Ante el deterioro de las instituciones, récord de iniciativas legislativas populares

El «no nos representan» no solo se grita en las calles, también está llegando al Parlamento. En la última legislatura (2008-2011) se duplicó el número de iniciativas legislativas populares registradas en el Congreso de los Diputados (23 de un total de 71 presentadas durante todo el periodo democrático) y en los dos años que llevamos de ésta ya se han presentado trece. Las ganas de cambio también llegan al Parlamento de forma organizada, aunque las previsiones constitucionales no eran dejar la puerta abierta de par en par a la participación ciudadana en las tareas legislativas.

Así, la otra cara de la moneda de éste deseo de la ciudadanía de participar es que sólo se han admitido a trámite dos: la que contempla considerar a la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural y la que regulará la dación en pago, la eliminación de desahucios y el alquiler social. La rendija la abrió el artículo 87.3 de la Constitución, en el que se dice que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Una rendija bien pequeña puesto que no se pueden presentar iniciativas populares sobre los temas que más interesa modificar a la ciudadanía. Según un estudio realizado conjuntamente por la Universidad Rey Juan Carlos y la aseguradora ARAG, las cuestiones que más interesan son precisamente las que no están previstas para la acción popular: el agravamiento de las penas ante determinados delitos, la reforma de la Constitución, intervenir en los Presupuestos Generales del Estado, en reformas tributarias, financiación de las CCAA o la sucesión de la Corona. Y, como señala la Constitución, se exige conseguir 500.000 firmas en nueve meses para que sean admitidas a trámite frente a las 50.000 que se exigen en Italia o ninguna en Reino Unido, por ejemplo.

El último obstáculo para que las iniciativas populares no lleguen a ser eficaces está en el proceso de tramitación en el Congreso. Parece que los legisladores se defienden del pueblo. En el estudio se ha cuantificado que el tiempo medio de espera para que una iniciativa legislativa popular, tras haber salvado todos los requisitos, se discuta en el Congreso es de nueve meses a dos años. Así que, al final, la rendija se cierra cuando los diputados quieren: la última palabra la tiene el Congreso.

A la vista de los datos de este estudio, no parece una sensación subjetiva pensar que tanto el Parlamento como el Gobierno sufren sordera. Si al rodillo de la mayoría absoluta y los límites del ejercicio democrático, el endurecimiento de penas para quienes se atrevan a protestar en las calles, el silencio habitual de los responsables políticos, también se ponen trabas en los ya de por sí difíciles mecanismos democráticos de participación… Los datos que arroja el estudio son concluyentes: la mayoría de los encuestados, un 64%, piensa que se presentan pocas iniciativas porque no sirven para nada, ya que el Congreso siempre tiene la última palabra.

Canarias es la Comunidad que más iniciativas legislativas populares ha presentado en su Parlamento y donde más se han admitido a trámite, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque en esta comunidad ninguna iniciativa ha visto la luz. Madrid y La Rioja son las comunidades que menos iniciativas han presentado.