El Gobierno legisla al dictado del lobby energético

“El statu quo basado en el dominio que en cada mercado nacional ejercían monopolios estatales o bien oligopolios sometidos a un fuerte control estatal está siendo sustituido por una estructura empresarial a escala europea sustentada en oligopolios –privados o públicos- cuyas actividades son escasamente reguladas por los poderes públicos nacionales o europeos».

Así advertían sobre las consecuencias de la liberalización del sector energético Enrique Palazuelos y María Jesús Vara en 2008, en su artículo Las reformas liberalizadoras en el Sector Energético de la UE, publicado en el número 18 de la Revista Economía Mundial. Además, señalaban a Endesa y Iberdrola como las dos grandes compañías que ya hace cinco años ejercían el control del sector, «con cierta presencia de otras menores (Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), cuyo control está pasando a grandes empresas de otros países».

Además de la plasmación del poder concentrado sobre el sector energético, sin apenas regulación por parte de los diferentes gobiernos, las diferentes asociaciones que pertenecen al ámbito de las energías renovables en España llevan denunciando desde hace años una política legislativa al dictado del lobby energético, liderado esencialmente por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).

Favor por favor

Ya en octubre de 2010, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, denunció que el déficit tarifario del sistema eléctrico estaba generado por las elevadas primas que recibían desde el sector de las renovables. También señaló que el incremento de coste que suponen la fotovoltaica y la termosolar “solo se puede solucionar subiendo precios o paralizando proyectos». También insistió en que es la energía solar, y no la eólica, la que genera este aumento del déficit. Hay que recordar que la línea de negocio de Iberdrola en las renovables se centra en la energía eólica.

Por otro lado, la compañía que preside Sánchez Galán recurrió el decreto gubernamental que pretendía incentivar el uso del carbón nacional por entender que se trataba de una ayuda de Estado no permitida en la Unión Europea, porque distorsionaba el mercado eléctrico y porque contradecía la política de lucha contra el cambio climático al primar una tecnología contaminante.

El 23 de diciembre de 2010, dos meses después de dichas declaraciones y tras una reunión de UNESA con el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastían, se promulgó el Real Decreto Ley 14/2010 por el que se recortaron 750 millones de euros en primas a las fotovoltaicas. Además, se aumentó en enero de 2011 un 10% el recibo de la luz y se titularizaron 2.000 millones de euros del déficit tarifario que el Tesoro colocó en el mercado.

A cambio, y a pesar de lo declarado por Sánchez Galán, Endesa, Iberdrola y Gas Natural retiraron el recurso interpuesto ante el Tribunal de Luxemburgo para evitar las ayudas al carbón, que se cifraron en 750 millones de euros, además de consentir el pago de un peaje por parte de las generadoras por el uso de las redes de distribución, cifrado en 143,6 millones de euros y la financiación de los planes de ahorro energético.

Moratoria, el segundo triunfo de UNESA

Un año después de este logro, en octubre de 2011, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acusó tanto al presidente de Iberdrola como al de UNESA, Eduardo Montes, de “confundir interesadamente a la opinión pública” sobre la energía solar, para defender sus propios intereses al abogar por una moratoria (aplazamiento del pago de una deuda vencida) para la energía solar.

Desde la UNEF acusaron tanto a Sánchez Galán como a Montes de culpabilizar a las energías renovables del déficit de tarifa cuando, en su opinión, era un “problema estructural del sistema eléctrico en su conjunto, que responde a la errónea decisión política de congelar el recibo de la luz durante años, mientras subía la inflación”.

El 27 de enero de 2012, apenas tres meses después de estas declaraciones, el Gobierno de Rajoy aprobó un Real Decreto Ley por el que suspendió “temporalmente“ las primas que le correspondía cobrar a las nuevas instalaciones de generación eléctrica renovable: eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración, hidráulicas y las que funcionan con residuos. Una medida que, según el ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria, se debía a la necesidad de “contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público». Esta justificación fue fuertemente criticada, ya que las primas de las renovables no salen de los Presupuestos Generales del Estado sino de las facturas de la luz.

