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Imputados ocho de los mossos que redujeron al empresario fallecido en el Raval

La jueza acusa a los agentes de delitos contra la vida, la integridad moral y física, obstrucción a la justicia y coacciones

BARCELONA// La jueza que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez en el barrio del Raval de Barcelona ha imputado a ocho mossos d’Esquadra que el pasado 6 de octubre participaron en la reducción y detención de Benítez, que acabó falleciendo. La magistrada Eva Moltó los acusa de delitos contra la vida y la integridad moral y física (torturas), además de obstrucción a la justicia y coacciones, y los ha llamado a declarar el próximo 13 de noviembre.

El conseller de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, ha anunciado que el departamento ha suspendido cautelarmente de sus funciones a los policías imputados, que hasta este lunes seguían patrullando, si bien no aclarado si los agentes seguirán cobrando sus sueldos.

El auto de la juez se basa en el informe encargado a la Policía Nacional, que constata que los agentes propinaron puñetazos y patadas a Benítez cuando este ya se encontraba inmovilizado en el suelo. La magistrada ha archivado la imputación del hombre con el que la víctima tuvo una pelea previa a la detención, y considera que se trató de una trifulca de poca importancia que no causó daños a Benítez.

La versión de la jueza concuerda con la que relataban algunos de los vecinos que presenciaron la detención. Poco después de los hechos, la Agencia Catalana de Noticies (ACN) publicaba una entrevista con uno de ellos en los que aseguraba que la actuación de los policías se produjo sin que hubiera habido una agresión previa de Benítez a los mossos.

Según aseguraron varios vecinos, los policías les instaron a borrar los vídeos de los hechos que habían registrado con sus teléfonos móviles, y que acabaron filtrándose la prensa, lo que implicaría el delito de coacciones. Esta versión la han corroborado ante la magistrada, que ha tomado declaración a varios testigos.

Versión policial

La jueza incluye el delito de obstrucción a la justicia al considerar que los mossos podrían haber falseado el atestado que escribieron de los hechos. La policía catalana aseguraba el día siguiente a la detención y muerte del empresario que este había herido a dos agentes y que perdió el conocimiento él solo después de ser esposado. Según la autopsia, el empresario de la zona barcelonesa conocida como Gayxample, de 50 años de edad, murió a causa de múltiples contusiones en la zona “cráneo-facial”.

El conseller de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, acompañado por el director de la policía catalana, Manel Prat, y el jefe policial Josep Lluís Trapero, había calificado el jueves pasado de “claramente erróneo” el informe de la Policía Nacional que aseguraba, entre otras cosas, que uno de los agentes propinó hasta cinco puñetazos en la cabeza del detenido, y retó al cuerpo policial del Estado a demostrarlo.

Espadaler aseguró que «no hay pruebas de que se haya traspasado una línea roja» y justificó que los agentes no hubiesen sido apartados de su función y continuasen trabajando: «No hay que actuar a golpe de titular periodístico. No alargaremos el calendario, pero no nos queremos precipitar», declaró el conseller, que apuntó que en el caso de que se demostrase que los policías habían incurrido en una “mala praxis” se adoptarían medidas disciplinarias. “No actuaremos hasta tener certezas”, insistió.

Las certezas de las que hablaba Espadaler parecen haber llegado este lunes con la imputación de los policías. «Éramos conscientes de que la jueza tenía más información que nosotros. Si llega a la conclusión que debe imputarlos, actuamos en consecuencia», ha declarado el conseller, que ha señalado que «los delitos que se les imputan son graves».

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