España elude afrontar el debate sobre la prostitución

Este artículo está incluido en el número en papel de diciembre de La Marea, ya a la venta en kioskos y aquí

MADRID // No toques a mi puta. Manifiesto de los 343 cabrones. Éste es el provocador título del manifiesto publicado por la revista francesa Causeur en su número de noviembre. El grupo de conocidos intelectuales y personajes de la cultura en Francia que lo firma, entre los cuales destaca el abogado del exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn, parafrasea el Manifiesto de las 343 guarras, escrito por la célebre feminista Simone de Beauvoir en los años 70 en defensa del aborto. Su objetivo es atacar la propuesta de ley del Gobierno galo que persigue endurecer las penas contra los clientes de las prostitutas y sus proxenetas.

El revuelo que causó este manifiesto, al que le siguió una carta pidiendo que no se penalizara la prostitución firmada por más de 60 artistas –la actriz Catherine Deneuve, incluida–, culminó con la respuesta de la asociación feminista Osez Le Féminisme! para defender la aprobación de la nueva ley, que se votará en diciembre. Esta organización publicó un comunicado en el que sostiene que la implantación de esta ley es la «única vía para luchar eficazmente contra la trata y contra un sistema que prostituye». Otras voces apoyaron su denuncia al asegurar que la prostitución poco tiene que ver con el glamour de la película Belle de jour de los años 60, en la que Deneuve interpreta a una mujer burguesa que trabaja en un burdel por voluntad propia.

No muy lejos de allí, en Alemania, y casi al mismo tiempo, en las negociaciones para formar gobierno entre los democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD, entre otras cuestiones, se abordaba la regulación de la prostitución. En este país, esta actividad es legal desde 2002, aunque los derechos de los que consideran trabajadores sexuales no se equipararon a los del resto de profesionales hasta el año pasado. Desde entonces, deben pagar impuestos, pero también tienen derecho a percibir una pensión cuando se jubilen porque cotizan a la Seguridad Social. Los temas en los que ahora deben ponerse de acuerdo los dos grandes partidos alemanes son diversos. Para empezar, se plantea la posibilidad de eliminar la tarifa, que se ha puesto de moda en algunos grandes burdeles, y que permite a los clientes tener sexo ilimitado a cambio de un precio fijo. También están analizando cómo aumentar la protección de las prostitutas. Asimismo, deben decidir si se castigará a los clientes que contraten los servicios de víctimas de explotación sexual, en caso de que sean conscientes de su situación.

Y mientras en Europa la regulación de la prostitución para luchar contra la explotación sexual y la trata de personas es un tema continuo de debate, España acaba de recibir un toque de atención por parte de la Comisión Europea por su inacción. Desde esta institución europea han amenazado con demandar al Gobierno español porque hace seis meses que deberían haber adaptado las leyes a la Directiva 11/36/UE, que obliga a cambiar los códigos penales de los países miembros para que la captación, rapto, traslado, amenaza, engaño que conduzcan al abuso sobre un individuo se tipifiquen como delito. Además, se debería haber promulgado una ley con la que poder condenar hasta a diez años de prisión a quienes induzcan al tráfico de personas.

Nada de esto se ha hecho, a pesar de que los datos oficiales confirman que se trata de un tema que debería reclamar medidas urgentes de las autoridades públicas. Según declaró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado septiembre en la Reunión de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en los seis primeros meses de este año, la Policía y la Guardia Civil realizaron 1.237 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución, y detectaron 7.114 personas en situación de riesgo, cuyo perfil más habitual es el de una mujer de entre 23 y 32 años, de nacionalidad rumana y en situación irregular.

Además, según un informe elaborado por Eurostat publicado por la Comisión Europea a principios de año, España registró 1.605 víctimas de tráfico de personas, identificadas o supuestas, en 2010. Este dato sitúa al país a la cabeza de la UE, únicamente por detrás de Italia, donde se contabilizaron 2.381 víctimas. Además, en 2012, se localizó a cerca de 12.300 mujeres que ejercían la prostitución a la fuerza, aunque la Policía consideró que esta suma corresponde sólo a un tercio del número real que, según sus cálculos, se eleva a 37.000. La Marea ha tratado de obtener una valoración al respecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre esta situación, pero no la ha obtenido.

Posturas contrarias

La falta de iniciativa en este ámbito por parte de España, según el antiguo delegado de Gobierno para Violencia de Género del PSOE, Miguel Lorente, se corresponde con una tradicional inacción. «Cuando se han tomado medidas como el Plan contra la trata siempre se ha tratado de diferenciarla de la lucha contra la prostitución», asevera. Una actitud que considera producto de la propia situación social, donde «hay posturas muy diferentes: unas críticas, enmarcadas dentro del abolicionismo (legislar para penar al cliente y al proxeneta y poder así acabar con la prostitución), y otras a favor del reglamentarismo (legalizar esta actividad y equipararla al resto de trabajos)».

La abogada especializada en los derechos de la mujer y de la infancia María José Varela representa el enfoque abolicionista. Varela asegura que el proxenetismo está contemplado como delito desde 2003, por lo que los prostíbulos deberían estar cerrados. Sin embargo, cree que, como «la trata de personas es uno de los negocios que más dinero genera globalmente», se mantienen abiertos. Además, denuncia que «no se persigue a los proxenetas porque es un lobby que ejerce una gran presión. De hecho, España es de los pocos países en los que su patronal es legal«. Se refiere a ANELA, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, con quienes este medio ha tratado de hablar en varias ocasiones, sin obtener respuesta.

