Encerrados en la concatedral de Mérida para combatir la pobreza en Extremadura

MÉRIDA // Cae la noche en Mérida, la capital de Extremadura, una comunidad autónoma que sobrevive a un desempleo por encima del 33%. En una las esquinas de la plaza del Ayuntamiento, abarrotada de familias bajo la iluminación navideña, la Concatedral de Santa María recibe a unas pocas decenas de fieles de avanzada edad que asisten a misa. Podría parecer una escena de domingo cualquiera. Sin embargo, detrás del cura, ajenos al rito católico, un puñado de personas se refugia del frío, en un anexo del edificio, reunidos alrededor de una mesa. Llevan ya una semana encerrados en la concatedral para visibilizar varias reivindicaciones, entre ellas el pago de una renta básica a parados sin prestación, que no se corte la luz, el gas y el agua a aquellos que no tengan ingresos, o la paralización de los desahucios.

En una de las dos salas se agolpan los colchones y las mantas. “Aquí es donde duerme la mayoría. En mi caso, yo lo hago en el sillón”, explica el jubilado José Giménez, mientras señala una esquina, desde donde un cuadro del papa Francisco vigila la sala. “Tras una semana, Paco y yo ya nos damos hasta las buenas noches”, bromea, en alusión al retrato. Mientras, algunos preparan chocolate caliente en un microondas. Las imágenes católicas rodean a los encerrados.

Tras un intento de acampada en la sede del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), abortado por la policía, los activistas del Campamento Dignidad, colectivo organizador de la protesta, decidieron resguardarse en la concatedral. “A mí la Iglesia no me gusta mucho, pero…”, se excusa uno de ellos, mientras se encoge de hombros.

En el dormitorio improvisado también se apilan paquetes de pasta, arroz y otros alimentos básicos, así como algunos juguetes. Los encerrados no sólo luchan por ellos, sino que tratan de ser tanto un núcleo reivindicativo como asistencial. “El gobierno de Extremadura se desentiende totalmente de nosotros. Queremos que al menos no se queden familias extremeñas sin luz, agua y gas”, remarca Diego Cayuela, otro jubilado encerrado en la concatedral. A su lado, Petri Pareja, asiente. “Somos una asociación que ha salido del pueblo y pide cosas esenciales y básicas para todos”, asegura esta activista, sin poder evitar gestos de rabia. “Es una situación de extrema necesidad, no puede ser que haya niños que vayan a clase sin comer o que se queden sin agua caliente. Esto va contra los derechos humanos”, lamenta.

Aun así, aseguran que la solidaridad de los emeritenses está permitiendo la recolección de grandes cantidades de ayuda en forma, sobre todo, de alimentos. En asamblea, los encerrados deciden la realización de acciones reivindicativas. El pasado sábado, por ejemplo, los activistas hicieron un escrache a Manuel Amigo, antiguo cargo público del PSOE de Extremadura y actual consejero de Iberdrola. El Campamento Dignidad de Mérida denuncia así a aquellos a los que considera culpables -entre subidas continuas de las facturas de la luz y el agua-, el aumento de beneficios de estas empresas en plena crisis o las puertas giratorias entre el ámbito político y económico.

La renta básica aprobada por la Junta de Extremadura el pasado 9 de mayo es “insuficiente” para este colectivo. Sólo 300 personas, de las 15.000 solicitantes, tienen reconocido el cobro de esta ayuda, que oscila entre los 400 y los 719 euros. “Se han dado muy pocas y a los que se la dan, lo hacen poco a poco, y pidiendo muchos papeles y poniendo dificultades”, explica Giménez. En Extremadura, además del alto índice de paro, se registra también uno de los mayores porcentajes de pobreza del Estado, que alcanza el 26’3%. Aunque los acampados han pedido por escrito una reunión con el gobierno de Extremadura, éste aún no ha respondido.

Uno de los casos más dramáticos entre los encerrados en la concatedral es el de Rosario Morcillo, una joven de 33 años que ha sido víctima de violencia de género y además tiene que cargar con un cáncer de útero. A pesar de tener dos hijos y encontrarse en el paro, asegura que no recibe ninguna ayuda. “Llevo ya un mes implicada en el Campamento Dignidad, sintiéndome muy acompañada y apoyando a otras personas que también lo están pasando mal”, se presenta.

A su lado, María Luisa Márquez, madre de tres hijos, charla con algunos compañeros. Ella tiene tres hijos, todos en paro. Su marido fue despedido hace un año de la empresa alemana de camiones donde trabajaba, sin recibir indemnización de ningún tipo. “Saco todos los meses 250 euros limpiando un piso, pero no tenemos ningún otro ingreso, y así llevamos ya muchos meses”, asegura.

Mientras, los acampados denuncian que el gobierno de Extremadura se dedica a derrochar dinero público al tiempo que niega ayudas a sus ciudadanos. Los premios CERES de teatro, que tuvieron lugar el pasado agosto, costaron 600.000 euros, si bien se trata de una cifra algo más baja que en 2012, cuando el dinero público dedicado a este certamen alcanzó los 800.000 euros. “Imagina cuánta gente puede comer con toda esa cantidad”, lamenta Diego Cayuela al recordarlo.

La acampada en la concatedral se levantará el próximo 10 de enero, día en que se acercarán a la capital extremeña personalidades como Julio Anguita o Diego Cañamero para compartir debates y experiencias, tras lo que se producirá una marcha por la ciudad. Los activistas también están preparando las marchas que, desde todo el Estado, acudirán a Madrid el próximo 10 de marzo. A la acción, impulsada inicialmente por el Sindicato Andaluz de Trabajores (SAT), ya se han sumado colectivos y sindicatos de todo el país.