Sólo el 0,8% de las víctimas de trata en España recibe protección legal

MADRID// La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que hay un mínimo de dos millones y medio de víctimas de trata, de la que casi el 80% tiene  el propósito de explotación sexual. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 98% de estas personas son mujeres y niñas. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) sitúa en medio millón el número de mujeres que entran anualmente en Europa occidental para ser explotadas sexualmente.

Estos son algunos de los datos que llevaron a la Asociación de Promoción de Servicios Sociales (APROSERS) a realizar un proyecto de investigación sobre prostitución y trata de mujeres en España. En este país, según diferentes informes, las cifras estimadas de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual oscilan entre las 100.000 y las 400.000, la mayoría procedentes de Nigeria y Rumanía.

Según datos oficiales, entre abril y mediados de diciembre de este año se han detectado 12.000 víctimas de trata en España. El letrado-coordinador del servicio de orientación jurídica de extranjería-municipal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Mariano Calleja, señala que el Colegio “no ha atendido a ninguna de ellas. A ninguna. Nadie nos ha llamado para hacerlo porque parece que a nadie le preocupa que estas personas sean asesoradas legalmente, que tengan acceso a un juicio justo o que se le garantice protección a los familiares que tengan en sus países de origen», lamentó.

De estas 12.000 víctimas, únicamente 100 pasaron a ser testigos protegidos -un reducido 0,8%-, “probablemente porque quisieron colaborar abiertamente y porque sus testimonios fueron lo suficientemente relevantes. Las 11.900 mujeres restantes fueron abandonadas por quienes tenían que protegerlas», reseñó Calleja.

Contextualizar la problemática

Durante la presentación del estudio de APROSERS, que tuvo lugar el pasado lunes en Madrid, la activista feminista y autora del libro La prostitución (Bellaterra, 2012), Beatriz Gimeno,  explicó que, a pesar de su complejidad, es necesario observar el fenómeno de la prostitución de manera integral, no como un hecho independiente del resto de los ámbitos sociales, para poder entenderlo. Factores como la globalización del capitalismo y de los mercados, el machismo, la feminización de la pobreza o las desigualdades norte/sur inciden de manera significativa en este fenómeno.

Actualmente, afirmó Gimeno, la prostitución es uno de los pocos espacios libres de feminismo dentro de la sociedad española, aunque sea formalmente. Esta “plusvalía de género“ que se les niega a los hombres en la mayoría de los ámbitos, van a volcarla en la prostitución, donde más que a buscar placer físico acuden para poder ejercer dominio sobre la mujeres.

Gimeno contó que “algunas prostitutas argumentan que en el momento en el que ejercen libremente su profesión, deja de haber un uso por parte del cliente. No voy a entrar a valorar los motivos por los que las mujeres comienzan a ejercerla, aunque sí son muy relevantes para ellas». Sí quiso fijar su atención en los testimonios y la actitud los clientes o los proxenetas de estas mujeres. “Es tal el grado de desprecio, de misoginia, de afán de someter a las prostitutas, que nada más escucharlos se entiende perfectamente por qué esta profesión es un grave problema social», concluyó.

Por su parte, Calleja señaló la necesidad de crear un turno de oficio específico para las victimas de trata con fines de explotación.

Desigualdades estructurales

Las encargadas de presentar las conclusiones de este informe fueron Esther Castellanos, socióloga y coordinadora de la investigación, y Beatriz Romeo, coordinadora de proyectos de APROSERS. En la línea de lo que apuntó la activista feminista Beatriz Gimeno, el primer aspecto que quisieron destacar fue que tanto la trata de mujeres con fines de explotación sexual como la prostitución, forman parte de “un continuum de violencia cuyas raíces se encuentran en las desigualdades estructurales de género».

Estas desigualdades provocan «racismo sexualizado, la demanda de mujeres para el mercado de la prostitución, la compra-venta del cuerpo de las mujeres como objetos sexuales», de la misma forma que fomentan «los intereses económicos creados por la industria del sexo». Por todos estos motivos, el informe concluye que este fenómeno es una manifestación más de violencia de género así como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres.

Uno de los aspectos más preocupantes que recoge este documento pasa por la impunidad de quienes se lucran con el trabajo de las mujeres a las que explotan sexualmente o sus clientes. Como consecuencia de esto, aumenta la dificultad de perseguir este delito así como la restitución de las víctimas. Una tarea de la cual, aseguran, debería de responsabilizarse el Estado, «tanto en el ámbito judicial como en el económico, sanitario y social».

Los testimonios de las mujeres entrevistadas les permitieron obtener dos conclusiones. La primera, que las consecuencias en todos los ámbitos y los efectos en la salud de las víctimas de trata son similares a las de otras víctimas de violencia de género, aunque su gravedad puede verse aumentada por la exposición constante a las causas que las provocan.

Además, casi la totalidad de las mujeres en trata o prostitución, encuestadas por los profesionales de APROSERS, declararon que dejarían su trabajo de forma inmediata o a corto plazo, si se les garantizara un empleo remunerado dignamente y seguridad física para su familia y para sí mismas.

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