La banca en el sector energético

La presencia de los grupos bancarios, tanto en el sector de las energías tradicionales como en el de las renovables, pueden ser una de las causas por las que el 69% de los políticos hayan reconocido recientemente que el lobby eléctrico es el más potente de España. Y es que, según un estudio elaborado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) a principios de este año sobre la composición de los consejos de administración y los informes de gobierno corporativo de las empresas del IBEX 35 y de algunas de las más utilizadas por los consumidores en sectores como la energía, la mayoría de las empresas que conforman UNESA están participadas por entidades financieras.

Por un lado, el presidente del Consejo de Administración de Endesa es Borja Prado, a la sazón, presidente de Mediobanca (banco de inversión italiano) y su vicepresidente es Fulvio Conti, consejero de Barclays. Además, el presidente de Ibercaja, Amado Franco, también preside el Consejo Asesor de ERZ- Endesa Aragón. Por su parte, La Caixa tiene el 35,274% de los derechos de voto de Gas Natural y Repsol (empresa en la que La Caixa tiene el 12% de las acciones) controla el 30,01%.

En Iberdrola, el Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, posee el 5,353% de sus derechos de voto y BBK (Kutxabank) el 5,31%. Ambas entidades financieras pueden impugnar acuerdos nulos y anulables y solicitar que se traten los temas que consideren oportunos en el orden del día. En su Consejo de Administración también está Fernando Becker, director de Recursos Corporativos y ex consejero de Argentaria (integrada en BBVA) y del Banco Europeo de Inversiones y José Sainz Armada, director Económico-Financiero y ex de Argentaria y BBVA.

Respecto a las energías renovables, en 2010 se supo que diferentes bancos y cajas españoles tenían expuestos en el negocio de las renovables más de 33.000 millones de euros. Un hecho que podría explicar por qué, desde las diferentes asociaciones del sector de la energía limpia, lamentaran que “los bancos se han quedado con las casas y ahora se van a tener que quedar con plantas solares y parques eólicos”. Y también explica por qué denunciaban que la quiebra en la seguridad jurídica introducida tras esta última propuesta de reforma en el sector era en realidad, “un proceso de expropiación encubierta» ya que, “quienes no puedan afrontar los gastos, deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financieras».

Puerta giratoria

Un cúmulo de casualidades y coincidencias que no termina aquí. El pasado mes de julio se supo que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó en la Fiscalía Anticorrupción alrededor de 100.000 firmas para pedir que se investigara la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las eléctricas, por si se hubiera incurrido en hechos constitutivos de delito tales como prevaricación o tráfico de influencias.

Una petición que no está exenta de justificación, si tenemos en cuenta que al menos 60 personas, entre altos cargos políticos o allegados a ellos, han pasado a formar parte de las empresas del sector eléctrico tradicional. Tal y como publicó Voz Populi en enero de este año, las empresas que más ex altos cargos políticos contrataron fueron Abengoa, Iberdrola, Endesa y la Red Eléctrica Española.

Entre estos expolíticos, además de los casos ya conocidos como el fichaje de Felipe González como consejero de Gas Natural (desde 2010) o José María Aznar como asesor de Endesa (desde 2011), se encuentran Ángel Acebes, exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas y exsecretario general del PP, a quien nombraron consejero externo de Iberdrola en 2012. Pero también Josep Borrell, antiguo presidente del Parlamento Europeo y Alberto Aza, antiguo jefe de la Casa Real, a quienes Abengoa contrató en 2009 y 2011 respectivamente. En el caso del ministro de Economía, Luis de Guindos, fue al contrario, ya que fue consejero de Endesa desde 2009 hasta que fue nombrado ministro.

Este, junto con el cúmulo de declaraciones por parte de las empresas del lobby eléctrico que después se transformaron en leyes, es el motivo fundamental por el que las diferentes asociaciones que pertenecen al sector de las energías renovables denuncien que se legisla al dictado de las grandes eléctricas. También explica que, en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, consideraran que el transvase de políticos a las grandes empresas del sector pudieran esconder tratos de favor hacia ellas y en perjuicio de las energías limpias.