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La privatización de la sanidad madrileña, en manos de la Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá entre hoy y mañana si valida el proceso de privatización de seis hospitales públicos o paraliza definitivamente el proceso
MADRID // Cincuenta magistrados, todos los que componen la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), comienzan hoy las deliberaciones para decidir si el proceso privatizador que el gobierno de Ignacio González quiere impulsar en la Comunidad de Madrid se ajusta a derecho.
El TSJM deberá responder a hasta siete recursos, que han llegado hasta los juzgados por el proceso que externaliza la gestión de seis hospitales de la red pública madrileña.
Los querellantes son desde entidades como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) y la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), hasta sindicatos como Comisiones Obreras o partidos políticos como el Partido Socialista de Madrid (PSM), así como el gobierno de la misma Comunidad de Madrid.
Para el portavoz de sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, una decisión del tribunal dando vía libre a la privatización “puede tener daños irreversibles para la sanidad pública y constituiría un problema desde el punto de vista jurídico y sanitario”. “La razón está de nuestra parte, de parte de la ciudadanía, y no creo que sea posible que levanten la paralización”.
Por su parte, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado que su gobierno “respetará las decisiones judiciales” y que si esta le es desfavorable “tomará las medidas que nos diga el tribunal”.
La batalla ya está en los tribunales. Desde la Afem confían en que la decisión judicial sea “definitiva” y que “lo celebremos con todos los madrileños este viernes”. Para Patricia Alonso, de Afem, “nos jugamos mucho”, ya que “se quiere imponer un modelo nuevo que en caso de déficit llevaría a la bancarrota a la sanidad pública madrileña”.
Sobre las peculiaridades del proceso madrileño, Patricia Alonso recuerda que “se trata de hospitales que ya existen, no de nueva creación”, como sí fue el caso -recuerda- de otros centros hospitalarios de la capital que ya nacieron con un modelo de gestión privado . “Además”, resalta, “no estamos en el mismo momento, ya que entonces no éramos conscientes de que el dinero era finito. Ahora no volveríamos a hacer proyectos como grandes aeropuertos u otros”.
Por otro lado, la asociación Plataforma Asamblearia de Trabajador@s y Usuari@s por la sanidad pública de la Comunidad de Madrid (Patusalud), ha convocado a la Marea Blanca a una concentración silenciosa de 9.30 a 11.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas ante el TSJM. La protesta se extenderá el viernes a los hospitales y centros de salud.
3.500 trabajos menos en 2013
Paralelamente a la decisión judicial, ayer mismo el Observatorio Madrileño de Salud denunció la pérdida de 3.500 empleos durante 2013 en la sanidad pública desde que se aprobó el Plan de Sostenibilidad que incluye, entre otras medidas, la privatización de seis hospitales en Madrid.
El tercer informe del Observatorio alerta de que si no se modifica este Plan de Sostenibilidad, se incrementarán las listas de espera, especialmente en consultas externas y en operaciones. Además, también denuncian “desabastecimiento” de vacunas en centros de salud, un “desmantelamiento” de la red de atención en salud mental y la “exclusión” del sistema sanitario del colectivo inmigrante.
Se desmantela la sanidad pública, que ha costado décadas en construir en nombre de una supuesta superior eficiencia de la iniciativa privada, cuyo resultado final será el que millones de personas de las clases más humildes queden abandonadas a su suerte. Y todo ello para aumentar la cuenta de beneficios de las grandes corporaciones del sector y el enriquecimiento ilícito de los mismos gobernantes que han regalado criminalmente los hospitales a esas mismas empresas y que luego les contratan sin pudor alguno como asesores con sueldos millonarios. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/12/matrix-espana.html
Bien, y si los jueces rechazan la privatización entonces quienes la han consumado habrán cometido un delito y deberán dar cuentas con multas, con embargos de bienes y con cárcel.
La misma ley del aborto del aborto Gallardón es un intento de privatizar los vientres de las mujeres.
¿Por qué no privatizan la Iglesia Católica SA o el intelecto humorístico del sr. Rajoy, capaz de con su (fin de la cita) hacer reir al mundo entero?
Nuestro patrimonio público conseguido por muchos lustros de aportar con esfuerzos y ahorros de un Pueblo mayoritariamente rozando la indingencia por siglos; presas para riego y producción eléctrica, canales de agua potable, carreteras, túneles, puertos, aeropuertos, hospitales e instituciones clave de la Administración del Estado, ha sido subastado y entregado a la buitrada de los especuladores de negocio fácil, rápido, indecente, sumido en el robo institucionalizado y sin escrúpulos en el momento de hacerse fácilmente con bienes ajenos.
Es mi mas ni menos que un robo generalizado promovido por el PP, de manera que cuando esta banda de nocivas prácticas sedicentes políticas pierda las elecciones con una patada del Pueblo en el culo, quienes obtengan el poder en las urnas tienen la obligación de recuperar inmediatamente y de devolver, todo lo robado al Pueblo sin indemnizaciones de ninguna clase porque los ciudadanos no han sido consultados en el momento de producirse la expoliación y además, han salido masivamente a las calles para porotestar por el atraco.
Rubalcaba, Cayo Lara y los demás demócratas anti PP: Gritad en el Parlamento a los cuatro vientos para disuadir a los buitres, que tendrán que devolver intacto todo el patrimonio robado y vendido por el Pepé en cuanto la legalidad real alcance a gobernar.