La xenofobia se instala en los gobiernos de Europa ante el auge de la ultraderecha

La tragedia de Lampedusa colocó en la agenda pública el drama cotidiano de la muerte de los inmigrantes el pasado mes de octubre. Los 366 muertos en aguas del Mediterráneo hicieron muy difícil a las autoridades italianas y europeas obviar la dimensión de la tragedia. Sin embargo, la respuesta que dieron muestra el problema ante el que se encuentran los gobiernos nacionales y las instituciones europeas a la hora de tratar la inmigración. El aumento de los partidos de extrema derecha y la beligerancia de éstos ante la inmigración los empuja a asumir políticas xenófobas para minimizar el impacto de estos populismos en las elecciones.

El doble juego en el que se ven inmersos los gobiernos nacionales quedó patente con el trato dado a los muertos y los vivos de la tragedia de Lampedusa. «Ahora todos quieren honrar a los muertos con funerales o entierros, pero se olvidan de los vivos. Hay que empezar respetando a los vivos y no sólo a los muertos», declaró a EFE el sacerdote de Eritrea Mussie Zerai. La necesidad de las instituciones de mostrarse como humanitarias, empujadas por las palabras del papa Francisco, les llevó a prometer un funeral de Estado y a ofrecer la nacionalidad a los fallecidos. Pero sólo a los fallecidos, ya que a los supervivientes de la tragedia se les denunció por inmigración ilegal, penada con 5.000 euros de multa y la expulsión, mientras estaban hacinados durmiendo al raso en el centro de acogida de Lampedusa.

El ascenso de la extrema derecha y el apoyo al gobierno de Berlusconi en el año 2002 provocó la promulgación de una de las leyes más xenófobas de los últimos tiempos en Europa, la ley Bossi-Fini. El partido fascista de la Liga Norte consiguió que fuese delito el auxilio por parte de los pesqueros a los inmigrantes que se estén ahogando. Una medida que pudo agravar la tragedia de Lampedusa, ya que tres pesqueros no se atrevieron a socorrer a los náufragos. La vergüenza por lo sucedido ha llevado al Gobierno italiano a replantearse esta Ley y el Senado ha dado un primer paso para derogarla. Otro paso más en esa delicada línea de atender a motivos humanitarios y no tomar medidas que supongan el ascenso de los partidos xenófobos.

Meses después de la promulgación de la ley Bossi-Fini, la directiva de la Unión Europea 2002/90 definió la ayuda a la entrada a la circulación y a la estancia de inmigrantes irregulares. La directiva insta a los Estados miembros a imponer sanciones “contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de éste, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros”. La directiva no alude a motivos humanitarios para eximir de responsabilidad y la legislación italiana estaría plenamente integrada en esa directiva.

En España, a pesar de lo que en un principio se insinúo y las reservas de muchos grupos de la oposición que preguntaron en el Congreso sobre la posibilidad de penalizar la ayuda humanitaria a inmigrantes, el nuevo código penal de Gallardón incluye una adenda en el artículo 318 bis que exime de responsabilidad a los que lo hicieran con por motivos humanitarios: “Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

Aun así, en España las medidas tomadas contra la inmigración van en la línea de los partidos de extrema derecha: despojarles de la tarjeta humanitaria, inclusión de las concertinas o la necesidad de pasar exámenes de españolidad para poder acceder a la nacionalidad.

Hollande y la expulsión de gitanos

En Francia, los mayores ascensos  del partido de extrema derecha de Marine Le Pen suelen venir acompañados de medidas contra la inmigración y proclamas xenófobas por parte de las formaciones que gobiernan en ese momento. En 2004,  el ejecutivo presidido por Jacques Chirac desmanteló un poblado gitano en Herblay, una acción que fue condenada recientemente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no haber otorgado a los afectados unas condiciones aceptables de realojo.

La xenofobia en las medidas del Gobierno francés, siempre auspiciadas por la popularidad de los Le Pen, quedó patente con la expulsión masiva de gitanos en el año 2010: más de 8.000. La medida llevó a la apertura de un expediente por parte de la Unión Europea. Viviane Reding, la comisaria de Justicia, se llegó a declarar horrorizada por la expulsión por parte de un país miembro de la UE de un grupo de ciudadanos sólo por pertenecer a una minoría étnica. Reading incluso comparó el proceso de expulsión con los realizados por los nazis en Alemania antes de la II Guerra Mundial. Nicolas Sarkozy contestó a la comisaria de Justicia que acogiera en Luxemburgo a los gitanos si tanto le preocupaban.

El fantasma del racismo volvió a desatarse en Francia este verano cuando Gilles Bourdouleix, diputado centrista y alcalde de Cholet, afirmó que “Hitler no mató a suficientes gitanos”. Lo hizo al ser increpado durante su visita a un poblado gitano cercano a su municipio. Pero sin duda fue la deportación de una menor de 15 años, que fue detenida cuando estaba en una excursión del colegio, la que volvió a poner en evidencia la xenofobia de los gobiernos franceses, sin importar el color político, con los gitanos.

