“Integrar a las FARC en las instituciones democráticas es una necesidad para Colombia“

MADRID// La Fundación Forjando Futuros (FFF) asesora y presta apoyo jurídico a los reclamantes de tierras en Antioquia, Colombia. Son víctimas de diferentes sectores empresariales, terratenientes o paramilitares que despojaron de sus propiedades a algunos de ellos. Otros, que vivían o trabajaban en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las guerrillas, abandonaron sus tierras por miedo. Gracias a los siete años que llevan trabajando con comunidades desplazadas y víctimas del conflicto armado en Urabá, la FFF, junto con la Asociación Nacional de Víctimas para la Restitución y Acceso a la Tierra, Tierra y Vida, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Paz 2012. Al frente de esta fundación está Gerardo Vega, que se ha convertido en uno de los líderes del proceso de restitución de tierras más reconocidos del Urabá antioqueño y de toda Colombia.

Gerardo Vega llegó a Antioquia en 1987 como miembro del Frente Popular, la rama política del Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla colombiana de ideología marxista-leninista-maoísta. Cuatro años más tarde se desmovilizó (dejaron las armas y se integraron en las instituciones democráticas). En 1995 Vega fue designado como consejero presidencial para Urabá por Ernesto Samper, pero unos meses después, ante la fuerte arremetida de los paramilitares en la región, fue nombrado cónsul en Bruselas. Regresó al país en 2000 y fue elegido diputado en Antioquia por EPL. Un año después dejó el partido, cuando se opuso a que el movimiento apoyara la candidatura presidencial de Álvaro Uribe.

Los montoneros argentinos o los tupamaros uruguayos eran guerrillas organizadas contra las dictaduras de Videla y Bordaberry. ¿Contra qué luchaba el EPL?

En Colombia también hubo una sucesión de dictaduras y golpes de Estado. Este proceso terminó con un acuerdo entre el partido liberal y el conservador para instaurar el Frente Nacional a partir de 1958. Este era un proceso con el que ambos partidos se iban a alternar el poder durante 16 años. Mediante este acuerdo, lograron que la sociedad civil y el resto de los partidos políticos quedaran fuera del acceso al poder.  Además, en esa época triunfó la revolución cubana, que contagió con su espíritu de rebelión a muchos ciudadanos latinoamericanos que exigían otro tipo de sociedades más justas y más equitativas.

Usted llegó a Antioquia en 1987 y participó en la desmovilización del EPL. ¿Cómo fue el proceso?

Hubo varios intentos de desmovilización con otros grupos de guerrilleros, además de con el EPL, antes de 1991, que fue cuando finalmente se logró. En 1984, el gobierno de Belisario Betancur, el M-19, el EPL y el Movimiento Autodefensa Obrera (ADO) firmaron una tregua para desarrollar un Diálogo Nacional. Sin embargo, la tregua no duró más de un año, debido especialmente al interés de la extrema derecha por que no saliera adelante. Este proceso terminó con la lamentable masacre del Palacio de Justicia, en Noviembre de 1985. El M-19  tomó como rehenes a varios de los jueces y el Ejército bombardeó el edificio (murieron 95 personas). El EPL perdió a su vocero (líder), Óscar William Calvo, y las guerrillas fueron a las zonas rurales para fortalecerse.

Unos años después César Gaviria fue elegido presidente (1990-1994) e insistió en retomar las conversaciones para seguir adelante con el proceso de paz. El M-19 se había desmovilizado en 1989. Con Gaviria se logró que tanto el Movimiento Armado Quintín Lame (proindigenista) como el EPL se integraran el en proceso de paz. Cuando se creó la Asamblea Constituyente se produjo la entrega de armas de unos 150 combatientes, entre ellos el EPL, que en marzo de 1991 firmó un pacto definitivo de desmovilización. Esto le permitió integrarse en la vida civil y convertirse en un partido político legal.

En 2001 le expulsaron del EPL porque se negó a apoyar la candidatura de Álvaro Uribe como presidente. ¿Fue así o lo dejó usted?

Bueno, antes de esto yo había ocupado muchos cargos. Fui consejero presidencial para Urabá por Ernesto Samper en el 95, me fui a Bruselas como cónsul durante algún tiempo y en el año 2000 regresé. Al volver, me nombraron diputado en Antioquia por el EPL.  El apoyo al presidente… al entonces candidato Uribe causó una división en el partido. Yo no compartía que hubiera que apoyarlo y me retiré.

Y creó la Fundación Forjando Futuro.

Antes de crearla ya había trabajado con gente que había huido o a la que habían despojado de sus tierras, pero no estaba organizada. Intentamos por la vía legal que los reclamantes recuperaran sus territorios pero no hubo manera. Se promulgó la Ley 935 (en 2004) por medio de la que se desmovilizaron varios grupos paramilitares y que los obligaba a reparar el daño a las víctimas, incluida la restitución de sus tierras. Finalmente no se cumplió esta ley, pero sobre la base de ella comenzamos a trabajar de manera más organizada.

Los reclamantes eran comunales o estaban organizados, como mucho, de manera local o regional. Al crear la fundación, lo que pretendimos fue darles apoyo y asesorarlos para que se organizaran a escala nacional. En diciembre de 2011 nos juntamos con otras asociaciones como Redepaz o Arco Iris para que todas juntas fundaran una organización estatal, algo que sucedió tras incluirlas a todas en la que ya había creado Carmen Palencia que se pasó a llamar la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra.

