La noviolencia se paga

NACHO GARCÍA PEDRAZA // Se acaba de aprobar el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, elaborada en consonancia con la reciente reforma del Código Penal. Pero cabe preguntarse: ¿Seguridad para quién? ¿De qué ciudadanía?

Parece que el Gobierno ha aplicado la misma lógica a la hora de entender la protección que la que emplea para entender la sanidad. Salud y seguridad ya no son un derecho de todas las personas. Si en la sanidad se excluye precisamente a quienes tienen mayor riesgo de exclusión, ahora, cuando hablamos de seguridad, dejamos también fuera a quienes se quejan. Hacia ellas va dirigida la reforma, que no hace sino consolidar la represión de la marginación y la protesta.

En la aprobación del anteproyecto se deja clara su vocación de “adaptarse a la nueva realidad”, “para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”. No hay duda de que se adapta a la nueva realidad provocada por la crisis: más gente en la calle y no solo desahuciada, sino movilizada; más gente que participa, que habla, que expresa su discrepancia con la gestión de la crisis; más gente que protesta, más formas de protestar. A esta realidad sí se adapta la reforma. Pese a que intentan convencer de que se trata de reivindicaciones violentas (Cospedal relacionaba los escraches con el nazismo y Cristina Cifuentes a Ada Colau con el apoyo al terrorismo), todavía no han conseguido convencer a la mayoría, incluida la silenciosa, de que sea cierto.

Sigue siendo evidente que la protesta es no violenta, y sus representantes más visibles, véase la PAH o Yo sí Sanidad Universal, gozan de mejor consideración que los políticos y partidos que las tachan de violentas. Algo que no pasa desapercibido y para lo que también se ajusta la reforma. Ante movimientos y formas de actuar que gozan de aceptación, se crean otras formas de represión más invisibles. Se trata de utilizar los procedimientos administrativos, donde para la imposición de una sanción basta con aplicar el principio de veracidad de los cuerpos de Seguridad del Estado que la denuncien, sin que tenga que mediar juez ni juicio. Más directo, más personal, más seguro.

Con esta reforma se incrementan los tipos y las cuantías de las sanciones, y se le da mayor margen de interpretación del motivo de la sanción a quienes acusan. Esta amplia interpretación que cabe en la mayoría de los artículos reformados, contrasta con el detalle con el que tipifican algunas de las acciones sancionables, como, por ejemplo, impedir una actuación legítima de un empleado público, las reuniones frente al Congreso o el escalamiento de edificios públicos, detalle que refleja lo ajustada que está la reforma a la nueva realidad de movilización social no violenta.

Con el incremento de la cuantía y los tipos de sanciones, parece que el paralelismo con la reforma sanitaria se extiende a la aplicación de las mismas: si quieres sanidad, págala aparte. Si quieres protestar, págalo aparte. De 100 a 1.000 euros por participar en una manifestación no convocada, de 1.001 a 30.000 euros por impedir un desahucio o rodear el Congreso (por supuesto, siempre y cuando así quedase determinado en el procedimiento administrativo). Con el régimen aún vigente, de menores cuantías, la comisión de Legal Sol tiene contabilizado más de 320.000 euros en sanciones en el último año y medio en Madrid, solo entre las que han dado seguimiento…

Lo que no queda claro todavía es si la lectura de la realidad que hace el Gobierno, poniendo precio individual a la protesta colectiva, ha tenido en cuenta la creciente pedagogía de la desobediencia, que une a los individuos y colectiviza la respuesta. Lo que hace unos años era del dominio de unos pocos, ahora cada vez está siendo más utilizado e incorporado al imaginario de la protesta: la desobediencia civil.

Cada vez son más los que tienen poco que perder entre las personas destinatarias de esta reforma, las excluidas y las que protestan (ni que decir tiene si eres excluido y protestas). Las palabras de Martin Luther King cuando es interpelado a explicar la coherencia de obedecer unas leyes y desobedecer otras, suenan cada vez menos a ecos del pasado: “Yo soy el primero en defender que se obedezcan las leyes justas. Todos tenemos la responsabilidad, no solo legal, sino también moral, de obedecer las leyes justas que se promulguen. Pero, a la inversa, todos tenemos la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas”.

Igual con esta reforma el Gobierno pretendía precisamente eso, reanimar la práctica democrática de la legítima desobediencia.

*Nacho García Pedraza es miembro de la ONG Novact