El acercamiento de los partidos tradicionales franceses a los postulados xenófobos del Frente Nacional de Le Pen han sido una costumbre desde la aparición del partido en 1972. El ministro de Interior de Hollande, Manuel Valls, acoge los postulados que le permitieron a Sarkozy robar votos a Le Pen. La postura de Valls está soportada sin duda por las encuestas que dicen que más del 70% de los franceses apoya la expulsión de gitanos de Francia.

Este clima de xenofobia en Francia contra la población romaní es preocupante considerando los antecedentes históricos ocurrido en territorio francés durante los años del régimen de Vichy, cuando los gitanos fueron deportados a campos de concentración en Alemania o recluidos en campos construidos en territorio francés, como el de Montreuil Bellay.

La caza de gitanos en Hungría

El conservador Viktor Orbán es presidente de Hungría desde el año 2010 y en la actualidad es presidente de turno de la Unión Europea. Desde su llegada al poder, con mayoría y el apoyo del partido nazi Jobbik, que consiguió un 17% de votos en las elecciones, se ha visto inmerso en una deriva autocrática que le ha llevado a consentir la persecución de los gitanos en territorio húngaro por parte de las milicias de Jobbik.

En marzo de 2010, en Gyongyospatta, una pequeña población húngara, se sucedieron unos hechos de extrema gravedad que contaron con la total complicidad de las fuerzas de orden público y del gobierno del nacionalista Viktor Orbán. Las milicias del partido nazi Jobbik tomaron la población para amedrentar y agredir a los gitanos que allí vivían. El diputado de Jobbik, Gabor Vona, realizó un discurso ante más de 1.500 paramilitares con uniformes negros y armados que se dedicaron a hostigar a la población gitana durante dos semanas estableciendo en la población un estado de sitio. Los ciudadanos romanís no se atrevieron a salir de las casas durante esas semanas y se vieron obligados finalmente a dejar sus casas y abandonar su población. Todo con el beneplácito del actual presidente de turno de la Unión Europea, Viktor Orban.

El gobierno de Viktor Orbán, para contener la subida de Jobbik en algunas ocasiones y por afinidad con sus ideas en otras, ha tomado multitud de medidas que firmaría el partido nazi. La capacidad de distorsión de los partidos de extrema derecha sobre los partidos más tradicionales volvió a quedar en evidencia cuando Viktor Orbán tomó una serie de medidas antisemitas, lo que llevó incluso a una protesta formal por parte de un grupo de 50 congresistas de los EEUU.

Entre otros, Fidesz, el partido de Orbán, comenzó una campaña de rehabilitación con estatuas en poblaciones húngaras del dictador antisemita Miklos Horty, que gobernó Hungría desde 1920 hasta 1944. El recuerdo a figuras antisemitas continuó con el intento de enterrar las cenizas del escritor pro nazi Joszif Nyiro en Transilvania, provincia de Rumanía, por ser parte del imperio austrohúngaro. Estas medidas nacionalistas próximas a la extrema derecha siempre son tomadas por Viktor Orbán cuando su popularlidad desciende en las encuestas y para mitigar el ascenso del partido nazi Jobbik.

Gran Bretaña UKIP y James Cameron.

La misma táctica de asumir propuestas xenófobas para intentar paliar el ascenso de partidos más radicales es la que está asumiendo James Cameron en Gran Bretaña.

El pasado mes de mayo, UKIP, partido antieuropeo y muy beligerante con la inmigración, consiguió el 25% de los votos en las poblaciones donde se presentaba. Ese ascenso ha provocado que James Cameron se centre en su política contra la inmigración. La ministra de Interior, Theresa May, anunció un paquete de medidas para dificultar la estancia en el país de inmigrantes irregulares hasta hacerla insoportable. Una de las medidas es la de obligar a los británicos que alquilen una casa a un inmigrante de asegurarse de cuál es su situación en el país, ya que en caso de alquilar la vivienda a un inmigrante irregular serán multados. El mismo proceso ocurrirá cuando se trate de abrir una cuenta bancaria. Días antes de las elecciones que supusieron el imponente ascenso de UKIP, James Cameron pronunció un discurso en el que anunció que haría más difícil a los extranjeros el acceso a la sanidad, la vivienda pública o los subsidios por desempleo.

La última medida polémica fue la campaña de publicidad en la que unas camionetas circulaban por barrios de Londres con el lema “Go home or face arrest” («ve a casa o enfréntate al arresto»). Una campaña que finalmente ha sido retirada por la Advertising Standards Authority (ASA) por atentar contra la dignidad de las personas. La campaña fue criticada por la similitud con las pintadas racistas que surgieron durante las tensiones raciales de los años 70 en Londres.

Esa campaña de aceptación de la xenofobia empieza a afectar a miembros de la Unión Europea. También contra los españoles. El pasado mes de febrero una estudiante sevillana denunció haber sufrido un ataque xenófobo en un hospital de Suffolk por parte de una ciudadana británica que le acusaba de pedir caridad mientras esta última pagaba impuestos para que los extranjeros vivieran en su país.