Un diputado del PP denuncia por lo penal a una activista de la PAH tras un escrache

EL PRAT DE LLOBREGAT // La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se podría enfrentar al primer juicio por lo penal por un escrache, concretamente al diputado del PP Antonio Gallego. Este miércoles debía celebrarse un juicio de faltas contra Avelina Poyatos, integrante de la PAH Penedès. Finalmente, la vista se ha suspendido después de que tanto Gallego, que ejerce la acusación particular, como la Fiscalía hayan decidido llevar el caso por la vía penal.

A las puertas de los juzgados de El Prat de Llobregat se han concentrado por la mañana cerca de un centenar de activistas de la PAH, con pancartas de apoyo a Poyatos en las que se podía leer “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”. Y es que Poyatos es la única acusada por un escrache que llevaron a cabo decenas de personas en el domicilio de Gallego. Esta acusó a la activista, tal como recoge el escrito fiscal, de haberle llamado “sinvergüenza” y “cucaracha”, un calificativo que han repetido a voces los activistas concentrados ante los juzgados.

El juez consideró que de los hechos solamente se podía derivar un juicio de faltas, pero el diputado popular, avalado por el Ministerio Público, ha decidido acusar a Poyatos de hasta siete delitos por la vía penal. Se tratarían de los delitos de injurias, calumnias, coacciones, amenazas, delitos contra las instituciones del Estado, manifestación ilícita y desórdenes públicos.

La PAH denuncia que el Gobierno está llevando a cabo una estrategia de persecución y criminalización de la plataforma y que ha dado consignas a sus diputados para que denuncien cuando sean víctimas de un escrache. Hasta el momento, varios miembros del PP han presentado denuncias en los tribunales, entre ellos la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Todas ellas han acabado archivadas.

“Somos un movimiento pacífico. Nos acercamos a sus casas porque no quisieron acercarse a nuestras reuniones a hablar con nosotros, nos ignoraron”, ha manifestado a las puertas del juzgado Avelina Poyatos. “Si quieren mi cabeza aquí me tienen, pero esto no va a hacer que me quede en casa con miedo. Al contrario, me da más fuerza”, ha asegurado.

Críticas al papel de la Fiscalía

La portavoz de la PAH, Ada Colau, ha criticado que la Fiscalía se haya sumado a presentar una denuncia por la vía penal. “La Fiscalía está teniendo un papel de complicidad con los corruptos, solo hace falta cómo está actuando en el caso que afecta a la Infanta Cristina. Y sin embargo persigue a las personas que se manifiestan de forma pacífica”, ha señalado. Según Colau, el Gobierno del Partido Popular “entiende la democracia como su coto privado, y utiliza los juzgados y la policía para intimidar a la disidencia”. “Este intento de criminalización y persecución entra en una fase más amplia con la Ley de Seguridad Ciudadana”, ha añadido.

El juzgado de instrucción número 2 de El Prat de Llobregat deberá decidir ahora si acepta a trámite la denuncia de Gallego y la Fiscalía por la vía penal. Si así fuera, deberá señalar una nueva fecha para que se celebre el juicio.

La PAH inició su campaña de escraches a diputados del PP después de que el grupo popular en el Congreso vaciara de contenido la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, que tras reunir casi un millón y medio de firmas pedía una moratoria de todos los desahucios, instaurar la dación en pago y la puesta en marcha de un parque de viviendas en régimen de alquiler social para las familias que hayan perdido sus casas.

Desavenencias con la PAH de Girona por la estrategia en Salt

Este miércoles comenzaba el plazo decretado por un juzgado de Girona para el desalojo del bloque de viviendas ocupado por la PAH en la localidad gerundense de Salt, en el marco de la Obra Social de la plataforma. Hasta el momento no se ha llevado a cabo el desahucio, que afectaría a las catorce familias que viven en el edificio. La PAH de Girona rechazó la oferta de la Generalitat de otorgar una vivienda en régimen de alquiler social durante dos años para cinco de las familias, las que hasta el momento habían cumplido, según la administración, con todos los trámites exigidos.

Esta postura ha provocado el desacuerdo entre la plataforma de Girona y el resto de PAHs catalanas, que este martes hicieron público un comunicado en el que criticaban la decisión de optar por resistir y no aceptar los pisos ofrecidos por la Generalitat. “Uno de los pilares principales de la Campaña Obra Social PAH es poder demostrar que las familias de nuestros bloques no han recibido ninguna solución habitacional por parte de las administraciones públicas. Eso nos llena de legitimidad. Por ello, no aceptar la posibilidad de estos realojos nos pone en una situación de debilidad ante la administración y la opinión pública”, reza el comunicado. “No podemos exigir realojos para las más de 700 personas que habitan en bloques de la Campaña si cuando nos los ofrecen, los rechazamos”, añade.

Este miércoles han llegado a la Agencia de Vivienda de Cataluña la última solicitud de realojo de las familias que habitan en el bloque de Salt, después de que el martes se registraran siete más. Con esto, la Generalitat ya tiene sobre la mesa las solicitudes de todas las familias del bloque, con lo que deberá tramitarlas y, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, garantizar el realojo en pisos de protección oficial.

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