La administración arrincona a 150.000 personas con VIH en España

MADRID // «No existe ninguna justificación científica ni legal para excluir a una persona del desempeño de una profesión sobre la base del riesgo de transmisión del VIH». Es la idea principal que subyace del manifiesto elaborado por las plataformas de respuesta al VIH y al sida CESIDA, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Federación Trabajando en Positivo y RedVIH, en colaboración con CCOO y UGT, con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Sida.

Las diferentes plataformas y asociaciones que trabajan con personas afectadas por el VIH han detectado varios comportamientos en el ámbito laboral que conducen a estigmatizarlas y excluirlas, lo que repercute negativamente a la hora de la inserción laboral o de conservar su trabajo. Entre otras evidencias, han constatado dificultades para que las personas con VIH denuncien que son víctimas de discriminación laboral.

A esto hay que añadir que, desde la reforma laboral que introdujo el Partido Popular, una empresa puede despedir a cualquiera de sus empleados que falte diez días al trabajo en dos meses de forma intermitente, incluso aunque haya obtenido una baja laboral. Esta medida afecta especialmente a personas con enfermedades crónicas tales como cáncer, fallos renales que requieran diálisis o VIH y sida. A pesar de que requieren una atención médica especial,  su situación no está contemplada como excepción en la ley.

La discriminación y vulneración de los derechos de las personas con VIH también ha sido constatada por el Observatorio de Derechos Humanos en VIH/Sida, donde elaboraron un informe para analizar el estado de la situación durante el año 2012. La primera afirmación que contiene este documento es que de los 33 millones de personas que viven con VIH -150.000 en España- gran parte ha sufrido discriminación a lo largo de su vida por padecer esta enfermedad.

De las consultas recibidas durante todo el año pasado, casi la mitad estaban relacionadas con el ámbito laboral y la atención sanitaria. Despidos, test de VIH en pruebas de acceso y revisiones (a veces sin autorización), y cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a diferentes puestos o la no renovación de contratos tras conocer que el trabajador padecía esta enfermedad son las conductas discriminatorias más frecuentes en el trabajo.

En el ámbito sanitario, las consecuencias de la discriminación pasan por la ruptura de la intimidad y la violación de la confidencialidad, junto con la realización de pruebas sin consentimiento o las dificultades para recibir el tratamiento a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de reformas en la Sanidad. Una denuncia que también se plasma en el manifiesto de las plataformas de respuesta al VIH y al sida.

En su comunicado, hablan de la repercusión que tanto la reforma sanitaria como los recortes en este ámbito tienen en personas con VIH. Por un lado, el RDL 16/2012 excluye de la atención sanitaria gratuita a las personas inmigrantes en situación irregular y a aquellos españoles que no tengan la condición de asegurados, como los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca.

Esto supone que no tienen derecho a obtener tratamientos antirretrovirales o a aquellos relacionados con las enfermedades asociadas al sida, como la tuberculosis o la neumonía. Y, además, hay que sumar la implantación del copago, que dificulta que las personas con VIH puedan ser tratadas de manera adecuada si no tienen una determinada cantidad de dinero, ya sea porque no compren sus medicinas con la asiduidad que su tratamiento requiere o bien porque, directamente, no pueden permitírselas.

En el informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos VIH/Sida han percibido que en los últimos dos años, “desde que REDVIH organizó una jornada sobre este tema“, han aumentado las denuncias relacionadas con las aseguradoras privadas. Entre las más frecuentes están los casos en los que se deniega una hipoteca porque, al tener VIH, no pueden suscribir un seguro de vida. Pero también la imposibilidad de encontrar seguros médicos que no excluyan a las personas con VIH o aquellas compañías privadas que les deniegan la cobertura en servicios ya contratados.

Desde el Observatorio de DDHH VIH/Sida denuncian que se siguen vulnerando los derechos de las personas con VIH en ámbitos tan relevantes como el sanitario, el económico e, incluso, en sus relacones personales. Una conclusión a la que también llegan en el manifiesto elaborado por las plataformas de respuesta al VIH y al sida, donde indican que el rechazo sistemático que sufren estas personas en el ámbito laboral se basa en un “miedo irracional“, fruto de la falta de información respecto a esta enfermedad. 

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