Los estudios elaborados sobre la legislación alemana apuntan a que la legalización de la prostitución no ha contribuido a disminuir los casos de explotación sexual o de trata. Tampoco ha mejorado las condiciones laborales o de higiene de estas trabajadoras que, en un porcentaje cercano al 80%, son mujeres extrajeras provenientes, sobre todo, de Rumanía y Bulgaria. Este es uno de los motivos por los que Varela se muestra partidaria del abolicionismo: «No hablo de ilegalizar porque sería ir en contra de las prostitutas, que son las más vulnerables. Pero sí de vigilar, controlar y penalizar de manera rigurosa tanto a sus clientes como a los proxenetas».

Por su parte, la portavoz del colectivo de prostitutas Hetaira, Silvia García, considera que si se regularizara esta actividad, las personas que se dedican a ella podrían contar con instrumentos legales para defenderse de los abusos de los dueños de los clubs o para reclamar impagos por parte de los clientes que no abonan los servicios. Además, afirma: «Nos permitiría solicitar una baja cuando nos ponemos enfermas o estamos embarazadas, como en cualquier otro empleo». Una postura opuesta a la que se defiende en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, presentando por el Ministerio del Interior en noviembre, donde se introduce como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios como colegios o guarderías, así como en aquellos lugares donde se pueda ver afectada la seguridad vial. Es decir, criminaliza a quienes ejercen esta actividad.

En un comunicado que emitió Hetaira pocas horas después de conocerse el contenido de esta norma, manifestaron que «multar a las prostitutas es la peor iniciativa que podría tomar el Gobierno central» y que, aunque se desconoce «cuántas de estas personas trabajan cerca de colegios y jamás se ha presentado esta situación como un grave problema social», la norma prevé multar estas realidades al considerarlas una falta grave.

Como alternativa a la prohibición de trabajar en la vía pública, abogan por negociar una zona de tolerancia donde puedan ejercer la prostitución libremente. Algo parecido a lo que ya existe en Alemania u Holanda y, más recientemente, en Suiza, donde en agosto se inauguraron los aparcamientos sexuales. Alejadas de las zonas más transitadas de la ciudad, estos espacios están formados por cubículos habilitados con botones de pánico, duchas, una lavandería y trabajadores sanitarios. En España, lo más parecido a estos aparcamientos se encuentra en Málaga. Tras una negociación con varios colectivos de prostitutas, el Ayuntamiento les permitió que trabajaran en una zona situada detrás de unos desagües. A pesar de este pequeño logro, las personas que trabajan allí denuncian que la medida es ineficaz porque no cuentan con unas condiciones mínimas de salubridad.

La prostitución es alegal en España, pero la mayoría de las normas elaboradas hasta el momento tienden al abolicionismo. Al menos, éste es el espíritu en el que dicen haberse basado las llamadas ordenanzas de convivencia que existen en alrededor de 20 municipios españoles como Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid. En ellas se sancionan la solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales.

Según los datos de un estudio titulado Políticas de criminalización de la prostitución en España. Efectos sobre las trabajadoras sexuales, elaborado por la Catedrática de Derecho Carolina Villacampa y la profesora de Derecho Penal Nuria Torres, a pesar de que las ordenanzas se han presentado como normas para erradicar esta actividad, su eficacia no ha sido probada. Al contrario, en dicho informe, publicado en junio en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, aseguran que han empeorado las condiciones de trabajo de las prostitutas.

Respecto a su objetivo, Villacampa y Torres constatan que, a pesar de su declaración de intenciones, ninguna de las medidas de las ordenanzas está dirigida a erradicar esta actividad, sino a sacar a las prostitutas de las calles. Una decisión que las deja en una situación aún más vulnerable y que se intensifica al no ofrecer ninguna solución alternativa ni para las personas que se planteen dejar esta actividad ni para quienes soliciten ejercerla en mejores condiciones.

El caso de Suecia

Los partidarios de la abolición de la prostitución tienen a Suecia como referente. En este país, el Gobierno aprobó en 1999 una ley que, por un lado, penaliza la compra de servicios sexuales y, por otro, despenaliza su venta. La filosofía de esta norma se basa en que la prostitución es una forma de violencia machista contra quienes la ejercen. Al considerar a las prostitutas como víctimas, contempla que quien quiera dejar esta actividad pueda contar con la ayuda de los servicios sociales. Además, prevé que se destinen fondos para educar y concienciar a la ciudadanía.

Los estudios que miden la eficacia de esta ley han demostrado que ni las violaciones ni la violencia contra las mujeres han aumentado tras su aplicación. Por otro lado, la prostitución en las calles se ha reducido a la mitad. El 90% de las personas afectadas ha dejado esta profesión gracias a las medidas de protección desarrolladas por la ley. La otra cara de la moneda es que las mafias de trata de mujeres se han trasladado a países próximos a Suecia, como Finlandia, Holanda o Alemania. Además, se han construido prostíbulos marítimos en aguas internacionales.

Este último dato se usa para criticar la ley sueca por considerar que no ha erradicado la prostitución. Sin embargo, sus defensores argumentan que las mafias siguen activas en otros países porque sus leyes lo permiten y a causa de la ineficacia del derecho internacional. Asimismo, insisten en que la lucha contra la trata de mujeres y la prostitución, como la que persigue la explotación infantil, el tráfico de drogas o de armas, no puede depender de un solo país.