¿El Premio Nacional de Paz es solamente un respaldo económico o supone algo más?

Es apoyo económico, pero tiene un significado mucho más profundo. Quiere decir que finalmente han reconocido que nuestra labor es legítima y que se hace en defensa de los Derechos Humanos. Es un premio que conceden los principales medios de comunicación del país y esto también supone un logro importantísimo. El dinero lo vamos a utilizar para ayudar a los reclamantes a defenderse de las amenazas, las agresiones, las denuncias y los juicios públicos que les están haciendo quienes les quitaron sus tierras.

¿Quiénes se las quitaron?

El despojo lo causó un sector empresarial y algunos terratenientes. Además, según las sentencias que ya han salido en algunos los juicios, el 41% de las tierras fue robado por las fuerzas paramilitares y algunos grupos de extrema derecha. Otra parte de la gente tuvo que abandonar sus propiedades porque estaban en medio de los enfrentamientos entre la policía y las guerrillas y tenían miedo de quedarse ahí.

Hay que tener en cuenta que este es un problema muy grave que afecta a mucha gente. En total, entre personas despojadas de sus tierras y personas que tuvieron que dejarlas, hay seis millones y medio de hectáreas, que equivale al territorio de Suiza, y afecta a entre 4 millones y medio o cinco de personas, que es más o menos la población de Madrid y el País Vasco junta.

¿Cuál es exactamente la labor de su fundación?

Colaboramos con la Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) por medio de la que hemos recibido el apoyo y la cooperación de múltiples instituciones y ayuntamientos, principalmente españoles, como los de Santander,  Barcelona, Rivas Vaciamadrid, Móstoles o Málaga, lo que nos permitió llevar a cabo multitud de proyectos.

En el marco de la ley 1448 de 2011 (de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno) pudimos participar en la documentación de unos 560  casos durante el pasado año. Lo que hacemos, básicamente, es identificar quiénes son los titulares con derecho a reclamar sus tierras (quiénes eran sus ocupantes, poseedores o propietarios). Después determinamos qué bienes les corresponden por medio de levantamientos topográficos con mediciones satelitales. Esto es importante para no invadir el territorio de otro y crear un segundo conflicto. Y, tercero, determinamos el contexto en el que ocurrieron los despojos o los abandonos de la tierra. Una vez se tienen estos datos, se lleva ante un tribunal y el juez tiene más o menos cuatro meses para decidir si les restituye las tierras a los reclamantes o no.

Es importante recalcar que la restitución es independiente del retorno. Hay muchas personas que no quieren volver a sus tierras porque ya son mayores para trabajarlas o porque pasaron 15 años y sus hijos se habituaron a vivir en el otro lado. Esto no significa nada. Mediante los juicios se determina si tienen o no derecho a disponer de su territorio, pero no hay ninguna ley que los obligue a volver a vivir en él. Repito que es importante aclarar esto porque recibimos muchas criticas en este sentido y hay que dejar claro que restitución no es sinónimo de retorno.

Usted coordinó durante un tiempo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Recientemente hemos sabido que se ha llegado a un acuerdo entre las FARC y el presidente de Colombia, José Manuel Santos, por el que los guerrilleros podrán formar un partido político y participar en las instituciones democráticas. ¿Qué le parece?

Creo que es una necesidad para Colombia. Las FARC ya dejaron más de 200.000 muertos, por lo que hay que buscar que el proceso de paz salga delante de una manera decidida, lo que pasa es que es un proceso muy lento. En un primer momento, gracias a la mediación de Cuba, se llegaron a algunos acuerdos sobre las tierras. Primero sobre uso y tenencia. Es decir, quién se las va a quedar y para qué. La ganadería en Colombia está concentrada en muy pocas manos. Las FARC tienen 40 de los 115 millones de hectáreas que hay en nuestro país dedicadas a ganadería. Se planteó que se quedaran con once, aprovechadas con tecnología para sacar el máximo rendimiento, y que el resto fuera a parar a manos de agricultores para sembrar la tierra. La restitución de ciertos territorios y el desarrollo tecnológico fueron los otros dos puntos que se acordaron en La Habana.

¿Y la en negociación con el Gobierno qué se está tratando?

En primer lugar que los guerrilleros se desmovilicen y se integren en la vida política, que cambien las armas por los votos. Que sus propuestas las integren en procesos electorales y si la gente las apoyan que las saquen adelante y si no, no. Después está el tema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, en tercer lugar el reconocimiento de las victimas, las ocasionadas por las FARC y por los diferentes gobiernos de Colombia, para que se sepa la verdad y que sirva como garantía de no repetición, y finalmente la cesación del conflicto.

¿Cree que si finalmente se firma el acuerdo de paz será positivo para el país?

Primero tiene que firmarse la paz, que traerá consigo la reconciliación. Parece que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también está pensando en integrarse en este proceso. Ojalá suceda. Si finalmente se firma la paz con ambas guerrillas, el dinero que antes se gastaba para luchar contra ellas podrá usarse para invertirlo en políticas que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar social: educación, sanidad, alimentación… Pero todo esto tendrá que venir después de pasar el proceso de reconciliación. Hasta que en Colombia no haya paz, no podrá haber desarrollo

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