Imputada la antigua cúpula de Caixa Laietana por la venta de preferentes

BARCELONA // El juzgado de instrucción número 3 de Mataró ha admitido a trámite la querella presentada por dos ramas de una familia de afectados por las preferentes de Vallgorguina (Barcelona) contra la antigua cúpula de Caixa Laietana, actualmente integrada en Bankia, por la venta de estos controvertidos productos financieros.

El juez ha citado a declarar en calidad de imputados al exdirector general de la caja, Pere Antoni de Dòria; a su sucesor en el cargo, Josep Ibern, que posteriormente presidió la entidad, y a cinco exdirectivos más, que deberán comparecer en el juzgado el próximo 22 de enero. Son los primeros directivos de las antiguas cajas de ahorro catalanas imputados por la venta de preferentes.

El magistrado Jorge Juan Simarro Dalmases tomará declaración a los banqueros después de que Bankia remita al juzgado toda la documentación relativa a la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada. El juez considera que los hechos denunciados por la familia podrían ser constitutivos de un delito de estafa.

Caixa Laietana vendió participaciones preferentes a cerca de 15.000 clientes. Gran parte de estas fueron colocadas en Mataró, la capital de la comarca barcelonesa del Maresme, y ciudad de nacimiento de la caja, donde tenía una gran implantación. Tanto, que el 12% de la población de Mataró ha quedado atrapada en este gigantesco fraude.

Según los denunciantes, Caixa Laietana abusó de la confianza de sus clientes para “orientar a pequeños ahorradores un producto financiero reservado a inversores cualificados”.

Atrapados en el canje por acciones

Tras estallar el escándalo por la venta de estos productos financieros, Caixa Laietana ya había sido absorbida por Bankia, que ofreció a los preferentistas canjear sus participaciones por acciones de la entidad. No había otra opción: o perder el dinero invertido, o aceptar la operación que a la postre devaluaría en gran medida los ahorros.

El 90% de los afectados aceptó el canje, de una acción por cada 3,10€. Pero tras la entrada a bolsa de la entidad hoy nacionalizada, el valor de los títulos comenzó a caer en picado, hasta llegar a los 0,3€ por acción. “Había más que alertas sobre la caída de las acciones de Bankia. Fue una auténtica huida hacia delante con un porcentaje notable de riesgo de quiebra”, denunciaría más tarde el Síndic de Greuges (defensor del pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó.

Indemnización por valor de dos millones y medio

La querella que ha sido aceptada a trámite responsabiliza a los altos cargos de la caja de haber obligado a las sucursales a colocar preferentes entre los clientes. Josep Ibern, que cuando dejó la entidad en el 2012 cobró una indemnización de 550.000 euros y un plan de pensiones por valor de dos millones, defendió en la comisión de estudio de la actuación de las cajas de ahorro en el Parlament que las emisiones de participaciones preferentes se habían realizado correctamente, porque se habían anunciado como “productos para clientes con aversión al riesgo”.

Todo ello a pesar de que su antecesor, Pere Antoni de Dòria, reconociese en la cámara catalana que cerca del 62% de los preferentistas de la caja eran jubilados y una gran parte de ellos, parados.

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