuenta de que hay razones temporales, institucionales y políticas que avalan su popularidad.

El problema catalán, como reiteradamente ha sido referido desde las instituciones del Estado, viene de antiguo. Es por tanto un problema persistente al que el anuncio de la consulta pretende poner fecha de caducidad. Lo más importante de la consulta no es obviamente la pregunta, sino el hecho de que se pueda preguntar sobre un asunto que atañe al núcleo mismo de nuestro diseño institucional. De ahí que el problema, de serlo, sea genuinamente político y español.

Como todos los problemas políticos, es un asunto complejo que puede ser analizado desde múltiples puntos de vista. La algarada twittera al albur del anuncio de la pregunta da buena cuenta de la polifonía narrativa que lo describe. Así, mientras algunas voces advierten de las consecuencias prácticas que la secesión tendría para una y otra comunidad, otras prefieren evocar los vínculos y desencuentros históricos y afectivos entre ambas. Los complejos análisis económicos y estadísticos hechos valer por una y otra parte son ejemplo de lo primero. De lo segundo, las evocaciones románticas a los arraigos nacionales o la bella metáfora de la relación sentimental que no pasa por sus mejores momentos. Como sobre gustos hay mucho escrito y nada es definitivo, cada cual puede retwittear la versión del problema desde el hashtag que prefiera. A fin de cuentas, todos comparten la asunción de que Cataluña y España pueden ser evaluadas en términos independientes. En el primer caso, porque el análisis de las consecuencias de la ruptura tan sólo tiene sentido si se parte de la previa equiparación entre ambas. En el segundo, porque hay razones de mínima decencia moral que obligan a rechazar las relaciones sentimentales de dominación.

Pero que los diferentes puntos de vista ayuden a entender el problema no quiere decir que ofrezcan vías de solución igualmente adecuadas para él. En realidad, si cada uno de ellos apunta a diferentes estrategias es porque coinciden en identificar la persistencia del problema, no su solución. Y dado que el problema es genuinamente político requiere también de una solución de este tipo. La política institucional catalana, a diferencia de la cocina, ha tenido un éxito relativo en el empeño de abrir nuevas vías de negociación política. La respuesta del actual gobierno de Madrid es, por ahora, el más tajante rechazo. En otros ámbitos, sin embargo, la acción institucional catalana ha ido abriéndose paso sin disimulo de sus intenciones. Y como en estos ámbitos es costumbre que las cosas vayan despacio, la fecha de la consulta pretende que vayan también sin pausa. Pero dado que el problema además de ser político es también español, extraña que las autoridades estatales no adviertan modificación alguna en su agenda al tiempo que admiten que la fecha de la consulta precipita una decisión.

En los estados de Derecho, como en los demás, las decisiones políticas pueden adoptarse atendiendo a diversas razones. Pero los estados de Derecho exigen también la observancia de un marco normativo previo. Lo que el estado democrático añade al de Derecho es un plus de legitimidad. El marco normativo es más valioso porque es el resultado de un acuerdo político alcanzado entre todos en pie de igualdad. Dado que ambas son características definitorias del Estado español y, en consecuencia, también de las instituciones catalanas, huelga ahondar en el alcance bidireccional de la presunción.

Ahora bien, que el problema requiera de una solución política, y ésta pueda atender a diversas razones, no debe hacernos confundir las razones que la avalan y las que la justifican. En realidad, las primeras son tan innecesarias para quienes defienden el statu quo como insuficientes para quienes pliegan ante ellas sus convicciones democráticas. Los primeros, en tanto que no admiten más receta que la tradicional, no ven modificadas sus preferencias por cualquier otra razón prudencial. Lo problemático para los segundos es equilibrar la convicción democrática con el peso de la responsabilidad. Y si es obvio que puede haber razones de peso para defender el statu quo, no lo es menos que para calibrar su peso hay que confrontarlas en alguna balanza, y confiar en que el fiel se incline hacia uno u otro lado con claridad. Por suerte o por desgracia no disponemos en estos casos de medida más fiable que el recurso al rudimentario método de contar. Pero para poder proceder al recuento es necesario que previamente se reconozca y garantice el derecho de cada uno a expresarse con libertad.

No parece muy diferente lo que se reclama desde la política catalana: el reconocimiento como parte de un problema que le afecta tanto como al Estado español y sobre el que pretende abrir una vía de solución mediante la negociación política. De ahí que el problema catalán, de serlo, tan sólo adquiera sentido a partir del reconocimiento del otro actor. Si es así, y hay voluntad de resolverlo, existen razones instrumentales y morales para escuchar la opinión de la sociedad catalana. La prioridad que se establezca entre estas razones es obviamente responsabilidad de cada cual.

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Alberto Carrio es profesor del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona