Manifestarse ante un Parlamento se multará con hasta 600.000 euros

BARCELONA // Protestas ciudadanas como las de Rodea el Congreso o el cerco al Parlament catalán de los indignados en junio de 2011 podrán acarrear multas de hasta 600.000 euros. Así lo contempla el anteproyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana que ultima el Ministerio de Interior y que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros.

La normativa sancionará participar en protestas no comunicadas ante el Congreso, el Senado, o los Parlamentos autonómicos, aun cuando no se estén celebrando plenos y, por tanto, no se encuentren representantes públicos en el interior. Con el objetivo de evitar los escraches a políticos, el texto incluye la posibilidad de establecer un perímetro de 200 metros alrededor de la vivienda del afectado para evitar la concentración de personas, y aplica sanciones por participar en estos.

Las «vejaciones, amenazas, coacciones e injurias» a policías pasarán a considerarse infracciones muy graves, penadas con entre 30.001 y 600.000 euros. También se castigará grabar y difundir imágenes y fotos de los policías que puedan suponer algún “riesgo para la seguridad”. La nueva ley establece multas de 100 a 1.000 euros para las infracciones leves, y de 1.001 a 30.000 euros para las graves.

De este modo, el Gobierno convierte en infracciones administrativas algunos de los nuevos métodos de protesta, que se han incrementado en lo últimos años por el aumento de la conflictividad social, y busca de este modo poder castigar acciones como las protagonizadas por el 15M que, a pesar de haberlas perseguido policialmente, la mayoría no han recibido sanciones en los tribunales.

Una ley diseñada a partir de las últimas protestas

Según explica El Periódico, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han participado en la redacción del anteproyecto, plasmando aquello que se han ido encontrando en los últimos tiempos en las calles durante las protestas ciudadanas.

Cuando la nueva ley entre en vigor, no solo se podrá penar protestas como la de la coordinadora 25-S frente al Congreso de los Diputados, sino que también se pondrá coto a la grabación de imágenes de actuaciones policiales que en los últimos meses han dado a conocer posibles abusos. Por ejemplo, la detención por parte de los Mossos d’Esquadra de un hombre en el barrio del Raval de Barcelona, que acabó con la muerte del detenido, y que ha llevado a ocho agentes a ser imputados después de que se filtrasen vídeos grabados por los vecinos de la zona.

Las protestas ciudadanas se van quedando así con poco margen de actuación. A la nueva ley de seguridad ciudadana se suma la reforma del Código Penal, que introduce penas de prisión por ocupar entidades bancarias, interrumpir el transporte público, o convocar manifestaciones a través de las redes sociales si estas acaban con altercados, y equipara la resistencia pasiva con el atentado a la autoridad.